A través de un fallo histórico, la Justicia de Tucumán destinó fondos remanentes de un litigio comercial que duró 40 años para equipar 67 escuelas. La ministra Susana Montaldo confirmó la compra de computadoras y materiales para educación especial.
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Lo que comenzó en 1987 como el expediente de quiebra de la "Compañía Azucarera y Alcoholera Soler S.A." terminó convirtiéndose, casi cuatro décadas después, en una inversión sin precedentes para la educación pública de Tucumán. Tras un complejo proceso judicial, en febrero de 2025 se declaró la conclusión de la quiebra por pago total, con una masa de dinero que ascendía a USD 995.230,09.
Sin embargo, ocurrió un hecho inusual: a pesar de la publicación de edictos y la magnitud de las cifras, casi ningún acreedor se presentó a cobrar. Solo el organismo recaudador ARCA (ex AFIP) percibió su parte de poco más de tres mil dólares. Ante el "abandono negligente" de los acreedores y cumplido el plazo legal de un año, el juez Pedro Yane Mana, titular del Juzgado Civil y Comercial Común de la Iª Nominación, declaró de oficio la caducidad del pozo remanente, que suma la cifra exacta de USD 991.536,36.
En qué se invertirá el dinero
El destino de estos fondos, que ahora ingresan de forma irrevocable al patrimonio estatal, ya tiene un plan de ejecución inmediata a través del "Proyecto de Adquisición de Equipamiento Informático para Establecimientos Educativos". Según confirmó la ministra de Educación, Susana Montaldo, los casi un millón de dólares se transformarán en herramientas tecnológicas para 67 escuelas de gestión estatal de niveles primario, secundario, superior y de la modalidad de educación especial.
“Estamos muy contentos con este fallo histórico donde adquiriremos PC, notebook y valijas con elementos para niños de educación especial para avanzar con su educación”, destacó Montaldo en conferencia de prensa. La funcionaria incluso bromeó sobre la magnitud de la compra al señalar: “Esperamos una buena rebaja para la mayor cantidad de escuelas”.
La decisión judicial se fundamentó en el Artículo 224 de la Ley de Concursos y Quiebras, que establece que los fondos no reclamados por los acreedores en el término de un año deben destinarse al fomento de la educación común. El juez Yane Mana remarcó que esta es una solución de plena validez constitucional, apoyada en precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Esta inyección de recursos coincide con un plan de infraestructura más amplio del Ministerio. Mientras se espera la llegada del nuevo equipamiento informático, la cartera educativa trabaja en la inauguración de una escuela en Santa Rosa de Leales y en refacciones en más de 60 establecimientos para la segunda etapa del ciclo lectivo 2026.