El Congreso rechazó el veto presidencial, pero el Gobierno le exige al Poder Legislativo que determine las fuentes de financiamiento y las incluya en el Presupuesto 2026.
Javier Milei. (Foto: AFP, tomada de Perfil)
Luego de que el Congreso rechazó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el poder ejecutivo se promulgó la normativa pero postergó su aplicación hasta que el legislativo asigne las fuentes de financiamiento, y le exige al Poder Legislativo que las incluya en el Presupuesto 2026. De esta manera, los libertarios rechazan destinar el equivalente al 0,35 % del PBI a actualizar las partidas en discapacidad, cancelar deudas con prestadores de salud y ajustar pensiones no contributivas.
Las Cámaras de Diputados y de Senadores aprobaron la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero fue vetada por Milei. El veto también fue rechazado por el Congreso, y la Casa Rosada se vio acorralada a promulgar la normativa: no obstante, el gobierno suspendió su aplicación.
La justificación oficial del gobierno nacional para no poner en funcionamiento la ley es el “impacto fiscal” que la misma generaría. En ese sentido, su implementación supondría una partida presupuestaria de $3.019.508.900.000, equivalente al 0,35 % del PBI.
La Ley de Emergencia en Discapacidad extiende la emergencia en el sector hasta el 31 de diciembre de 2026 y establece una prórroga de un año más. Además, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas.
Con esta nueva normativa, se establece una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha. Es de orden público y rige en todo el territorio nacional.
En particular, se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el Indec.
Las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio. Las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.
También se estableció que el Poder Ejecutivo deberá financiar con recursos del Tesoro Nacional una compensación de emergencia a los prestadores.
Por último, en el texto de la ley se decreta que los empleadores que contraten trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años.