El secretario Hugo del Sueldo Padilla denunció a los jueces subrogantes del Tribunal Oral Federal por ordenar un "operativo de limpieza" en el que se habrían destruido pruebas de casos abiertos como el robo de la Ciudad Universitaria a la UNT y la causa contra el Clan Ale por trata de personas y narcotráfico, en la que Susana Trimarco vinculó directamente a Carlos Cisneros.
Así estaban las pruebas del subsuelo del TOF. (Foto tomada de La Gaceta)
Un nuevo escándalo sacude a la Justicia Federal de Tucumán. El secretario de Cámara Hugo del Sueldo Padilla denunció a los jueces subrogantes del Tribunal Oral Federal de Tucumán -Ana Carina Farías, Federico Bothamley y Cristina Giordano- por ordenar un "operativo de limpieza" en el que se habrían destruido documentos y pruebas de causas en trámite de máxima sensibilidad para la sociedad tucumana: la causa por el robo de la Ciudad Universitaria a la Universidad Nacional de Tucumán por la que fue condenado el exRector Juan Alberto Cerisola y la causa por asociación ilícita y lavado de activos provenientes de la trata de personas y el narcotráfico contra el denominado Clan Ale, a quiénes Susana Trimarco ─mamá de Marita Verón─ vinculó directamente con el diputado nacional Carlos Cisneros.
A través del diario La Gaceta, del Sueldo Padilla explicó que denunció a los jueces subrogantes del TOF al advertir que "durante el operativo de limpieza ordenado en mayo se retiraron y destruyeron elementos secuestrados de causas en trámite, sin respetar los procedimientos legales de resguardo", según indicó el periodista Juan Manuel Montero.
Ante la consulta de eltucumano.com, del Sueldo Padilla precisó que presentó su denuncia ante el fiscal federal Agustín Chit, y que la misma está radicada en la Fiscalía Federal Nº1 a cargo de Rafael Vehils Ruiz, y que no se encuentra en funciones desde el viernes de la semana pasada. El mencionado periodista señaló que la denuncia abarca "desde el descarte de pruebas y armas hasta la remoción de bienes vinculados a expedientes aún no concluidos".
El secretario de Cámara sostuvo que a principios de mayo, cuando Goirdano arribó desde Córdoba para ejercer su subrogancia en el TOF, los tres jueces "lo convocaron para preguntarle por qué había impedido días antes que personal de Gendarmería retirara elementos secuestrados almacenados en el edificio", y planteó que "se opuso porque consideró que la medida constituía un acto contrario a la ley".
Del Sueldo Padilla entendió que "debía impedirlo", y ello derivó "en el retiro masivo de elementos almacenados desde hacía décadas en los subsuelos del edificio ubicado en la esquina de Cristóstomo Álvarez y Chacabuco". El denunciante alegó que "hace 33 años tiene a su cargo la custodia de los secuestros judiciales que ingresan al tribunal", donde "cada elemento era recibido, rotulado, inventariado y preservado para garantizar que llegara a juicio en las mismas condiciones en las que había sido incorporado a la causa".
Incluso, aseguró que advirtió a Giordano "que en esos espacios se encontraban secuestros pertenecientes a causas todavía en trámite, expedientes con sentencias no firmes y procesos que no podían darse por concluidos debido a la existencia de imputados prófugos o rebeldes".
Gendarmería procedió a secuestrar los expedientes luego de que fueron apartados por personal del TOF: en principio se trataba sólo de los anteriores a marzo de 2020, pero la medida se extendió a "la totalidad del material almacenado en el subsuelo". El secretario indicó que "los empleados, que se encontraban escandalizados por la tarea que les ordenó la magistrada".
Las prueba definitiva del robo de la Ciudad Universitaria, en riesgo
Del Sueldo Padilla afirmó que cuando le requirieron las llaves de los sectores de guardado "entregó todas, excepto la correspondiente a un espacio donde se conserva documentación vinculada a la conocida causa del ex rector de la UNT Juan Alberto Cerisola, incluyendo pericias de ingeniería civil que forman parte de ese expediente".
Se desconoce si entre las pruebas que podrían haber sido destruidas se encontraba, por ejemplo, el Expediente 1552-05, el contrato que firmaron Julián Patricio Rooney, vicepresidente de Minera Alumbrera Ltd, procesado por contaminación ambiental con metales pesados de la cuenca Salí-Dulce; Mario Alberto Marigliano, -ya fallecido- rector de la Universidad Nacional de Tucumán, presidente de la UCR tucumana, candidato a gobernador; y Manuel Benítez, presidente de YMAD el 30 de noviembre de 2005.
El contrato de cesión de créditos constituye la prueba definitiva del robo en banda de la Ciudad Universitaria de San Javier a la UNT, donde consta que el saabismo recibió un millón de dólares en concepto de "anticipo de utilidades" de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) en el marco de la vigente Ley 14771, por lo que debían destinarse a construir el campus de San Javier "conforme a los planos ya aprobados".
La gestión la encabezó el por entonces director ante YMAD, Rodolfo Martín Campero y el rector Mario Marigliano, quien malversó los dólares recibidos y los utilizó en meras refacciones edilicias para el Museo de la UNT - en la ex escuela de Agricultura- y la Escuela de Cine -en instalaciones de Canal 10-, sentando las bases de un sistemático despojo a la UNT que continua hasta nuestros días.
La acreditación del ingreso de los dólares a la UNT en 2005 consta en la requisitoria que ambos ex rectores -y directivos de YMAD por la UNT- presentaron con sus firmas el 10 de septiembre de 2007 ante el entonces rector de la UNT Juan Alberto Cerisola, cuando plantearon que "a la fecha no se encuentra concluida la Ciudad Universitaria, por lo cual la recepción de los fondos se hace en el marco del precitado inciso”.
Los propios Campero y Marigliano promovieron en YMAD declarar "satisfecha" a la UNT en su derecho por ley a construir la Ciudad Universitaria con los fondos de YMAD que ellos mismos malversaron.
En la documentación remitida en 2017 por Lidia Ascárate (secretaria económico financiera) a Adela Seguí (presidenta de la Comisión especial YMAD UNT), no figura el ingreso de un millón de dólares en 2005 durante el rectorado de Marigliano.
Esta prueba estuvo desde 2007 en manos del exfiscal Carlos Brito y del juez Fernando Poviña, cuya no-investigación permitió que Cerisola sea sólo condenado por sobreprecios en las obras menores por las que fue reemplazada la Ciudad Universitaria robada, mientras que Campero ni siquiera prestó declaración indagatoria, alegando razones de salud.
El clan Ale y la conexión con Carlos Cisneros que denunció Susana Trimarco
Del Sueldo Padilla le dijo a La Gaceta que en el subsuelo del TOF también se almacenaban armas de fuego, dinero en moneda nacional y extranjera, teléfonos celulares, computadoras, estupefacientes, precursores químicos y documentación vinculada a múltiples procesos federales, incluida la causa contra Rubén La Chancha Ale y Ángel El Mono Ale, condenados a 10 años de prisión en 2017 al ser considerados jefes de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos provenientes de la trata de personas y el narcotráfico.
"Los Ale en Tucumán son una mafia organizada. Ellos siempre aparecen para decir yo no fui, pero son los que manejan todo. Tienen testaferros que son políticos, jueces. Están involucrados, se lo voy a decir con nombre propio, el ex gobernador Miranda; 'el Cabezón' (Antonio) Guerrero, que era ministro de Gobierno y Justicia; y Carlos Cisneros, que manejaba la Caja Popular de Ahorro. Cuando sale Guerrero, entra Fernando Juri Riera, compadre de “la Chancha” Ale. Es una persona manejada por ellos (los Ale), fue vicegobernador en el primer mandato de José Alperovich y en estos momentos es legislador. Los Ale no quieren dejar de tener gente dentro del poder", denunció Susana Trimarco, madre de María de los Ángeles Verón.
En el juicio por la desaparición de Marita, la principal imputada del entorno del Clan Ale fue María Jesús Rivero (exesposa de "La Chancha" Ale y exvicepresidenta del club San Martín de Tucumán), señalada como quien ordenó el secuestro. Rivero fue absuelta en 2012.
Los caminos del Clan Ale y Carlos Cisneros se cruzan en el manejo del negocio del juego en Tucumán y la incineración de una edición entera del diario La Gaceta, que el diputado nacional controla y que hoy oculta la denuncia en su contra en la Justicia Federal por trata de personas de Lourdes Parache.
El 27 de mayo de 2000, grupos armados quemaron una edición completa del medio durante 12 horas. El fiscal Ricardo Falú investigó el ataque y declaró a La Nación que un ex policía "relacionado con el sindicalista Carlos Cisneros" —entonces vicepresidente de la Caja Popular— dirigió el operativo ejecutado por Rubén "La chancha" Ale y Rubén "Sopa e´chancho" Ureña. Ale cargaba con dos años de prisión por explotación de prostíbulos, aprietes mafiosos y era sospechoso de asesinato de policías. Ureña, operaba con influencias judiciales. "La pasividad policial ha sido delictiva", sentenció entonces Falú, quien calificó el hecho como "un ataque a la libertad de prensa que puso en jaque la paz social de la provincia".
eltucumano dió cuenta que Cisneros habría comprado la mayoría accionaria del diario La Gaceta y el Grupo Los Balcanes recientemente, según operadores de la City tucumana la operación superó los 70 millones de dólares, provenientes de holdings estrechamente vinculados al "Tano Angellici" tucumano Roberto Sagra. El Grupo Los Balcanes —propiedad de la familia Rocchia Ferro— opera los ingenios La Florida, Cruz Alta y Aguilares, y controla del 20 al 25% de la caña de azúcar cosechada en Tucumán.
La adquisición de La Gaceta y el Grupo Los Balcanes consolida a Cisneros como el magnate con mayor concentración de poder económico y mediático en la provincia: controla hace décadas el juego y las apuestas de las Caja Popular, el diario más importante del interior argentino, y ahora su red empresaria maneja uno de los principales grupos azucareros.
Entre las 10 empresas de juegos y apuestas y maquinitas autorizadas por Cisneros desde la Caja Popular, figuran:
• ALFA MERCURIO SRL (150 máquinas): Mercedes Nélida Ale + Sergio Diez del Valle
• POINT LIMITS SRL (85 máquinas): Ángel Adolfo Ale (Alias "El mono") + Andrea Acosta
• PATAN SRL (30 máquinas): Nelly Aguirre + Roberto José Emilio Sagra
Las 10 empresas que controlaban el juego en 2006. Los apellidos del clan Ale y Roberto Sagra aparecen como socios del negocio que movilizaba 755 millones de pesos anuales en aquel entonces. Trimarco vinculó a Cisneros con el Clan Ale, y ahora podrían haber sido eliminadas las pruebas de la conexión que atraviesa el juego, la política y el fútbol.
Extracto de El Periódico de Tucumán año 2006 "DIEZ FIRMAS, TODO UN SUBMUNDO" con apellidos Ale y Sagra destacados desde la llegada de Cisneros a la Caja.