El Gobierno nacional anunció el fin del programa que alcanza a 900.000 beneficiarios, quienes deberán optar por esquemas de formación profesional para mantener la asistencia estatal.
Foto La Nación.-
El gobierno de Javier Milei dará de baja el plan Volver al Trabajo (VAT), una medida que afectará directamente a sus más de 900.000 beneficiarios. Según informó el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, el programa dejará de pagarse el próximo 9 de abril, fecha en la que los titulares percibirán su última asignación bajo el esquema actual.
En su reemplazo, la administración central implementará un modelo de vouchers destinados a la “formación social” y profesional. El objetivo oficial es virar desde una transferencia directa de ingresos hacia un sistema que priorice la inserción laboral mediante cursos avalados por distintos sectores productivos. Los beneficiarios ya han comenzado a recibir notificaciones sobre estos cambios a través de correo electrónico y la aplicación Mi Argentina.
El nuevo esquema introduce condiciones mucho más rigurosas para quienes deseen continuar dentro del sistema de asistencia. El Ministerio informó que se está trabajando en una red federal de centros de formación con ofertas adaptadas a las necesidades de cada región. Para garantizar la transparencia y el cumplimiento, se establecerán requisitos de asistencia y permanencia.
Bajo esta nueva lógica, quien abandone el curso perderá automáticamente el beneficio y, de acuerdo con las normativas dispuestas, no podrá volver a ingresar al programa. Esta medida busca eliminar la intermediación y asegurar que las herramientas brindadas mejoren efectivamente la empleabilidad de los participantes.
La eliminación del VAT representa la fase decisiva de una reforma iniciada en 2024, cuando el Gobierno dividió el antiguo programa Potenciar Trabajo en dos líneas: Volver al Trabajo y el Programa de Acompañamiento Social. Mientras que el primero desaparece para transformarse en el sistema de vouchers, el grupo de aproximadamente 300.000 personas que integran el esquema de acompañamiento social (destinado a quienes tienen mayores dificultades de inserción) no se verá afectado por estos cambios en principio.
Con esta decisión, el Gobierno busca dar por finalizada una transición de 24 meses orientada a dejar atrás el esquema de transferencia directa tal como se conocía.
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