Mónica García de Targa, fiscal de la causa, sospecha que el exJefe Municipal habría sido cómplice de Roque “Chipi” Giménez y que juntos "habrían pretendido atentar contra la paz y el orden público del municipio".
Luis Pato Campos.-
La Justicia posa fuerte sus ojos contra el exintendente de Juan Bautista Alberdi, Luis "Pato" Campos, ya que la fiscal Mónica García de Targa decidió ampliar la investigación en su contra, al señalar que habría sido cómplice de Roque “Chipi” Giménez que ambos habrían pretendido atentar contra la paz y el orden público del municipio.
El caso se inició cuando se viralizó una grabación de la charla que mantuvieron Campos con Giménez en la que, entre otras cosas, surgían supuestos vínculos de funcionarios con narcos de la zona. Ese audio generó la intervención del municipio y que se abrieran dos expedientes.
El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz decidió investigar a Campos, a su pareja, la legisladora Sandra Figueroa, el ex secretario de Hacienda José Roldán y al supuesto empresario de la construcción Giménez de haber integrado una asociación ilícita, lavado de activos y narcotráfico.
Por su parte, la fiscal García de Targa, después de haber recibido autorización de un juez de garantías, inició otro proceso en contra de “Chipi” y de Campos. Al primero lo acusó de haber atentado contra la paz social y logró que se le dictara la prisión preventiva por seis meses. El acusado fue trasladado al penal de Benjamín Paz. Al ex intendente la representante del Ministerio Público, hasta ese momento, sólo había encontrado indicios de no haber cumplido con los deberes de funcionario público al no haber realizado las denuncias de los ilícitos que se mencionaron en la grabación.
Si embargo, la fiscal decidió en las últimas horas ampliar la investigación en contra de Campos. Al parecer, por la gravedad de los nuevos cargos que podría atribuirle, sumó fuertes indicios para tomar esta decisión. El dato más importante que surge es que para la representante del Ministerio Público es que el exfuncionario no era ajeno a la grabación que había realizado Giménez en septiembre de 2024 y que fue difundida el jueves 5 de junio.
“Usted, señor Luis Armando Campos, mantuvo una comunicación telefónica con Giménez en el cual se advierte que ambos comparten intereses comunes y conocimiento sobre determinados hechos delictivos”, sostuvo. “Así, con el fin de causar desórdenes y atentar contra la paz y el orden público del municipio, junto con Giménez y personas desconocidas al momento de la investigación grabaron dicha conversación y la filtraron haciendo uso de las redes sociales (TikTok, Facebook y WhatsApp, etc) para que la misma llegara a conocimiento de la sociedad”, añadió al fundamentar que lo investigará por intimidación público.
“Dicha conversación refería a que debía ejercerse el poder mediante el manejo de la policía, la comercialización de droga e, incluso, el control sobre la vida y la muerte de los habitantes del municipio, logrando el orden público a tal punto que la situación derivó en la necesidad de intervención del municipio por parte del Poder Ejecutivo el 9 de junio de 2025”, fundamentó García de Targa al entender que también debería ser investigado por encubrimiento agravado.
Por último, la funcionaria judicial argumentó por qué debería ser investigado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Asimismo, en su carácter de intendente del municipio de Juan B. Alberdi, tenía conocimiento de los delitos a los que Giménez hacía alusión, sin haber denunciado oportunamente dichos hechos a la autoridad competente, pudiendo hacerlo, y pese a tener el deber legal de denunciar afectando de este modo el normal desenvolvimiento de la administración pública”, sostuvo.
La fiscala, después de haber notificado la novedad, deberá definir cuándo solicitará la audiencia en contra de Campos. El ex intendente está acusado de haber cometido más delitos que el mismo Giménez, que solo fue procesado por intimidación pública.
Además, en la audiencia en contra de “Chipi”, el auxiliar Bernardo Sassi, siguiendo las instrucciones de García de Targa, solicitó que se le dictara la prisión preventiva sosteniendo que podría entorpecer la investigación amenazando testigos o alterando pruebas. Ese mismo criterio debería aplicar en contra del ex intendente, que estuvo vinculado al poder del municipio durante más de 20 años. (Fuente La Gaceta)