El recinto abrió sus puertas desde las 9 de la mañana en el marco del período de sesiones extraordinarias. El temario incluye convenios de obras pluviales para la Capital y la creación de un sistema provincial de alerta temprana ante riesgos de inundaciones. Seguí la sesión en vivo.
Foto Legislatura.-
En una sesión extraordinaria, Legislatura de Tucumán ratificó el convenio entre la Provincia y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. El acuerdo prevé una asistencia financiera de hasta 700 millones de pesos para mejorar la infraestructura hídrica y el escurrimiento pluvial en la zona.
En el marco de una sesión especial extraordinaria presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, la Legislatura de Tucumán sancionó la ley que aprueba el convenio de coordinación y colaboración entre el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. El proyecto, que fue remitido por el Poder Ejecutivo, tiene como objetivo central el financiamiento de la obra denominada "Desagües Pluviales del Barrio 360 Viviendas". La iniciativa llegó al recinto tras obtener dictamen favorable en un análisis conjunto de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Asuntos Municipales y Comunales.
Esta normativa autoriza el otorgamiento de una asistencia financiera no reintegrable para colaborar con la ejecución de los trabajos. Cabe recordar que la puesta en marcha de este proyecto fue encabezada el pasado 17 de abril por el gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta capitalina Rossana Chahla, en un acto que contó con la presencia de Acevedo y diversas autoridades de los tres poderes del Estado. Según los fundamentos técnicos, la obra permitirá fortalecer la infraestructura hídrica del sector y optimizar significativamente el sistema de escurrimiento de las aguas de lluvia.
Respecto a los detalles económicos, la asistencia financiera provincial cubrirá hasta el 50 % del costo total de la obra, estableciendo un tope máximo de 700 millones de pesos. Los fondos se transferirán de manera progresiva, sujetos al avance efectivo de los trabajos y a la presentación de las certificaciones técnicas que correspondan para asegurar el seguimiento de la inversión pública.
Finalmente, la ley establece estrictos mecanismos de control sobre la aplicación de estos recursos. En este sentido, la Provincia queda facultada para realizar auditorías técnicas, administrativas y financieras que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones y el uso correcto de los fondos destinados al proyecto, reforzando las acciones de cooperación entre ambas jurisdicciones.