Más de $21.105 millones —unos USD 17.000.000— salieron en billetes por la ventanilla del Banco Macro entre abril de 2025 y marzo de este año, y nadie puede decir quién se los llevó. Por requerimiento del Banco Central de la República Argentina y en el marco de la Resolución 14/2023 de la Unidad de Información Financiera —que obliga a los bancos a monitorear el destino de los fondos públicos y marca como señal de alerta los retiros de efectivo significativos—, el Banco Macro, agente financiero de la provincia, intimó a la Caja Popular de Ahorros a justificar, uno por uno, beneficiario, clave tributaria, motivo y respaldo de cada extracción. El requerimiento acorrala a la gestión cisnerista de la Caja y a la actual intervención: por el Acuerdo N° 5183, el Tribunal de Cuentas dictaminó que sus balances "no presentan razonablemente la información" y le reclamó una deuda de más de $3.381 millones con la salud pública en plena pandemia; y una fiscal provincial, Marta Mariana Rivadeneira, investiga al ex interventor cisnerista José Díaz con toda la contabilidad y balances de los últimos 5 años de la Caja ya en sus manos. El período que el requerimiento abarca no termina con el cisnerismo, sino en marzo de 2026, ya bajo la conducción de la actual intervención del organismo. La organización paraestatal que movilizó USD 9.500 millones en tres décadas de monopolio del juego enfrenta, por primera vez, el protocolo antilavado del Estado —y lo hace mientras difunde un comunicado oficial jactándose de su prevención antilavado—. El Banco Macro ya había sido epicentro dos veces —las valijas de la Legislatura en 2015 y los cheques por ventanilla que en 2025 pusieron en la mira al hoy ministro Darío Monteros—, y las dos terminaron sin condena. La diferencia: entonces los billetes se llevaron el rastro; esta vez el rastro quedó escrito, con un artículo de la ley y un sello de recepción fechado el 18 de mayo de 2026.
El "Valijazo" denunciado por La Gaceta llegó a los medios nacionales y quedó en la nada. Ahora la UIF investiga a la Caja Popular por Lavado de dinero.
"Estamos cumpliendo los estándares que exige la legislación vigente y los organismos de control como la Unidad de Información Financiera"
Antonio "Tony" Bustamante, subinterventor de la Caja Popular de Ahorros · 1 de junio de 2026
Catorce días antes de estas declaraciones de la conducción de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán,
No es un organigrama: es el propio Cisneros describiendo, con su voz, quién ponía a sus hombres al frente del negocio y quién tenía poder de veto sobre él.
La permanencia de Díaz tuvo, además, un blindaje con forma administrativa. El 9 de marzo de 2023, ya de regreso en la gobernación, Manzur firmó una nota que instruía al entonces subinterventor de la Caja, Hugo Guillermo Ledesma —cuñado de Cisneros, hoy legislador—, a proceder con un nombramiento, salteando al interventor titular. El 21 de junio de 2023, Ledesma firmó la Resolución N° 494/23 y designó a su propio jefe, Díaz, en un cargo de planta permanente de altísima jerarquía —Subgerente General Adscripto, Nivel 3—, con una "licencia política" simultánea para que pudiera seguir siendo interventor. El Tribunal de Cuentas, en su Acuerdo N° 1348 del 29 de abril de 2026, declaró la nulidad absoluta del nombramiento, lo calificó de "desviación de poder" y derivó las actuaciones al Ministerio Público Fiscal por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; el 19 de mayo de 2026, la actual intervención de Guillermo Norry ejecutó esa nulidad mediante la Resolución N° 339/26.
El eje de la maniobra es el artículo 9° de la Constitución de Tucumán, que prohíbe acumular dos cargos a sueldo y hace vacar el primero al aceptarse el segundo: para el Tribunal de Cuentas, Díaz había dejado de ser legalmente interventor desde aquel 21 de junio de 2023, pero siguió firmando y manejando fondos como "funcionario de hecho" hasta el 22 de enero de 2026. Percibió en paralelo la dieta de interventor y el salario de planta durante treinta y un meses; sobre los niveles salariales de la propia Caja —el haber inicial del cargo se fijó en $11.521.343,29 mensuales en 2023—, esta serie estima el perjuicio en torno a los 700 millones de pesos, cifra que la comprobación sumaria abierta por el Tribunal deberá determinar con exactitud.
Esa maniobra es la que hoy investiga la fiscal Marta Mariana Rivadeneira, bajo la carátula de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público —artículo 248 del Código Penal—, en la causa S-048030/2024, todavía en etapa de instrucción: la eventual responsabilidad penal de Díaz no está determinada. Es un carril distinto —provincial— de las causas federales por trata y por lavado que rodean a Cisneros; y este José César Díaz, exinterventor, no debe confundirse con los jueces federales de apellido parecido que intervienen en otros tramos de esta serie.
La alarma bancaria no llegó a un terreno virgen: llegó al final de una historia de advertencias desoídas. Ya en 2003, el contador Luis Antonio Godoy —auditor externo de la Caja desde 2002 y durante unos quince años— firmó una Carta de Recomendaciones sobre Controles con cuentas contables sin conciliar y saldos cuyo origen la propia entidad no podía precisar. Ese mismo auditor advirtió por escrito, además, sobre riesgos de lavado de activos; dos décadas después, no hay respuesta pública documentada. En 2017 no pudo emitir una opinión limpia y debió limitarse a una "revisión limitada". El propio Banco Central, por su parte, en el sumario N° 1558, desnudó una falencia contable estructural: la Caja no diferenciaba sus recursos propios de los depósitos que captaba del público.
En septiembre de 2024, por el Acuerdo N° 4084, el Tribunal de Cuentas dictaminó que el estado de ejecución presupuestaria de la Caja "no presenta razonablemente la información" al 31 de diciembre de 2023. Y en noviembre de 2025, el Acuerdo N° 5183 fue categórico sobre los estados financieros, cifró en unos $3.381 millones la deuda con el Sistema Provincial de Salud entre 2020 y 2023 e impulsó una denuncia penal (la reconstrucción de estos treinta años, en esta nota de la serie).
Son esos mismos balances —los cinco ejercicios que van de 2018-2019 a 2022-2023— los que el Tribunal remitió el 23 de junio a la fiscal Rivadeneira, cuando ésta le pidió el expediente de la designación de Díaz. El órgano de control no sólo entregó ese expediente: adjuntó, además, toda la contabilidad reciente de la Caja.
La dimensión de lo que está en juego excede el año que audita el Banco Macro. La reconstrucción documental de este medio, a partir de balances internos y registros públicos, cifra en unos USD 9.547 millones lo movilizado por el monopolio del juego en tres décadas. La serie que puede documentarse año por año lo ilustra: la Caja declaraba del orden de USD 250 a 290 millones anuales entre 1999 y 2001 —cuando un peso equivalía a un dólar—; para 2017, su último balance disponible marcaba ingresos por unos USD 400 millones. Hoy, las tres operadoras del núcleo —Novo Play, Brothering's y Pálpitos— facturan en conjunto cerca de $47.000 millones al año, y las apps de la Caja —Pálpitos y TucuApuestas— moverían, según la participación de Tucumán en el mercado online argentino, entre USD 55 y 110 millones anuales sólo en el canal digital.
El contraste más duro no es financiero, es sanitario. La Carta Orgánica de la Caja —la Ley N° 5.115, en sus artículos 21 y 21 bis— obliga a destinar al sistema de salud el 25 por ciento del resultado bruto del juego, más una suma fija mensual; los balances internos muestran que el Sistema Provincial de Salud recibió, en promedio, entre el 2 y el 3 por ciento. Proyectada sobre treinta años, la diferencia que este medio expone como potencial desvío supera los USD 2.100 millones: si la ley se hubiera cumplido, la salud pública debía recibir alrededor de USD 2.387 millones; percibió cerca de USD 286 millones. Ocurrió en una provincia donde la desnutrición infantil fue noticia mundial. En el mismo período, según su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, el patrimonio de Carlos Cisneros creció —ya descontada la inflación— unas siete veces y media entre fines de 2019 y fines de 2024 (de $2.266.226 a $465.711.724 nominales); medido en dólares al cambio oficial de cada declaración, unas doce veces (de unos USD 37.800 a unos USD 450.000). Recién ahora el Estado intenta recuperar algo: el 9 de junio de 2026, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó el Decreto N° 1.142 para reclamar al menos $200 millones de esa deuda sanitaria histórica (la cobertura del decreto, acá).
*Cómo se midieron las cifras: Las cifras del efectivo son las del propio requerimiento (Banco Central, cursado por el Banco Macro) y se reproducen completas, al peso. Las conversiones a dólares se hacen al tipo de cambio oficial vigente en la fecha de cada operación (nunca a un promedio anual ni a una fecha distinta): el efectivo retirado, al cambio de cada trimestre; el patrimonio, al cambio oficial de cada declaración jurada. Los valores reales —"ya descontada la inflación"— se ajustan por el IPC nacional del INDEC. La proyección de los USD 9.547 millones en treinta años, la del potencial desvío de más de USD 2.100 millones a la salud pública y la estimación del perjuicio por el doble cargo de Díaz (unos $700 millones) son reconstrucciones de este medio a partir de balances internos y registros públicos, y se presentan como lectura, no como hecho probado: el destino de los fondos y la eventual comisión de delito sólo pueden determinarlos la UIF y los jueces.
Derecho a réplicaConsultado por las cifras del Tribunal de Cuentas, José César Díaz las rechazó públicamente (La Gaceta, 17 de noviembre de 2025): objetó el cálculo sobre la recaudación bruta, sostuvo que los aportes a la salud eran anuales y de caudal oscilante, y denunció haber sido objeto de más de setenta sumarios. La Caja Popular y sus autoridades pueden ejercer su derecho a réplica ante este medio; sus respuestas se publicarán con el mismo relieve que esta nota. Su descargo completo, acá.
→ Jaldo destina al SIPROSA 200 millones que el cisnerismo había encanutado en la Caja Popular
→ La doble cara del juez federal Díaz Vélez
Requerimiento del Banco Central de la República Argentina, cursado por el Banco Macro, a la Caja Popular (18/05/2026, Legajo 9492). Resolución 14/2023 de la UIF (Boletín Oficial, 02/02/2023), artículos 26 y 38. Acuerdos del Tribunal de Cuentas N° 4084 (2024), N° 5183 (2025) y N° 1348 (2026); Resoluciones N° 494/23 y N° 339/26 de la Caja Popular. Ley N° 5.115 (Carta Orgánica de la Caja Popular de Ahorros), artículos 21 y 21 bis; sumario N° 1558 del Banco Central. Causa provincial S-048030/2024 (fiscal Marta Mariana Rivadeneira). Declaración jurada de Carlos Cisneros ante la Oficina Anticorrupción. Programa El Avispero (Enterate Play 90.5 / TDA 26.2), emisión del 15/06/2026.
Enlaces de apoyo verificados:
· Secretaría de Comunicación del Gobierno de Tucumán (01/06/2026) — la Caja admite estar bajo control antilavado.
· Tendencia de Noticias (16/11/2025) — términos del Acuerdo N° 5183.
· Tendencia de Noticias (03/2026) — archivo de la causa de los municipios ("displicencia, pero no delito").
· La Gaceta (17/11/2025) — descargo de José César Díaz.