El concejal de Yerba Buena brindó detalles de la presentación realizada ante la Justicia Federal por presunta adulteración de domicilios con fines electorales. El edil denunció que el diputado nacional Federico Pelli y el funcionario nacional Lisandro Catalán habrían incurrido en falsedad ideológica y abuso de autoridad, señalando que las penas podrían alcanzar los ocho años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Foto: fanpage de Lisandro Catalán en Facebook.
El concejal de Yerba Buena, Mauricio Argiró dialogó con Ana Pedraza y Gabriel Sanzano en La Tucumana de Mañana, por FM La Tucumana 95.9. Durante la entrevista, el edil explicó los alcances de la denuncia penal formulada contra Lisandro Catalán y Federico Pelli por presuntas maniobras para crear una "apariencia de pertenencia territorial" de cara a las elecciones de 2027. Respecto a los fundamentos de la acción legal, Argiró manifestó: "Nosotros con mi equipo hicimos una denuncia contra Lisandro Catalán y contra Federico Pelli porque entendemos que ellos habrían cometido delitos que tienen que ver con el índole electoral por violación del Código Electoral de la Nación y también que habrían incurrido en delitos que tienen que ver con el abuso de autoridad y el incumplimiento de deberes de funcionario público".
La acusación central se basa en la supuesta falsificación de los domicilios reales para eludir los requisitos de residencia que exige la ley para las candidaturas a intendente y gobernador. Argiró detalló las irregularidades detectadas en ambos casos: "Principalmente es falsear el domicilio con fines electorales, tanto como elector como posible maniobra para acceder a una candidatura, violando las normativas que exigen la residencia efectiva de dos años. Entendemos que Catalán no vive en Tucumán, vive en San Miguel, pero en San Miguel provincia de Buenos Aires; y Federico Pelli vive en el complejo habitacional Alto Verde II, que está situado en la comuna rural de Cebil Redondo". El concejal subrayó que, en el caso de Pelli, se declaró un domicilio en Yerba Buena que corresponde a una galería comercial en Avenida Aconquija 1526, donde no existen unidades habitacionales.
Sobre la gravedad de los hechos, el concejal advirtió que la condición de funcionarios públicos de los denunciados agrava la situación legal. "Esto se agrava por el hecho de que son funcionarios públicos. Las penas agravadas van de uno a ocho años de prisión, más la inhabilitación para el cumplimiento de cargos públicos", sentenció Argiró. Asimismo, señaló que el diputado Pelli podría enfrentar un pedido de desafuero en la Cámara de Diputados para ser sometido a proceso sin privilegios legales. Para el edil, se trata de una cuestión de "gravedad institucional" que contradice los valores de cambio que pregona su espacio político: "No es una cuestión meramente política; flaco favor le hace al presidente de la Nación y al partido de La Libertad Avanza con este tipo de actitudes".
Finalmente, Argiró vinculó estas maniobras con una estrategia política acordada con el gobierno de la provincia para fragmentar a la oposición. "Estoy convencido de que Catalán tiene un acuerdo con el oficialismo provincial para llevar a la oposición dividida. Él es el que viene a partir acá la oposición para serle funcional a Jaldo", afirmó el concejal, citando informes periodísticos que califican a estos postulantes como candidatos de "baja intensidad".. Por último, aclaró que, aunque intentaran regularizar su situación hoy, ya no cumplirían con los tiempos legales de residencia inmediata para competir en mayo de 2027.
La denuncia de Argiró a los referentes de La Libertad Avanza:
- Se imputan delitos de falsedad ideológica de instrumento público, uso de documento falso, inserción ilegítima de datos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación al Código Electoral Nacional.
- Caso Federico Pelli: El escrito señala que el diputado realizó cambios de domicilio sucesivos en menos de 72 horas en julio de 2026. El último domicilio declarado es Av. Aconquija 1526, un inmueble de uso comercial donde el propio Pelli habría reconocido que no vive, manteniendo su residencia efectiva en un barrio privado de Cebil Redondo.
- Caso Lisandro Catalán: La denuncia sostiene que el funcionario nacional declaró como domicilio personal la calle Italia 757, dirección que funciona como sede partidaria de La Libertad Avanza. Sin embargo, se aporta información de que su residencia habitual se encuentra en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires.
- Presunta facilitación funcional: Se solicita investigar si los trámites fueron canalizados de forma excepcional a través de la sede central del RENAPER en San Miguel de Tucumán, evadiendo la delegación correspondiente a los domicilios declarados, lo que podría implicar un abuso de autoridad.
- Medidas solicitadas: Argiró pidió la preservación urgente de registros informáticos del RENAPER, informes de vuelos a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, registros de celdas de telefonía móvil y constataciones judiciales en los inmuebles mencionados.
- Penas y sanciones: Además de las penas de prisión previstas en el Código Penal, la denuncia solicita la inhabilitación accesoria para el ejercicio de derechos políticos por un plazo de hasta diez años.