El escrito, presentado ante la Sala III de la Cámara Penal Conclusional, busca que la CSJT deje sin efecto la absolución dictada por falta de pruebas y dicte una sentencia sustitutiva que condene a la expareja de la víctima a la pena de prisión perpetua.
Tras la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos, el fiscal Carlos Sale presentó un recurso de casación en el que cuestiona los fundamentos centrales del fallo unánime firmado por los jueces Gustavo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica. En su planteo, sostiene que la sentencia constituye "una afrenta al principio de razón suficiente" y que incumple el deber de juzgar con perspectiva de género.
El juicio oral, realizado dos décadas después de la desaparición y muerte de la estudiante de Comunicación Social, buscó determinar la autoría material del crimen ocurrido en 2006. Sin embargo, el Tribunal resolvió absolver a Soto al considerar que la fiscalía no logró aportar pruebas científicas concluyentes ni testimonios directos que acreditaran el ingreso de Paulina al domicilio de calle Estados Unidos al 1.200 o la existencia de rastros biológicos que vincularan al imputado con el hecho.
Para Sale, esa conclusión se basa en un error metodológico insalvable. En su recurso sostiene que los jueces desestimaron la fuerza de la prueba indiciaria al analizar cada elemento de manera aislada, en lugar de valorar el conjunto de indicios. "El Tribunal fragmentó la prueba indiciaria, analizando cada elemento como si fuera un compartimento estanco, perdiendo de vista la visión global que exige la doctrina penal para los delitos que se cometen en la intimidad y sin testigos presenciales", afirma.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la valoración del perfil violento de Soto y de los testimonios brindados por las hermanas de Paulina. El fiscal critica que esas declaraciones hayan sido consideradas simples "comentarios de oídas" o "dichos de dichos", cuando, a su entender, describen un patrón sostenido de violencia física y psicológica ejercida sobre la víctima.
En ese sentido, sostiene que el Tribunal incumplió la obligación legal de juzgar con perspectiva de género al omitir el contexto de control, amenazas y violencia previa que habría sufrido Paulina. Según el recurso, esa omisión vuelve arbitraria la absolución porque desconoce las directrices establecidas por la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485.
Otro de los ejes de la apelación cuestiona la importancia que los jueces atribuyeron a la ausencia de lesiones en el cuerpo de Soto un día después de la desaparición de la joven. Sale considera arbitrario exigir la existencia de rasguños para acreditar un estrangulamiento, ya que la alevosía imputada supone precisamente un ataque sorpresivo que impidió cualquier posibilidad de defensa de la víctima. El fiscal sostiene que el Tribunal impuso un estándar probatorio "desproporcionado e incompatible con la mecánica de una muerte por asfixia", teniendo en cuenta la diferencia física entre agresor y víctima.
La casación también objeta la interpretación realizada sobre el lavado de ropa efectuado por Soto el domingo por la mañana, una conducta que la fiscalía continúa considerando una maniobra destinada a eliminar posibles rastros biológicos.
A su vez, Sale señala una contradicción dentro del propio fallo al cuestionar que los magistrados hayan ordenado reabrir la investigación hacia la familia Jiménez, vecinos de Soto, sobre la base de dos cabellos hallados en el cuerpo de Paulina. Según el fiscal, los jueces aplicaron un criterio flexible para otorgar relevancia a una evidencia biológica degradada por el paso del tiempo, mientras exigieron un nivel de certeza prácticamente imposible para descartar los indicios que comprometían a la expareja de la víctima.
El recurso también reivindica la credibilidad de Virginia Mercado, la amiga que acompañó a Paulina en el remise durante la madrugada de su desaparición. Sale sostiene que su declaración permitió reconstruir con precisión el recorrido inicial de la joven y afirma que "está plenamente probado el destino final de la víctima hacia el área de influencia del imputado".
Además, remarca que las falencias de la investigación original, atribuidas al encubrimiento institucional que ya fue objeto de otros procesos judiciales, no pueden convertirse en un beneficio para quien estaba acusado de ser el autor material del crimen, especialmente cuando el paso del tiempo fue consecuencia del accionar del propio Estado.
En su presentación, el fiscal sostiene que el veredicto no constituye una aplicación razonada del derecho sobre las pruebas incorporadas al expediente, sino una decisión voluntarista que eligió la salida más sencilla frente a la complejidad del caso. Por ese motivo, dejó formalizada la reserva del caso federal para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación si las instancias provinciales no revierten la sentencia.
Con la interposición del recurso de casación, la causa por el crimen de Paulina Lebbos ingresa ahora en una etapa de revisión ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. La decisión del Ministerio Público Fiscal de sostener la acusación deja en claro que no comparte los fundamentos de una absolución que, por el momento, mantiene el asesinato sin un responsable material condenado y abre un nuevo capítulo en una investigación marcada desde sus inicios por graves irregularidades.