La presentación judicial contra Raquel Graneros fue realizada ante el Fuero Penal de la provincia por legisladores y dirigentes opositores. La causa surge a partir de una denuncia televisiva donde se afirmó que la adquisición de la propiedad, en el exclusivo country Las Yungas, se realizó en efectivo. El escrito advierte que la funcionaria no posee otros antecedentes laborales que justifiquen "semejante patrimonio".
Rauqel Graneros. Foto Facebook.-
La intendenta de Graneros, Raquel Alejandra Graneros, enfrenta una denuncia formal por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, radicada este lunes ante el Fuero Penal de Tucumán. El pedido de investigación fue impulsado por el legislador Manuel Courel, el concejal de Simoca Luis Escobar y el ex candidato a intendente de Alberdi, Luis Augier, quienes solicitaron a la Justicia que se determine el origen de los fondos utilizados para la compra de una fastuosa propiedad en Yerba Buena.
El escándalo estalló tras una denuncia televisiva en el programa que responde al dirigente bancario y diputado nacional Carlos Cisneros. La investigación exhibió documentación que vincula a la mandataria de 29 años con una residencia valuada entre 1 millón y 1,2 millones de dólares, ubicada en el sector 12 del country Las Yungas, específicamente sobre los lotes 70 y 71.
De acuerdo a los datos difundidos, la operación inmobiliaria se habría concretado en octubre de 2023, coincidiendo con el primer aniversario de la gestión de Graneros. Lo que genera mayor suspicacia es la modalidad de pago: la transacción se habría realizado íntegramente en efectivo y sin la intervención de créditos hipotecarios, extremo que se ve reforzado por la ausencia de deudas de este tipo en los registros de la funcionaria ante el Banco Central.
En el texto de la denuncia se destaca la participación de Ariel Mendelek, actual secretario de Hacienda de la Municipalidad de Graneros. Según los denunciantes, Mendelek habría sido el encargado de trasladar personalmente parte del dinero en efectivo a una sucursal del Banco Galicia para sellar la compra. Asimismo, se informó que una parte del saldo se habría cancelado mediante seis cuotas mensuales consecutivas de 50.000 dólares cada una. Ante estos hechos, la querella solicitó que se cite a Mendelek a prestar declaración testimonial y que la administración del barrio privado aporte los informes correspondientes.
"Graneros es uno de los municipios con mayores índices de pobreza y vulnerabilidad social de la provincia. Y con carencias históricas en materia de infraestructura, servicios públicos, desagües, caminos y asistencia a los sectores más necesitados. Esto es de una gravedad institucional tremenda", apuntó Escobar en los documentos presentados.
Además, señalaron que la propiedad en cuestión, utilizada presuntamente como casa de fin de semana, conlleva gastos de mantenimiento que resultan ofensivos para la realidad local: Graneros abonaría mensualmente expensas de $570.090 por un lote y $566.690 por el otro, sumando más de 1,1 millones de pesos mensuales solo por este concepto.
"Pedimos que se ordene la apertura de una investigación preliminar. Que se cite Mendelek a prestar declaración en calidad de testigo. Que se le pida informes a la administración de Las Yungas. Y que se nos tenga por parte denunciante y se nos informe el estado del trámite conforme avance la causa", cierró Augier.
La situación política de la intendenta se complica además por un frente de conflicto social, luego de que diez mujeres, vecinas del municipio de Graneros, que reclamaban obras públicas para mitigar inundaciones tras haber quedado prácticamente sin hogar por los temporales, terminaron imputadas en una causa penal por presuntas amenazas iniciada por la propia Raquel Graneros y su madre.
Hasta el momento, y pese a la presentación de la denuncia por enriquecimiento ilícito y la difusión de la liquidación de expensas que la señalan como titular de los lotes en Las Yungas, la intendenta ha mantenido un hermético silencio. La Justicia deberá ahora determinar si una funcionaria que trabaja en relación de dependencia con el Estado desde 2015 puede justificar la compra de una propiedad de lujo de más de un millón de dólares abonada al contado.