Tras el "operativo de limpieza" en el subsuelo del Tribunal Oral Federal, desaparecieron las cápsulas de alprazolam secuestradas y el fiscal Pablo Camuña desistió de la acusación.
"Operativo de limpieza" en el TOF. (Foto: La Gaceta)
Nuevo escándalo y papelón en la Justicia Federal de Tucumán. El jueves se conoció que en el marco de un "operativo de limpieza" en el subsuelo del edificio del Tribunal Oral Federal se habrían destruidos pruebas de las causas contra el Clan Ale y del robo de la Ciudad Universitaria de San Javier a la UNT. Horas después, colapsó un juicio contra un expolicía porque se perdieron 58 pastillas de alprazolam que habría entregado a un preso colombiano.
El alprazolam es un medicamento de la familia de las benzodiacepinas que actúa sobre el sistema nervioso central: es utilizado principalmente como ansiolítico e hipnótico para el tratamiento a corto plazo de los trastornos de ansiedad, las crisis de angustia y los ataques de pánico. Un policía tucumano de la comisaría sexta está acusado de entregar una bolsa con 58 cápsulas a un interno procesado.
El juicio había comenzado en septiembre de 2015, y la destrucción de las pruebas hizo que el fiscal general subrogante Pablo Camuñas desistiera de la acusación por entrega para la venta de sustancias medicinales sin autorización en concurso con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
"Al abrirse las audiencias bajo la presidencia de la jueza Ana Carina Farías, acompañada virtualmente por los magistrados Federico Bothamley y Cristina Giordano, la propia presidencia del tribunal anticipó que las pastillas ya no existían porque se habían perdido durante la limpieza del subsuelo", relató el periodista Juan Manuel Montero en La Gaceta.
Según el citado medio, Camuña remarcó desde el inicio que "no se ha generado la certeza mínima indispensable para sostener la acusación final del proceso", exponiendo que el Estado "ha perdido definitivamente la posibilidad de disponer de evidencia incorporada a la causa penal".
El fiscal advirtió el escenario de indefensión técnica al que se sometió a las partes, señalando que "la desaparición definitiva de material secuestrado impide cualquier posibilidad futura de verificación, ampliación, control o reproducción de los estudios efectuados".
El secretario de Cámara, Hugo del Sueldo Padilla, denunció a Farías, Bothamley y Giordano por el operativo de limpieza en el subsuelo del TOF en el que se pusieron en peligro pruebas de las causas contra el Clan Ale -al que Susana Trimarco vinculó con el diputado Carlos Cisneros- y la vinculada al robo de la Ciudad Universitaria en la que fue condenado Juan Alberto Cerisola, pero se dejó impune al núcleo duro del saabismo que hace años controla la UNT.
"Cuando ocurre una irregularidad con la que hemos visto esta causa, cuando ocurre todo esto de las pérdidas, secuestro, toda la opacidad que lo rodearon, me parece que se nos está exigiendo ir más allá de nuestra función para cubrir ese faltante por medio de la otra prueba", reprochó Camuña, y arremetió: "La frustración del proceso en este caso está atravesada por la desaparición de evidencia que se encontraba judicializada en una causa penal pendiente. Esto es bajo tutela del tribunal".
Luego, disparó: "El Tribunal aún no nos dice qué se destruyó, cuándo se destruyó, cómo se destruyó, en qué causa estaban". En ese sentido, planteó que "la transparencia no es una facultad que tienen los jueces, es una de las primeras obligaciones, porque la transparencia lo que da, lo que genera en las instituciones es legitimidad".
La causa contra el policía que se cayó por la destrucción de las pruebas
Días atrás, Montero señaló en La Gaceta que la causa se había iniciado el día 20 de septiembre del 2015 a las 8 cuando "un agente de la comisaría 6ta, quién estaba en la puerta de acceso a las celdas de los internos, pasó por una rendija de la celda donde se alojaba el interno procesado de nacionalidad colombiana, una bolsita plástica transparente".
"Posteriormente se determinó que la bolsa contenía 58 pastillas de color verde agua, ranuradas al medio, y que tras la pericia se determinó que se trataba de “alprazolam”. El hecho fue denunciado por personal del servicio penitenciario que cubría las custodias de personas privadas de libertad alojadas en comisarías", indicó.
El delito por el cual se lo acusaba es la entrega para venta de sustancias medicinales sin autorización habilitante en concurso con el incumplimiento de deberes de funcionario público.
El acusado llegó finalmente a juicio, pero allí se descubrió el problema: el secuestro de droga, fundamental para la fiscalía para sostener la acusación, había desaparecido y la causa colapsó.