Este lunes a primera hora, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó el decreto que removió Luis Pato Campos y oficializó a Guillermo Norry como interventor. Además, se estableció el 26 de octubre, como fecha para que los vecinos elijan en nuevo intendente.
Darío Monteros y Regino amado, firmando el DNU de la intervención. Foto Secretaría de Comunicación.-
Luego de que se viralizara un audio, que evidenciaba posibles vínculos entre narcos y funcionarios del municipio de Juan Bautista Alberdi, este lunes a primera hora, el gobernador Osvaldo Jaldo decidió, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) intervenir la ciudad de Juan Bautista Alberdi y designó como normalizador a Guillermo Norry.
La medida se fundamenta en el artículo 139 de la Constitución de Tucumán, que habilita la intervención de gobiernos municipales ante situaciones de grave desorden institucional, y establece un plazo de intervención no mayor a 180 días.
De acuerdo a lo expresado en el DNU, el Gobierno convocó a elecciones municipales para el próximo 26 de octubre, con el objetivo de restituir la plena normalidad institucional a través del voto popular.
"Que desde hace tiempo los habitantes del municipio de Juan Bautista Alberdi han sido víctimas de sucesivos hechos vinculados con la venta ilegal de estupefacientes, que se han agravado con las denuncias penales formuladas contra las autoridades del órgano ejecutivo y del Concejo Deliberante", reza el documento que lleva la firma del mandatario, del ministro del Interior Darío Monteros y el resto del gabinete provincial.
En ese sentido, señalaron "que corresponde a la Provincia de Tucumán velar por la protección de la seguridad y salubridad pública en todo el ámbito provincial". "Es sabido que la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo, con la participación mancomunada de los tres Poderes del Estado, constituye una de las políticas centrales de esta gestión", afirmaron.
"Que los hechos acontecidos en los últimos días -sumados a otros anteriores- han originado una crisis de gravedad institucional que afecta seriamente el orden público institucional del municipio, la seguridad y las buenas costumbres de sus habitantes", agregaron, agravados porque "se encuentran involucradas autoridades del órgano ejecutivo y del Concejo Deliberante municipal, poniendo en crisis el cumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, sin perjuicio de las responsabilidades penales que además pudieren determinarse mediante los procesos pertinentes, en el ámbito del Poder Judicial".
Por último, el DNU describe que "que las razones reseñadas imposibilitan el normal ejercicio de las funciones y/o atribuciones de sus autoridades, con notoria alteración de las relaciones del Estado Municipal con la comunidad".
"Las situaciones excepcionales descriptas justifican la adopción de medidas extraordinarias, especialmente encontrándose comprometidos el orden institucional del municipio y la seguridad de los habitantes de la comunidad, valores primordiales que este Gobierno debe procurar en primer lugar, como gestor del bien común. Que si bien la presente constituye una medida de sustancia legislativa, la gravedad y urgencia de los hechos consignados ameritan recurrir a esta norma de emergencia", finaliza el decreto.