La justicia federal tucumana a través del juez federal Díaz Vélez tuvo a Felipe "El Militar" Sosa en sus manos y lo dejó ir. El 21 de junio de 2023, un allanamiento en su casa de Yerba Buena reveló un cultivo industrial de marihuana: 162 plantas (el REPROCANN solo permite 9 por persona), balanza digital, 68 frascos (38 vacíos), bolsitas para fraccionar, flores compactadas en tabletas, prensa hidráulica, invernadero con LEDs y aires acondicionados. El 10 de abril de 2025, el juez federal José Manuel Díaz Vélez lo sobreseyó argumentando "uso medicinal" para tratar cervicalgia y ansiedad de "El Militar". Nueve meses después, el cuerpo de Érika Antonella Álvarez (25 años) fue hallado en un basural de Manantial Sur, envuelto en bolsas de consorcio, con la mandíbula dislocada y nudos militares. Sosa huyó a Buenos Aires en una moto de 50 millones de pesos. Lo capturaron en Pilar. Hoy está en Benjamín Paz. El abogado querellante denuncia sus "conexiones narco en fiestas electrónicas" y también "vínculos con sectores del poder político y judicial". eltucumano accedió al expediente completo. Descargue el fallo.
Juez Federal José Manuel Díaz Vélez, muy considerado con la cervicalgia de "El Militar" Sosa, presunto asesino de Érika Antonella Álvarez .
Felipe "El Militar" Sosa —ex subteniente del Ejército Argentino, ex legionario francés, empresario de seguridad privada con clientes en countries y barrios cerrados del Gran San Miguel de Tucumán— ocupa hoy una celda en el pabellón de máxima seguridad de Benjamín Paz, acusado de matar a golpes a Érika Antonella Álvarez -de 25 años- y tirar su cuerpo en un basural, envuelto en bolsas de consorcio, con la mandíbula dislocada y atado con nudos que solo un militar sabe hacer.
El mismo sujeto había sido "allanado e investigado" por la justicia federal tucumana entre 2024 y 2025. Al "El Militar" lo sorprendieron con 162 plantas (el REPROCANN solo permite 9 por persona), balanza digital, 68 frascos (38 vacíos), bolsitas para fraccionar, flores compactadas en tabletas, prensa hidráulica, invernadero con LEDs y aires acondicionados.pero el juez José Manuel Díaz Vélez lo sobreseyó argumentando el "uso medicinal" de semejante producción para tratar la cervicalgia y ansiedad de "El Militar".
Este medio accedió al expediente completo. Lo que sigue es la reconstrucción de cómo la justicia federal archivó una causa donde se secuestraron 162 plantas de marihuana, una balanza digital, 68 frascos, bolsitas para fraccionar y una infraestructura de cultivo profesional.
Expediente 8672/2023 muestra "consideración especial" de un juzgado federal de Tucumán con el presunto femicida de Érika.
Todo empezó por un divorcio. El 21 de junio de 2023, personal del Juzgado de Paz de Yerba Buena llegó a la casa de calle Frías Silva 1336 para una inspección de rutina. No buscaban drogas. Buscaban constatar el estado del inmueble en el marco de la separación de Sosa.
Lo que encontraron cambió todo.
Al traspasar la puerta, los funcionarios se toparon con una habitación de dos metros por tres con las paredes forradas en papel metalizado, siete lámparas LED de alta potencia, un farol de sodio conectado a un transformador, filtro de aire de carbono, aire acondicionado split, termómetro digital y 29 plantas de marihuana en plena floración. En la habitación de al lado, cuatro germinadores con 25 plantines cada uno —cien plantines en total— más otros seis sueltos: 106 futuros arbustos de cannabis esperando su turno. En el lavadero, el corazón de la operación: una prensa con gato hidráulico y medidor de temperatura, una balanza digital marca SF-400, 38 frascos plásticos vacíos, otros 30 frascos transparentes, un paquete de bolsitas etiquetado "Rosin Bas x 10", y 14 envoltorios con flores de marihuana compactadas en forma de tabletas que sumaban 168 gramos. En el fondo del terreno, una carpa tipo invernadero con 21 plantas más en macetas, tres en tierra y tres colgadas secándose.
162 plantas en total. 303 gramos de flores ya cosechadas. Una operación que, según el inventario del expediente, incluía fertilizantes profesionales de las marcas New Hace y Vamp, pulverizadores tipo mochila, coladores con restos de marihuana, tijeras de corte, espátulas con restos de aceite de cannabis y un sistema de ventilación con filtros de carbono para disimular el olor.
La policía provincial dio aviso a la División de Drogas Peligrosas y al Juzgado Federal de turno. Felipe Sosa, con la calma de quien tiene un as bajo la manga, exhibió tres carnets del REPROCANN, el Registro del Programa de Cannabis del Ministerio de Salud. Uno a su nombre, emitido el 23 de febrero de 2023. Los otros dos correspondían a Francisco Hernán Pavón y Marcos Rivera, que también estaban en la casa y fueron imputados junto a él.
El REPROCANN existe para que pacientes con prescripción médica puedan cultivar cannabis con fines terapéuticos. La Resolución 782/2022 del Ministerio de Salud —citada en el propio fallo que después los sobreseyó— establece los límites: cada paciente puede tener como máximo 9 plantas florecidas y transportar hasta 40 gramos de flores secas. Sosa tenía 162 plantas y 303 gramos de flores ya cosechadas. Un exceso del 522% en plantas y del 657% en flores.
Pero hay más. El fallo reconoce que los tres cultivaban en el mismo domicilio sin haberlo registrado como "cultivo solidario", que es el trámite obligatorio para que varias personas sumen sus autorizaciones en un mismo lugar. Sin ese registro, cada carnet era individual: autorizaba 9 plantas, no 162. El juez que los sobreseyó consideró esto una mera "infracción administrativa" que no convertía la conducta en delito.
Aquí es donde la historia se vuelve difícil de tragar.
El juez que firmó el sobreseimiento se llama José Manuel Díaz Vélez. Asumió como federal subrogante en diciembre de 2022 y, en aquella ceremonia de jura, se presentó ante la prensa tucumana como un cruzado contra el narcotráfico.
"La droga es un flagelo que afecta a toda la provincia", declaró a La Gaceta. "Hace 30 años que trabajo dentro de la Justicia, hace 25 años que soy secretario y constantemente puse la atención en lo que es este gran flagelo que nos aqueja. En un primer momento todos sabíamos que Tucumán era una provincia de paso, y ya desde hace varios años que este flagelo está instalado dentro de la provincia, por lo que hay que combatirlo". Y remató: "Siempre tuve oportunidad de dar varias clases sobre la ley de estupefacientes y siempre refrendé que la ley de drogas es una de las leyes más completas que tenemos".
Nota de La Gaceta del 22/12/2022: el juez Díaz Vélez prometía combatir 'el flagelo de la droga'. Dos años después sobreseyó a Sosa.
Pero no solo los sobreseyó. El fallo ordenó restituirles las 27 plantas restantes "en forma proporcional" y —esto es textual— "los elementos secuestrados en el marco de la presente causa". La balanza digital, los frascos, las lámparas LED, la prensa con gato hidráulico, los fertilizantes: todo devuelto.
Dos años y cuatro meses después de esas palabras, el 10 de abril de 2025, Díaz Vélez firmó un fallo de 22 páginas que dejaba en libertad a Felipe Sosa, Francisco Hernán Pavón y Marcos Rivera "con la expresa declaración de que la formación del presente sumario no afecta el buen nombre y honor de que gozare".
¿Cómo justificó archivar una causa con semejante volumen de evidencia?
"Los elementos secuestrados en la causa, por sí solos, no resultan suficientes para sostener la imputación, ya que durante la inspección ocular no se incautaron elementos que indiquen una actividad de comercio por parte de los imputados, tales como dinero en baja denominación, anotaciones o conversaciones que indiquen una actividad vinculada al comercio de estupefacientes".
Díaz Vélez argumenta la falta de indicios de comercialización: El juez consideró que la balanza digital, los 168 gramos compactados en tabletas, frascos vacíos y las bolsitas 'no indican actividad de comercio'.
La balanza digital, los 68 frascos —38 de ellos vacíos, listos para llenar—, las bolsitas etiquetadas para fraccionar, las flores compactadas en tabletas de 168 gramos en tabletas: nada de eso, según Díaz Vélez, indicaba comercialización. Tampoco le pareció relevante la infraestructura: las paredes metalizadas, los LEDs, los filtros de carbono, la prensa hidráulica, los aires acondicionados.
El fiscal federal Agustín Chit sí lo consideró relevante:"La infraestructura desplegada por los imputados excede con creces la que podrían tener personas que cultivan con fines medicinales propios".
Y agregó un dato que nadie pudo explicar:
"No se encontró aceite de cannabis en el lugar, ni tampoco elementos para su producción".
Si el cultivo era para tratar cervicalgia y ansiedad —las patologías que Sosa y sus coimputados declararon para obtener los carnets—, ¿dónde estaba el aceite, que es la forma más común de consumo medicinal? Lo que había eran flores secas, compactadas, listas para fraccionar y vender.
El juez ordenó destruir los 106 plantines y dos plantas que consideró excedentes. Las otras 27 plantas fueron devueltas a los imputados "en forma proporcional". También les restituyó todos los elementos de cultivo: las lámparas, los filtros, los fertilizantes, la prensa, la balanza.
La Cámara Federal de Apelaciones también tuvo la causa en sus manos, aunque en una instancia anterior. En abril de 2025, los camaristas Mario Rodolfo Leal, Patricia Marcela Moltini, Ricardo Sanjuan y Marina Cossio rechazaron un pedido de los imputados para recuperar los elementos secuestrados mientras durara la investigación. Su argumento fue claro:
"La causa aún se encuentra en período de investigación y lo que se intenta determinar es, justamente, cuál es la finalidad con la que los imputados se encontraban en tenencia de la sustancia secuestrada. Aún no es posible asegurar que los elementos cuya devolución se solicita hubieran sido utilizados por los imputados a fin de cometer un ilícito, o no".
La propia Cámara reconocía que no podía descartarse el uso ilícito. Díaz Vélez los sobreseyó igual y les devolvió todo. Un dato al margen: el juez Fernando Poviña se inhibió de participar en esa resolución de Cámara por haber intervenido en los comienzos de la causa.
Nueve meses después del sobreseimiento, el 8 de enero de 2026, trabajadores de limpieza encontraron un bulto en el basural del barrio Manantial Sur. Era el cuerpo de Érika Antonella Álvarez, una estudiante de enfermería de 25 años. Estaba envuelta en bolsas de consorcio negras, maniatada con nudos de tipo militar. La autopsia determinó que murió por traumatismo cráneo-facial y cervical. Tenía la mandíbula dislocada. Los golpes fueron directos, precisos, aplicados en zonas vitales con la eficiencia de quien sabe exactamente cómo causar daño. Los investigadores creen que pudo haber sido torturada antes de morir.
El último mensaje que Érika envió a su hermana fue desde Yerba Buena, el barrio donde vive Felipe Sosa. Cuando la policía fue a buscarlo, "el Militar" ya no estaba. Había comprado una moto KTM 1290 valuada en 50 millones de pesos —en efectivo— y escapó hacia Buenos Aires. Circulaba con el pasaporte encima, presumiblemente con intención de cruzar a Uruguay o Brasil. Lo capturaron el 16 de enero en Pilar, provincia de Buenos Aires, gracias a un dato que llegó al fiscal. Hoy está en prisión preventiva por seis meses, acusado del homicidio de Érika.
En los allanamientos a las oficinas de Sosa Group, su empresa de seguridad, se encontraron 20 escopetas disuasivas, una caja fuerte que no pudo abrirse, celulares, el disco rígido de las cámaras de seguridad, cinco camionetas y cuatro paquetes de bolsas de consorcio negras, las mismas que envolvían el cuerpo de la víctima.
Carlos Garmendia, el abogado que representa a la familia de Érika, ha sido terminante en sus declaraciones públicas:"Es una persona que tendría entrenamiento militar. Es muy peligroso y violento por la información que tenemos".
Y fue más allá:
"Aparentemente, está vinculado con el negocio de la droga en fiestas electrónicas en Tucumán".
También denunció que Sosa tendría "vínculos con sectores del poder político y judicial" y relaciones dentro del ámbito policial.
¿Explican esos vínculos el sobreseimiento de abril de 2025? ¿Explican por qué un juez que prometió combatir el narcotráfico consideró que 162 plantas, balanza, frascos y bolsitas eran compatibles con "uso medicinal" para tratar cervicalgia?
El perfil del acusado no ayuda a despejar las dudas. Felipe Sosa egresó del Colegio Militar de la Nación en 1998 como subteniente de Infantería. En 2001 integró tropas de Naciones Unidas como observador en Kuwait e Irak. Después se incorporó a la Legión Extranjera de Francia, donde se formó como comando y enfermero de combate. Participó en misiones en Guayana Francesa, Gabón y Costa de Marfil. Brindó seguridad en bases espaciales europeas, combatió el tráfico de oro, realizó rescates en selvas de tres continentes. Fue condecorado. Lo adiestraron para soportar torturas, situaciones de tensión extrema y escapar de escenarios críticos. Exactamente lo que hizo cuando supo que lo buscaban por el crimen de Érika.
En 2008 dejó la carrera militar y volvió a Tucumán. Fundó Seguridad Objetiva, una empresa que brinda servicios en comercios, barrios privados y countries. Su nombre ya figuraba en expedientes por violencia de género: su ex esposa lo denunció por lesiones y amenazas, tiene una medida de protección en su contra, llegó a estar detenido, la justicia le prohibió contacto con sus hijos. Una semana antes del crimen de Érika, su ex pareja radicó una nueva denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica por una "agresión muy grave" contra su hija.
La fiscalía maneja tres hipótesis sobre lo que pasó con Érika Álvarez. La primera: que haya muerto por un exceso de drogas en una fiesta en Yerba Buena y que Sosa se deshiciera del cuerpo para evitar problemas. La segunda: que conociera detalles de una red de venta de estupefacientes en círculos de poder y haya sido eliminada para garantizar su silencio. La tercera: que formara parte de esa red y hubiera cometido un error o una traición.
Los investigadores sospechan que Sosa organizaba reuniones donde se consumían drogas y se practicaba sexo grupal, y que el análisis de sus teléfonos podría revelar la identidad de otros participantes: empresarios, profesionales, quizás funcionarios.
Lo que ya no es hipótesis es que la justicia federal tucumana tuvo a Felipe "El Militar" Sosa sentado en el banquillo de los acusados, con 162 plantas de marihuana, balanza digital, 68 frascos, bolsitas para fraccionar y flores compactadas en tabletas como evidencia. Y lo dejó ir.
Releamos al juez federal Díaz Vélez: "no existen constancias en autos tendientes a demostrar finalidad lucrativa alguna". En el lavadero de Frías Silva 1336 había una balanza digital marca SF-400, 38 frascos plásticos vacíos, 30 frascos transparentes adicionales, un paquete de bolsitas etiquetado "Rosin Bas x 10" y 168 gramos de flores de marihuana compactadas en tabletas. Para el juez federal José Manuel Díaz Vélez, nada de eso constituía "constancia tendiente a demostrar finalidad lucrativa" de "El militar".
El artículo 336 inciso 3 del Código Procesal Penal establece el sobreseimiento cuando "el hecho investigado no encuadra en una figura legal". Es decir: Díaz Vélez no dijo que faltaban pruebas. Dijo que tener 162 plantas de marihuana, balanza, frascos y bolsitas para fraccionar no es delito.
El antecedente tucumano quehizo enojar a Jaldo y renunciar a un Juez provincial
En diciembre de 2024, un juez tucumano generó un escándalo por ordenar devolver una balanza de precisión a un imputado por drogas. Gonzalo Ascárate, del Centro Judicial de Concepción, absolvió a un hombre detenido con 82 gramos de cocaína y 3 gramos de marihuana. Su argumento: declaró inconstitucional el delito de tenencia simple, una postura doctrinaria que —más allá de su mérito— al menos tiene fundamento jurídico debatible.
El gobernador Osvaldo Jaldo salió a los medios: "Yo no sé si ese juez merece ser juez", dijo. "Es como decirle: 'Andá y seguí comercializando'". Hubo dos pedidos de juicio político. Una hora después, Ascárate presentó su renuncia.
El juez federal José Manuel Díaz Vélez sobreseyó a Felipe "El Militar" Sosa con 162 plantas de marihuana, 303 gramos de flores, balanza digital, 68 frascos, bolsitas para fraccionar y prensa hidráulica. No declaró inconstitucional ninguna norma. Simplemente escribió que "no existen constancias tendientes a demostrar finalidad lucrativa alguna". El fiscal cuestionó el fallo. Díaz Vélez le devolvió a Sosa la balanza, los frascos, las lámparas, la prensa y 27 plantas.
Nadie pidió su renuncia. Nadie pidió juicio político. el juez Federal de Tucumán José Manuel Díaz Vélez sigue en el cargo.
DESCARGAR FALLO COMPLETO DEL SOBRESEIMIENTO
El allanamiento fue el 21 de junio de 2023. El sobreseimiento se firmó el 10 de abril de 2025. El cuerpo de Érika apareció el 8 de enero de 2026. Sosa fue capturado el 16 de enero en Pilar. Hoy está preso en Benjamín Paz. Las patologías que declaró para justificar el cultivo de 162 plantas fueron cervicalgia crónica y trastorno de ansiedad generalizado.