La pérdida del poder adquisitivo del salario es hoy la principal preocupación de los hogares argentinos. Un sondeo reveló que al 61% de los encuestados el dinero le alcanza como máximo 20 días al mes.
El salario volvió a quedar en el centro de la preocupación económica de los hogares argentinos: 61% de los encuestados afirmó que su dinero alcanza como máximo hasta el día 20 del mes, según un informe publicado este domingo por Ámbito Financiero. El dato muestra cómo la pérdida de poder adquisitivo se trasladó a la vida cotidiana porque una parte cada vez mayor de los ingresos se consume en gastos habituales antes de que termine el mes.
El relevamiento realizado por la consultora Zentrix no implica necesariamente que esos hogares se queden sin ingresos de manera absoluta, sino que el sueldo disponible para afrontar gastos corrientes se agota antes del cierre mensual. A ese grupo se suma otro 24,3% que logra llegar a fin de mes, pero sin margen para ahorrar. Apenas 13% de los consultados afirmó que puede cubrir sus gastos y guardar una parte de sus ingresos.
La percepción sobre el deterioro también es contundente. Según el mismo estudio, 86,1% de los argentinos considera que su salario no le gana a la inflación, una señal de la presión que todavía sienten las familias sobre su presupuesto, más allá de la evolución mensual de los precios.
La situación de los hogares se explica por una dinámica que combina aumentos nominales de salarios con una recomposición incompleta del poder de compra. En mayo de 2026, los precios subieron 2,1% respecto de abril, de acuerdo con los datos oficiales del INDEC. En el mismo período, los salarios privados registrados avanzaron 2%, los ingresos de empleados públicos nacionales crecieron 1,9% y los salarios públicos provinciales aumentaron 1,4%.
La diferencia parece menor cuando se observa un solo mes, pero se vuelve más significativa al mirar períodos más largos. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el salario real del sector privado registrado cayó 2,9%. En el caso de los empleados públicos nacionales, el retroceso interanual llegó al 7,3%, mientras que entre los provinciales fue de 3,2%.
La comparación con noviembre de 2023 expone una brecha todavía mayor. Desde entonces, el salario real de los empleados públicos nacionales se encuentra 36,5% por debajo de aquel nivel. En los trabajadores públicos provinciales, la caída es de 9,8%, y entre los privados registrados alcanza el 3,6%.
El deterioro del ingreso real reduce el margen disponible para gastos no esenciales, ahorro o imprevistos. Por eso, el dato de Zentrix aparece como una foto concreta del problema: para una mayoría de hogares, el mes financiero termina antes que el calendario. "Lo más común que vemos es adelantos de sueldo. Es muy difícil medirlo, pero a mitad de mes muchos trabajadores piden adelantos", comentó sobre la situación Salvador Femenía, vocero de CAME.
Quiénes perdieron más poder adquisitivo
Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), elaboró un análisis sobre la base del Índice de Salarios del INDEC para medir la evolución del poder adquisitivo desde 2017 hasta febrero de 2026.
El resultado muestra que la pérdida acumulada fue más fuerte entre los empleados públicos que entre los trabajadores privados formales. Para un trabajador privado registrado, el retroceso equivalió a 16,2 salarios mensuales medidos según el poder de compra de 2017. En el caso del empleado público promedio, la pérdida acumulada llegó a 21,8 salarios.
La cifra no significa que los trabajadores hayan dejado de cobrar esa cantidad de sueldos, sino que representa el ingreso resignado en términos reales durante los 98 meses analizados. En otras palabras, los privados formales perdieron un equivalente aproximado a un año y cuatro meses de ingresos, mientras que los públicos resignaron casi dos años de salario real.
La diferencia también se observa dentro del propio sector público. Los empleados nacionales fueron los más golpeados desde noviembre de 2023, con una caída real de 36,5%. Ese retroceso se produjo en paralelo con una reducción de la dotación estatal.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre diciembre de 2023 y junio de 2026 la cantidad de trabajadores públicos nacionales cayó en 71.661 puestos, una baja del 21% frente al inicio de la gestión de Javier Milei, presidente de la Nación.
La presión sobre el salario no solo impacta en el consumo. También modifica las decisiones laborales. Según datos de la consultora Delfos citados en el informe, 43% de los argentinos está buscando trabajo. El punto relevante es que una parte importante de ese grupo ya tiene una ocupación y busca sumar otra fuente de ingresos porque su remuneración actual no alcanza. La búsqueda laboral, en esos casos, no responde necesariamente al desempleo, sino a la necesidad de complementar el sueldo.
El mismo relevamiento de Delfos mostró que en abril de 2026 el 52% de los argentinos dijo que no llega a fin de mes, el nivel más alto de la serie medida por la consultora. Otro 31% aseguró que llega “con lo justo”, por lo que 83% de los encuestados atraviesa algún grado de tensión económica. Solo 17% consigue cubrir sus gastos y ahorrar.
Aunque los datos de Zentrix y Delfos provienen de estudios diferentes y no son directamente comparables, ambos apuntan al mismo fenómeno: el ingreso de los hogares tiene cada vez menos margen después de cubrir los gastos básicos.
El impacto no es igual en todas las provincias
La pérdida de poder adquisitivo también tiene efectos distintos según la estructura laboral de cada provincia. Un análisis de Fundación Mediterránea muestra que algunas jurisdicciones dependen más del empleo público y otras tienen mayor peso del sector privado formal. Ese dato es relevante porque una caída sostenida de los ingresos estatales puede afectar de manera más intensa al consumo local en provincias donde el Estado tiene mayor participación como empleador.
Tierra del Fuego aparece entre las jurisdicciones con mayor presencia de empleo público provincial, con alrededor de 141 trabajadores estatales cada 1.000 habitantes. Córdoba se ubica en el extremo opuesto, con unos 33 empleados públicos provinciales cada 1.000 habitantes. También presentan una participación elevada provincias como Santa Cruz y Neuquén.
En cambio, la Ciudad de Buenos Aires tiene una estructura diferente, con cerca de 519 trabajadores privados formales cada 1.000 habitantes. Sin embargo, Fundación Mediterránea advierte que una parte importante de esos trabajadores reside en el Gran Buenos Aires y se traslada diariamente hacia la capital, por lo que el dato requiere una lectura particular.
El mercado laboral privado también atravesó cambios durante el último año. Según el análisis citado, cerca de 100.000 asalariados privados registrados perdieron su empleo, mientras crecieron modalidades como el monotributo, con más de 90.000 nuevos registros, y el trabajo no registrado. Estos movimientos modifican la composición del mercado laboral y pueden afectar la estabilidad de los ingresos. Para los hogares, la combinación de menor poder de compra, mayor informalidad y búsqueda de empleos adicionales se traduce en más restricciones para planificar gastos.
Cuando el sueldo se agota antes de fin de mes, las decisiones de consumo cambian: se postergan compras, se reducen gastos no esenciales, se limitan salidas, se recurre a financiamiento o se busca una segunda fuente de ingresos.
La desaceleración de la inflación, por sí sola, no alcanza para revertir ese escenario si los salarios no recuperan el terreno perdido. En 2026, el desafío para los trabajadores no es únicamente conseguir aumentos nominales, sino recuperar un nivel de ingreso que permita volver a llegar a fin de mes con margen para ahorrar.