Con pérdidas que alcanzan los 3 millones de dólares diarios, el Gobierno nacional amenaza con denuncias penales e inhabilitaciones de por vida a los especialistas que rechazan la desregulación del servicio impuesta por Federico Sturzenegger. El conflicto ya afecta desde la exportación de granos hasta proyectos estratégicos como Vaca Muerta.
Imagen de Página12/AFP.-
La firma del Decreto 690/2026, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, ha provocado una parálisis total en los principales puertos de la Argentina. La medida, que busca desregular el servicio de practicaje y pilotaje, desató un paro por tiempo indeterminado de los 450 peritos navales encargados de guiar las embarcaciones de gran porte por los ríos e hidrovías. Según estimaciones oficiales, la medida de fuerza genera una pérdida económica que oscila entre los 2 y 3 millones de dólares por día.
El decreto en cuestión elimina la obligatoriedad de contratar prácticos para ciertas embarcaciones, quita los topes a las escalas salariales y flexibiliza los requisitos de seguridad y traslado de estos profesionales. Sturzenegger justificó la reforma calificando la actividad como un "kiosco regulatorio" con costos "exorbitantes", asegurando que el país necesita que sus ríos sean una "autopista para el desarrollo". No obstante, desde el sector de los prácticos advirtieron que, si el Gobierno no da marcha atrás, el conflicto "va a escalar".
Las consecuencias del cese de actividades son inmediatas y severas. Actualmente, hay entre 140 y 160 buques inmovilizados con cargas de granos, insumos energéticos y mercaderías generales. En Neuquén, el impacto llegó hasta el proyecto Vaca Muerta Oil Sur, cuya terminal offshore permanece paralizada frente a las costas de Bahía Blanca al no poder realizar las maniobras de construcción previstas.
Fernando Morales, presidente de la Liga Naval Argentina, tildó de "mentiras" los argumentos oficiales y advirtió que la flexibilización de la tarea aumenta drásticamente los riesgos de colisión y derrames en las vías navegables. Morales aclaró que los honorarios de los prácticos, que rondan los 15 mil a 20 mil dólares por maniobra, no representan un gasto para el Estado, ya que son abonados por las empresas navieras, en su mayoría extranjeras.
La respuesta del Ejecutivo ha sido la confrontación directa. A través de la Prefectura Naval Argentina (PNA), se intimó a los profesionales a retomar sus tareas bajo amenaza de sumarios administrativos, denuncias penales con penas de hasta ocho años de prisión e inhabilitaciones de por vida. Fuentes oficiales confirmaron que, ante la falta de acuerdo, evalúan reemplazar a los especialistas locales con baqueanos e incluso con "baqueanos paraguayos" para evitar que los buques se desvíen hacia puertos del exterior.
El conflicto también tiene un trasfondo geopolítico. Se supo que los prácticos mantenían un rechazo silencioso a la desregulación del cabotaje, argumentando que la apertura del sector solo podría ser aprovechada por China. Esta postura les valió el respaldo de la Embajada de Estados Unidos, que habría manifestado su disconformidad con el proyecto oficial y realizado gestiones para frenarlo o introducir modificaciones.
Mientras tanto, en el sector privado las posiciones son divididas. La cámara pesquera Capear-Alfa manifestó su respaldo al nuevo régimen de practicaje, aunque exigió al Gobierno que asuma la responsabilidad de sostener la operación portuaria ante los daños que el conflicto está ocasionando a la actividad.