La investigación, liderada por la Fiscalía Federal N°2, involucra a empleados de una armería, "prestanombres" e intermediarios que integraban el eslabón de adquisición de una organización criminal de alcance internacional.
Foto www.fiscales.gob.ar.-
El Juzgado Federal N°2 de Tucumán dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, de ocho personas acusadas de participar en una maniobra para desviar armas de fuego desde el circuito legal hacia el mercado clandestino. La resolución, firmada por el juez José Manuel Díaz Vélez, alcanza a tres empleados de una armería de San Miguel de Tucumán, dos usuarios legítimos que actuaban como prestanombres, un proveedor y dos intermediarios. A todos se les atribuye el delito de entrega de armas de fuego a quien no acreditare su condición de legítimo usuario.
La investigación, impulsada por el fiscal Agustín Chit junto a la auxiliar fiscal Julia Vitar y la instructora Jimena Ruiz, permitió reconstruir un esquema de provisión de armamento que abastecía a una organización dedicada al contrabando hacia el país trasandino. Según el expediente, los hechos detectados en Tucumán representan el primer eslabón en la cadena de tráfico que luego continuaba hacia Chile para su comercialización ilegal.
La pesquisa se originó el 19 de diciembre de 2023, tras un control preventivo de Gendarmería Nacional en un ómnibus de larga distancia en la localidad de La Invernada. En aquel operativo, se identificó a dos ciudadanos chilenos que ocultaban entre sus pertenencias ocho pistolas calibres 9 milímetros, .40 y .45, además de cargadores y divisas extranjeras. Los peritajes telefónicos realizados a los transportistas y los informes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) confirmaron que las armas habían sido adquiridas en Tucumán pocos días antes del secuestro.
La maniobra consistía en captar personas habilitadas como legítimos usuarios para que registraran armas a su nombre ante la ANMAC. Una vez formalizado el trámite, el armamento era desviado inmediatamente al mercado negro. Para ello, resultaba fundamental la participación de los empleados de la armería, quienes utilizaban su conocimiento técnico y acceso a documentación oficial para facilitar las transferencias, llegando incluso a incorporar firmas apócrifas para agilizar los trámites. En un caso testigo, se detectó que un arma secuestrada figuraba registrada a nombre de una persona fallecida en 2020, años antes de la supuesta operación, detallo el sitio Fiscales.org.
Evidencias y logística
La justicia reunió pruebas a través de escuchas y mensajes de WhatsApp. En una de las comunicaciones, un empleado explicaba a un intermediario que el dinero de una venta se recibiría fuera del local "por políticas de la empresa". En otro mensaje dirigido al proveedor, se mencionaba el volumen de las transacciones: “Vos has sido testigo de cuanta guita te hemos dejado para comprar esos fierros”, señalaban, además de discutir compras en dólares para “rescatar fierros”.
Por otro lado, se identificó a dos intermediarios —padre e hijo— encargados de la logística para entregar el armamento a los transportistas en la terminal de ómnibus de Tucumán. Mientras el hijo coordinaba los encuentros, el padre asumía el rol de contacto final para concretar las entregas.
A pedido de la fiscalía, se realizaron operativos en San Miguel de Tucumán y Los Ralos, donde se secuestraron más de 20 armas de fuego (rifles, escopetas, pistolas y revólveres), supresores de sonido, miras telescópicas, municiones, credenciales de legítimo usuario y dinero.
Esta causa se vincula con una investigación mayor en Mendoza, donde se ha solicitado el juicio para 34 personas acusadas de integrar una red de tráfico de armas que operaba principalmente a través del paso internacional Cristo Redentor.
Finalmente, si bien los imputados en Tucumán permanecen en libertad, el magistrado les prohibió salir del país, les impuso la obligación de presentarse semanalmente ante el tribunal y trabó embargos sobre sus bienes por montos que oscilan entre los 8 y 12 millones de pesos. En tanto, se dictó la falta de mérito para un noveno implicado y se aguardan peritajes telefónicos adicionales para resolver la acusación por acopio de armas.