En una sesión marcada por las fuertes concesiones a la oposición aliada, el oficialismo debió retirar los cambios a las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego para evitar un nuevo fracaso. Con 37 votos a favor y 33 en contra, el texto impulsado por Sturzenegger pasa a Diputados en una versión sensiblemente recortada.
Foto X/Senado de la Nación.-
La quinta fue, finalmente, la vencida para el Gobierno en el Senado. Sin embargo, el triunfo dejó un sabor amargo en las filas de La Libertad Avanza. Tras meses de parálisis y cuatro intentos fallidos de llevar el tema al recinto, la Cámara Alta dio media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero lo hizo a costa de desmantelar los pilares más ambiciosos de la iniciativa original ideada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Para alcanzar la mayoría de 37 votos, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, tuvo que protagonizar una dura negociación que evidenció fisuras incluso con los equipos técnicos del Ejecutivo. El resultado es una versión "raquítica" de la ley, que perdió en el camino el capítulo que buscaba eliminar el límite del 15% a la venta de tierras rurales a extranjeros, un punto que generaba un rechazo infranqueable entre los senadores aliados.
El derrotero del proyecto en las comisiones —donde sufrió más de 16 modificaciones desde mayo— anticipaba un desenlace complejo. Durante la sesión de este jueves, que se retomó tras un cuarto intermedio iniciado el 16 de julio por falta de acuerdos, el oficialismo también se vio obligado a dar de baja las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego para blindar la votación y evitar que el texto regresara a comisión, tal como exigía el peronismo.
Lo que quedó en pie
A pesar de los recortes, el Gobierno logró salvar tres ejes centrales: cambios en el régimen de desalojos, nuevas pautas para expropiaciones y la modernización del registro de propiedad.
En cuanto a los desalojos, se modifica el Código Civil y Comercial para agilizar el proceso. La nueva norma permite que cualquier sujeto que invoque un "derecho o interés legítimo afectado" pueda solicitar la medida, habilitando al juez a disponer la entrega inmediata del inmueble si considera que el derecho invocado es "verosímil". No obstante, se incluyó una salvaguarda social: en casos donde el desalojo afecte a menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, se deberán garantizar hasta 10 días para ofrecer una solución habitacional.
Respecto a las expropiaciones, el texto aprobado establece que la "utilidad pública" debe ser de interpretación restrictiva y reconoce el pago de lucro cesante cuando sea una consecuencia directa del proceso. Además, se fijó un límite estricto de 90 días para las ocupaciones temporáneas anormales.
Finalmente, el proyecto contempla la creación del Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble. Este organismo administrará una "Ventanilla Única Federal Inmobiliaria", diseñada para centralizar el pago de tasas y la tramitación de informes y certificados de todo el país en un solo entorno digital. Con este esquema diezmado, el proyecto ahora se traslada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará ratificar lo obtenido en una pulseada que terminó siendo mucho más costosa de lo previsto.