El abogado Miguel Paz advirtió sobre el alarmante crecimiento de la morosidad familiar en la provincia, potenciado por tasas de interés abusivas que llegan al 1300% en billeteras virtuales. Frente al hostigamiento constante y las deudas contraídas para poder comer, proponen una ley provincial de reestructuración de pasivos con mediación estatal gratuita.
Imagen creada con inteligencia artificial.
En medio de la creciente crisis de endeudamiento y mora que asfixia a miles de familias tucumanas y la repercusión de los reclamos de la Iglesia por regular las deudas abusivas, Miguel Paz, abogado y referente de la Unión de Usuarios y Consumidores, conversó con Ana Pedraza y Gabriel Sanzano en el aire de FM La Tucumana 95.9.
El especialista cuestionó con dureza el posicionamiento del Gobierno nacional, que enmarca estas deudas como una simple transacción entre privados. En respuesta a esa visión, Paz remarcó que las relaciones financieras entre las grandes firmas y los consumidores finales son profundamente asimétricas y que de allí nace la necesidad del amparo del derecho del consumidor, hoy vulnerado por un vacío regulatorio que arrastra a las familias a una insolvencia absoluta.
El especialista detalló que, mientras los trabajadores formales cuentan con una legislación de la década de 1970 que limita el embargo de sus sueldos a un máximo del 30%, los trabajadores informales carecen por completo de este resguardo. Para Paz, el análisis del endeudamiento debe partir desde la responsabilidad del prestamista en realizar una evaluación crediticia responsable, en lugar de focalizarse únicamente en el cobro posterior de la mora. En este sentido, denunció el rol de las fintech y billeteras virtuales, que facilitan el acceso inmediato a dinero rápido pero aplican tasas de interés móviles y usurarias que funcionan como una bola de nieve imparable. "Hemos detectado de hasta 1300% el porcentaje de interés que se llega a establecer, pero también hemos detectado que le cobran de acuerdo a la cara del consumidor; es una cifra móvil", alertó el abogado, señalando que la falta de reglas claras por parte del Banco Central y el Ministerio de Economía genera que el financiamiento sea exponencialmente más costoso para quienes se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad.
Esta asfixiante realidad de las deudas familiares ha cambiado por completo el perfil tradicional del deudor en Tucumán. Históricamente, el endeudamiento extremo afectaba sobre todo a jubilados y pensionados que recurrían a mutuales o financieras de barrio y que luego eran auxiliados por sus hijos. Hoy, en cambio, la crisis golpea de forma transversal y directa a la supervivencia familiar básica. "Hoy los hijos ya no tenemos para auxiliar a los viejos. Y no solamente no tenés para auxiliar a tus viejos, sino que tampoco tenés para garantizarle la olla a tus hijos y cubrir mínimamente tus obligaciones", describió Paz con preocupación, señalando que muchas personas se ven obligadas a tarjetear no para adquirir bienes durables o lujos, sino para costear la comida diaria o los servicios públicos de luz y agua. El letrado advirtió que la situación ha escalado a tal punto que el Banco Central ya registra una enorme cantidad de deudores en el nivel cinco, catalogados como "incobrables", lo que desemboca en juicios ejecutivos desesperantes que consumen cualquier ingreso legal de los afectados.
Ante la desesperación por cobrar, los acreedores han recurrido a métodos de hostigamiento y persecución que rozan la ilegalidad y configuran conductas vejatorias prohibidas por la Constitución Nacional. Paz expuso el drama diario de los deudores que sufren "escraches" públicos en redes sociales como Facebook o que reciben constantes llamadas intimidatorias que salpican a todo su entorno laboral y afectivo. "Te llaman al laburo, llaman a tu jefe, empiezan a llamarte no solo a vos a cualquier hora del día sino a tu familiar, a tu compañero de trabajo, a tu jefe o allegados", enumeró, subrayando que incluso se han registrado casos de prestamistas informales que, ante la imposibilidad de cobro de tasas usurarias, recurren a la violencia física y a las amenazas directas. Este agobio ha llevado a familias enteras a la desesperación extrema, provocando que los alumnos tengan que abandonar los colegios privados porque sus padres no pueden pagar las cuotas o, en situaciones límite, empujando a deudores a tomar decisiones drásticas y quitarse la vida.
Para brindar una salida institucional a esta problemática urgente que satura el acceso tradicional a la justicia ordinaria por cuestiones de costos, la Unión de Usuarios y Consumidores presentó un proyecto de ley al vicegobernador de la provincia, Miguel Acevedo. La iniciativa busca crear un procedimiento administrativo gratuito a través de la Dirección de Comercio Interior para que los deudores puedan reestructurar de manera integral sus pasivos con intermediación estatal. "Lo que busca no es desconocer la deuda sino estructurarla y darle una oportunidad al consumidor de poder pagar. Bajemos las tasas, bajemos los intereses punitorios, reestructuremos los plazos y pongamos en claro esta situación porque la gente quiere pagar", detalló el abogado. Paz aclaró que el proyecto contempla el fortalecimiento del deber de información y el trato digno, y remarcó que su implementación no representará costo alguno para el presupuesto tucumano, ya que puede financiarse con el 50% de las multas recaudadas por la Dirección de Comercio Interior, cuyo destino por ley debe ser la educación y ayuda al consumidor.
Finalmente, para quienes necesiten asesoramiento gratuito ante el hostigamiento financiero, Paz recordó que pueden contactar a la asociación a través de redes sociales bajo el nombre de "La Unión Tucumán".