En 2022, el servicio impuesto por el entonces exintendente Germán Alfaro, fue suspendido tras una medida cautelar impuesta por diferentes actores contra la empresa Tecno Agro Vial SA, que se quedaba con el 85% de lo recaudado. La actual gestión busca reinstalar el cobro, aunque se desconoce bajo qué términos.
Imagen de archivo. Foto eltucumano.com.-
En el 2022, una medida cautelear suspendió el cobro del estacionamiento medido en san Miguel de Tucumán impuesto por el entonces intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, que privatizaba el cobro del estacionamiento en el cuadrante comprendido por avenida Avellaneda-Sáenz Peña, Roca, Próspero Mena-Lucas Córdoba e Italia, y que dejaba tan sólo el 15% de lo recaudado al municipio, mientras que el 85% era para la empresa UTE Tecno Agro Vial, encargada del desarrollo de la app. Durante los días que funcionó, se estimó que el dinero que se obtenía eran unos $5.000.000 diarios (con un dólar blue por entonces en $296).
A tres años de esta decisión judicial, el Ministerio Público Fiscal (MPF) emitió un dictamen -no vinculante- donde señala que “no existe exceso” en las normativas dispuestas en el ámbito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para implementar el servicio.
Con este paso cumplido, la Fiscalía Municipal a cargo de Conrado Mosqueira elevó un nuevo pedido a la Sala II para solicitar que las juezas Ana María José Nazur y María Felicitas Masaguer avancen con una decisión definitiva. “En fecha 14 de mayo de 2025 pasa a estudio los autos para sentencia”, reza la actuación publicada en los registros web del Poder Judicial de Tucumán.
Tras la puesta en marcha, en julio de 2022, distintos actores -entre ellos, la Defensoría del Pueblo, la organización de usuarios Fodecus y un grupo de “cuidacoches”- concurrieron a la Justicia provincial para cuestionar la legalidad de la contratación de la firma Tecno Agro Vial SA. Sobre la base de las demandas, la Sala II dictó una medida cautelar que puso en suspenso el servicio por tiempo indeterminado.
El expediente acumuló pruebas y argumentos de las partes. La semana pasada, se incorporó el dictamen de la Fiscalía de Cámara, que lleva la firma de Juana Inés Hael.
En el texto, la representante del MPF analizó los antecedentes del caso, y advirtió que la decisión de fondo corresponde “exclusivamente al tribunal”, por lo que la Fiscalía se abstuvo de emitir un dictamen respecto a la procedencia de la acción intentada.
En cambio, sí se analizaron otras cuestiones; entre ellas, el proceso de contratación de la firma Tecno Agro Vial SA para prestar el servicio de estacionamiento pago; y las diferentes demandas incorporadas a la acción colectiva. En ese marco, se mencionaron las ordenanzas que dieron lugar al acuerdo, así como las disposiciones de la Ley Orgánica de Municipalidades y de la Constitución provincial. “De la lectura de la normativa señalada se advierte que no existe exceso en la actividad suscripta por el Departamento Ejecutivo Municipal que se cuestiona en el caso, por lo cual el planteo de inconstitucionalidad articulado en este sentido no resulta procedente”, consideró el MPF. Y advirtió que, en este escenario, “la acción en representación de los vecinos de San Miguel de Tucumán no resulta procedente, toda vez que entre las potestades del Ente Municipal está la de regular el estacionamiento pagado o medido”.
Según La Gaceta, en la sede de 9 de Julio y Lavalle tomaron especial nota de este apartado, dado que, si bien resta la sentencia de fondo, representa un antecedente favorable al municipio pensando en la puesta en marcha de ese servicio y a la potestad de concesionar el estacionamiento pago. De hecho, en planteos anteriores, la Fiscalía Municipal había advertido a la Sala II que la vigencia de la cautelar genera perjuicios al erario de la Capital.
En esa línea, el municipio elevó un nuevo escrito al tribunal para requerir que se dicte el fallo definitivo, y la Sala II avanzó en tal sentido. Y si bien las partes podrían apelar cualquier decisión, el interrogante se centra en si la administración de la intendenta Rossana Chahla podrá reactivar -con la actual contratista u otra empresa, según disponga el fallo- el estacionamiento medido en la ciudad.