Gastón García Zavalía denunció judicialmente al presidente de La Libertad Avanza Tucumán y al diputado Gerardo Huesen por intimidaciones verbales durante la cena anual de la fundación en Yerba Buena. El hecho se suma a la denuncia por presunto fraude electoral y domicilios falsos que sacude a la conducción libertaria.
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El dirigente libertario Gastón García Zavalía, denunció penalmente al presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, por presuntas amenazas verbales. Según el parte policial labrado en la Comisaría de Yerba Buena, los hechos se desencadenaron en horas de la madrugada durante la reunión anual que realiza la organización sin fines de lucro Banco de Alimentos Tucumán. "Casi cobran Catalán y Heredia anoche en Las Cañas", contó un testigo que participó del encuentro. El caso ya se encuentra bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana.
De acuerdo con la presentación efectuada por el denunciante, de 57 años de edad, el incidente ocurrió aproximadamente a las 00:45 de este viernes 21 de agosto de 2026 en la fiesta organizada por el Banco de Alimentos, en predio ubicado en Avenida Perón y calle Las Rosas, en la ciudad de Yerba Buena. García Zavalía relató que se encontraba en el lugar para participar de una reunión habitual cuando Catalán se hizo presente, se dirigió hacia él y le manifestó textualmente que “ya iba a ver lo que me iba a pasar”. El asambleísta, quien se desempeña en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial tucumano, atribuyó estas expresiones intimidatorias a su participación y disidencias dentro de la mesa política de LLA.
Al intentar pedir explicaciones a Catalán sobre el motivo de sus advertencias, García Zavalía detalló que intervinieron el diputado nacional Gerardo Huesen y el dirigente Gonzalo Heredia, también integrantes de la mesa partidaria. Ambos dirigentes habrían respaldado la actitud de Catalán con frases directas hacia el denunciante: “Vos trabajás en el Poder Judicial, pero no sos nadie”, para luego insistir con que "ya iba a ver lo que le iba a pasar". Si bien el denunciante dejó expresa constancia de que no existieron agresiones físicas, manifestó que las advertencias verbales le generaron una honda preocupación y temor por su integridad física y laboral. De acuerdo a la denunciante, el legislador provincial José Selemen estuvo presente en el lugar y podría ser convocado para aportar información sobre lo sucedido en carácter de testigo. Las actuaciones policiales fueron supervisadas por las máximas autoridades de la Unidad Regional Norte (URN) y de la Zona II.
Una fractura política que arrastra meses de disputa
Este violento cruce no representa un hecho aislado, sino que es el emergente de una ruptura política que lleva su tiempo. En abril de 2026, García Zavalía formalizó su salida de la conducción de La Libertad Avanza en Tucumán y anunció la creación de una línea interna denominada “Compromiso y Libertad”. En aquel momento, el procurador argumentó que se veía obligado a tomar esa determinación ante lo que consideró una "deriva sectaria y excluyente" por parte de Catalán, a quien acusó de convertir el armado electoral en un "círculo cerrado de amigos" orientado a desplazar sistemáticamente a quienes no se subordinaran a sus directivas.
Aunque el asambleísta ratificó su alineamiento incondicional con el presidente de la Nación, Javier Milei, y con el rumbo socioeconómico del gobierno nacional, marcó severas discrepancias con el "verticalismo rancio" de la conducción provincial, a la que llegó a comparar con el "autoritarismo peronista". En sus declaraciones públicas, García Zavalía fustigó a Catalán por administrar la fuerza política "como si fuese su propia estancia o como si fuese un club". Asimismo, cuestionó la extrema dependencia de la estructura local de las redes sociales en detrimento de la militancia territorial en los barrios de la provincia, alertando además sobre el desplazamiento injustificado de figuras fundadoras del espacio en Tucumán, como fue el caso de José Macome. Bajo esta lógica de confrontación, García Zavalía llegó a señalar que Catalán actuaba convencido de detentar "más poder que el presidente de la Nación en Tucumán".
La denuncia por amenazas verbales se entrelaza de manera directa con otro grave revés judicial que enfrenta Catalán. Apenas dos días antes de este incidente, el 19 de agosto de 2026, el concejal de Yerba Buena, Mauricio Argiró, ratificó ante la Justicia Federal una denuncia de índole electoral y penal contra Lisandro Catalán y el diputado nacional Federico Pelli. La acusación central apunta a que ambos funcionarios cometieron delitos de falsedad ideológica de instrumento público, uso de documento falso, inserción ilegítima de datos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación al Código Electoral Nacional.
El concejal Argiró sostiene que Catalán y Pelli falsearon intencionalmente sus domicilios reales con el objeto de fabricar una "apariencia de pertenencia territorial" que les permita sortear el requisito constitucional de dos años de residencia inmediata para competir como candidatos a gobernador e intendente en los comicios provinciales de mayo de 2027. En detalle, la denuncia presentada señala que Catalán declaró como su vivienda un inmueble ubicado en la calle Italia 757, dirección que en realidad corresponde a la sede oficial del partido LLA en Tucumán, mientras que su residencia real se localiza en la provincia de Buenos Aires, alternando entre los partidos de San Miguel y San Martín. Por su parte, el diputado Pelli inscribió un domicilio ficticio en Avenida Aconquija 1526, correspondiente a una galería comercial donde no existen viviendas, mientras mantiene su residencia habitual en un barrio cerrado de Cebil Redondo.
La causa por fraude electoral también promueve una investigación sobre una presunta facilitación funcional por parte del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), debido a que los polémicos cambios de domicilio habrían sido tramitados de manera excepcional y veloz a través de la sede central de San Miguel de Tucumán, eludiendo los canales corrientes. En el caso del legislador Pelli, la denuncia documentó modificaciones sucesivas de domicilio en un lapso inferior a las 72 horas durante el mes de julio de 2026. Debido a la gravedad institucional de los hechos, las penas imputadas podrían oscilar entre uno y ocho años de prisión, a lo que se sumaría un pedido de inhabilitación especial para el ejercicio de derechos políticos de hasta diez años.
El concejal Argiró vinculó directamente estas maniobras irregulares de la conducción libertaria con una estrategia coordinada con el oficialismo tucumano. De acuerdo con sus declaraciones, Catalán sostendría un acuerdo oculto con el gobernador Osvaldo Jaldo con el propósito deliberado de fragmentar el arco opositor y presentar candidaturas oficiales de "baja intensidad". El propio García Zavalía ya había manifestado públicamente sus serias dudas sobre la voluntad real del partido para combatir el modelo provincial de Jaldo.