La Unidad Fiscal de Homicidios I formalizó la acusación contra el principal sospechoso por el asesinato de la joven de 25 años. Prorrogaron por dos meses la prisión preventiva de "Chicho" Díaz, imputado por encubrimiento, mientras las pericias de material genético aportan evidencias contundentes sobre lo ocurrido en la escena del crimen.
Militar Sosa. Foto ministerio Público Fiscal.-
La investigación judicial por el femicidio de Érika Antonella Álvarez (25), la estudiante de enfermería cuyo cuerpo fue hallado el pasado 8 de enero en un basural de Manantial Sur, dio un paso decisivo hacia el debate oral y público. La Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, bajo la dirección de Pedro Gallo y representada por la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma, presentó formalmente el requerimiento de apertura al juicio. La acusación señala a Felipe "El Militar" Sosa (50) como autor del femicidio, mientras que Justina Gordillo (48) y Jorge Orlando “Chicho” Díaz (41) enfrentan cargos como encubridores.
En una audiencia celebrada este jueves 27 de agosto, la Justicia dispuso prorrogar por dos meses la prisión preventiva de Díaz, quien continuará alojado en la unidad penitenciaria de Benjamín Paz. A pesar de que su defensa solicitó el arresto domiciliario, el juez convalidó el planteo de la Fiscalía ante la vigencia de los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento en esta etapa crítica del proceso. Para Díaz, el Ministerio Público Fiscal adelantó que solicitará una condena de seis años de prisión efectiva, la pena máxima prevista para el delito de encubrimiento por favorecimiento personal y real. Cabe destacar que un cuarto implicado, Nicolás Navarro Flores (37), ya fue condenado el pasado 29 de julio a tres años de prisión efectiva mediante un juicio abreviado.
Entre las pruebas más contundentes incorporadas recientemente al expediente se destacan los resultados de los estudios de ADN. La auxiliar de fiscal detalló que las pericias científicas detectaron una superposición del perfil genético de Felipe Sosa y de Érika Álvarez en las muestras tomadas tanto en la parte interna como externa de la bolsa de consorcio que cubría el cuerpo de la víctima.
Asimismo, los peritos identificaron material genético de ambos sobre la cinta adhesiva que Sosa habría utilizado para cubrir la cabeza de la joven, lo que compromete de manera directa la situación procesal del principal imputado.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal reconstruye detalladamente la secuencia ocurrida entre el 7 y el 8 de enero de 2026. El ataque se habría perpetrado en el domicilio de Sosa, ubicado en calle Santo Domingo 1100, en Yerba Buena. Valiéndose de una relación asimétrica de poder y sometimiento en razón de la vulnerabilidad de la víctima, Sosa golpeó violentamente a la joven, causándole la muerte por un traumatismo cráneo-facial y cervical.
El cuerpo de Érika fue hallado al día siguiente por un recolector de residuos en el barrio Manantial Sur; estaba envuelto en bolsas negras, atado con nudos de estilo militar y presentaba la mandíbula dislocada. El último mensaje de la joven se había emitido precisamente desde Yerba Buena, la zona residencial de Sosa.
Pocas horas después del crimen, se habría activado la red de encubrimiento. A las 15:17 del 7 de enero, "Chicho" Díaz arribó a la vivienda de Sosa en una camioneta Chevrolet S10 negra con el logo de la empresa "Mundo Limpio". Su rol consistió en limpiar la escena, eliminar huellas y hacer desaparecer el celular de Érika. Más tarde, a las 17:10, se retiró llevando consigo un arsenal de armas provisto por Sosa para eludir la acción de la Justicia, compuesto por una pistola Glock calibre 40, una escopeta calibre 12 y municiones. Por su parte, la imputada Justina Gordillo enfrenta cargos agravados por actuar con ánimo de lucro y por valerse de su condición de funcionaria pública.
La sombra del narcotráfico y una libertad inexplicable
Ocho días después del hallazgo del cuerpo, Sosa fue capturado por la Policía Federal en un country de la localidad de Pilar, Buenos Aires, cuando intentaba fugarse con su pasaporte tras haber adquirido una motocicleta de alta gama valuada en 50 millones de pesos en efectivo. Desde el inicio del caso, la querella ha denunciado públicamente los vínculos de Sosa con el narcotráfico y con sectores del poder político y judicial.
De hecho, los antecedentes de "El Militar" exponen una alarmante contradicción en el fuero federal. En junio de 2023, la policía desbarató un invernadero de marihuana a escala industrial en una propiedad de Yerba Buena vinculada a Sosa, donde se secuestraron 162 plantas, prensas hidráulicas y tabletas compactadas de cannabis. Sin embargo, el 10 de abril de 2025, el juez federal José Manuel Díaz Vélez firmó un polémico fallo que lo sobreseyó argumentando que no se demostraba "finalidad lucrativa", restituyéndole todo el equipamiento industrial.
Aunque la Cámara Federal de Tucumán terminó revocando aquel sobreseimiento y ordenando su procesamiento el 17 de marzo de 2026, la resolución llegó demasiado tarde. Si la Justicia Federal hubiese aplicado oportunamente los mismos criterios penales con los que mantiene detenidos a otros ciudadanos por infracciones menores, Sosa habría estado en prisión el día en que Érika Álvarez fue asesinada.