El Banco Macro, bajo directivas del Banco Central, activó el Legajo 9492 para que la Caja Popular identifique a los beneficiarios de extracciones en efectivo que equivalen a unos USD 17.000.000. Amparado en la Resolución 14/2023 de la UIF, el requerimiento exige nombres, CUIT y motivos de cada pago, advirtiendo que los retiros significativos de billetes rompen la trazabilidad y colocan a la institución en la antesala de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS). Con un promedio de $58 millones retirados por día, la mayor parte de este flujo ocurrió durante la gestión de José Díaz, el hombre recomendado por Carlos Cisneros, mientras el Tribunal de Cuentas denuncia una "desviación de poder" y una deuda millonaria con el sistema de salud.
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Tal como informó eltucumano.com el pasado viernes, entre abril de 2025 y marzo de 2026, la Caja Popular de Ahorros de Tucumán protagonizó un movimiento financiero que mantiene en alerta al sistema bancario y judicial: el retiro por ventanilla de $21.105.019.379,18 en efectivo. Esta cifra, equivalente a unos 17 millones de dólares, salió de las cuentas de la CPA en el Banco Macro en billetes, sin que hasta hoy exista un registro oficial de quiénes fueron los destinatarios finales. Los tres primeros trimestres —más de $17.370 millones, el 82 por ciento del total— transcurrieron íntegramente bajo la gestión cisnerista de José Díaz. El cuarto, en cambio, está partido por el recambio de autoridades: el 23 de enero de 2026 el gobernador Osvaldo Jaldo desplazó a Díaz y puso al frente a la actual intervención de Guillermo Norry y Antonio Bustamante.
La alarma no fue discrecional. El Banco Central de la República Argentina, a través del Banco Macro, disparó el Legajo 9492 el pasado 18 de mayo de 2026. El requerimiento es taxativo: la Caja debe informar nombre, CUIT y motivo de cada pago realizado en efectivo, junto con su documentación de respaldo. El fundamento legal es el artículo 38 de la Resolución 14/2023 de la UIF, que establece que los organismos públicos no están exentos de monitoreo, especialmente cuando realizan retiros de efectivo "significativos" o "fraccionados" para evitar controles.
La gestión de José Díaz y el "sello" cisnerista
El desglose trimestral de los fondos revela una concentración masiva de retiros bajo la conducción de José César Díaz. Según los registros, el 82% del dinero —más de $17.370 millones— salió de la entidad durante sus últimos meses de gestión.
La figura de Díaz no es aislada. El propio diputado nacional Carlos Cisneros admitió públicamente su influencia en la designación: "…a Díaz lo recomendé yo…", confesó días atrás en una entrevista con sus empleados del programa El Avispero. La gestión cisnerista operó bajo un esquema que hoy es investigado por la justicia provincial. En mayo de este año, una investigación del Tribunal de Cuentas y la posterior auditoría interna de la Caja Popular de Ahorros revelaron el intento de asegurar estabilidad laboral y sueldos millonarios para el exinterventor Díaz mediante un esquema de impunidad administrativa. Según los informes del organismo de control, en junio de 2023, el entonces subinterventor Hugo Ledesma —cuñado del sindicalista Cisneros— firmó la Resolución N° 494/23 para nombrar a su propio jefe, Díaz, en un cargo de planta permanente de altísima jerarquía: Subgerente General Adscripto (Nivel 3).
Este nombramiento fue calificado como una "desviación de poder", ya que el cargo está reservado exclusivamente para empleados de carrera con años de antigüedad que acceden mediante concurso de méritos. Sin embargo, la designación se realizó "a dedo" por instrucciones directas del exgobernador Juan Manzur. La jugada incluyó una irregularidad adicional: en el mismo acto administrativo se le concedió a Díaz una "licencia política" para que pudiera seguir ejerciendo como interventor, dejando el cargo de planta "materialmente inactivo" pero reservado como un refugio de estabilidad para cuando cesara en sus funciones políticas.
La fiscal Marta Mariana Rivadeneira tiene la investigación de la maniobra cisnerista en sus manos, luego de que el 23 de junio el Tribunal de Cuentas de la Provincia instruyó formalmente a las autoridades de la CPA para que pongan en conocimiento del Ministerio Público Fiscal la reciente anulación de la designación de Díaz. Esta medida, plasmada en el Acuerdo N° 2343 con fecha del 23 de junio, surge tras considerarse que el dictado de la Resolución N° 339/26 constituye un "hecho nuevo" de relevancia jurídica en el marco de las investigaciones por anomalías administrativas. La notificación busca que los fiscales analicen el alcance de un acto que el propio organismo de control calificó como nulo de nulidad absoluta e insanable, al haber sido emitido con vicios graves en su competencia, causa y finalidad.
Los números del retiro: una volatilidad sospechosa
La salida de billetes comenzó entre abril y junio de 2025, cuando la Caja retiró $8.730.677.349,67. Fue el pico de la serie investigada: en esos 90 días, salieron de la ventanilla del banco casi 96 millones de pesos por jornada.
Sin embargo, el segundo tramo analizado (julio a septiembre de 2025) presenta lo que los investigadores llaman un "valle" de silencio: los retiros cayeron abruptamente a $1.734 millones, casi cinco veces menos que en el trimestre anterior. Esta caída es una de las preguntas centrales del requerimiento bancario, ya que una masa salarial o un gasto operativo normal no suelen desplomarse a un quinto de su valor para luego rebotar.
El rebote llegó efectivamente entre octubre y diciembre de 2025, cuando el efectivo volvió a dispararse hasta los $6.908.431.025,08. Finalmente, el último trimestre auditado (enero a marzo de 2026) registró una salida de $3.731 millones, periodo que marca la transición entre la gestión saliente y la actual intervención de Guillermo Norry.
El flujo de efectivo retirado:
- Abril–Junio 2025: Se registró el pico máximo con $8.730.677.349,67, lo que representa casi 96 millones de pesos por día.
- Julio–Septiembre 2025: Los retiros cayeron abruptamente a $1.734 millones, casi cinco veces menos.
- Octubre–Diciembre 2025: La cifra volvió a dispararse hasta los $6.908 millones.
- Enero–Marzo 2026: Ya con el cambio de autoridades y la llegada de Guillermo Norry, se retiraron otros $3.731 millones.
Estos retiros de efectivo no pueden justificarse bajo la órbita salarial ya que la Caja Popular es una entidad financiera urbana cuyos empleados están todos bancarizados por ley. Además, la Ley de Contrato de Trabajo exige la acreditación en cuenta, por lo que retirar camiones de caudales para pagar sueldos sería, técnicamente, la operación inversa a lo que dicta la norma.
Mientras el subinterventor Antonio "Tony" Bustamante, difundía comunicados jactándose de su "prevención antilavado", el Tribunal de Cuentas emitía dictámenes demoledores. En el Acuerdo N° 5183, el organismo determinó que los balances de la Caja "no presentan razonablemente la información" y denunció una deuda de $3.381 millones que la entidad nunca transfirió al sistema de salud pública entre 2020 y 2023.
El requerimiento bancario no llegó de manera aislada, ya que el Tribunal de Cuentas había advertido en los Acuerdos N° 4084 y N° 5183 que los estados contables de la Caja "no presentan razonablemente la información". Además, el organismo detectó que mientras la entidad retiraba miles de millones en efectivo, mantenía una deuda de $3.381 millones con el sistema de salud pública generada entre 2020 y 2023.
Incluso la legitimidad del exinterventor Díaz para firmar esos retiros está en duda. Para el Tribunal de Cuentas, al haber aceptado ilegalmente un segundo cargo a sueldo en junio de 2023, Díaz dejó de ser interventor legal y operó como un "funcionario de hecho" durante casi tres años.
Por estos días, la fiscal Rivadeneira cuenta con toda la contabilidad y balances de los últimos cinco años de la Caja en sus manos. El sistema financiero ya dio el primer paso: si la Caja no puede explicar con nombres y apellidos quién se llevó los $21.000 millones, el Banco Macro deberá emitir el Reporte de Operación Sospechosa que pondría a la institución en la mira directa de la justicia federal por lavado de activos.