El gobernador firmó este miércoles el DNU que remueve al delegado comunal de El Mollar, Jorge Cruz, hasta que se resuelva su situación judicial. Quién asumirá el cargo y cómo sigue la causa.
Apenas regresó a la provincia de su viaje a Buenos Aires, el gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo resolvió este miércoles por la tarde a través de un DNU apartar al delegado comunal de El Mollar, Jorge Cruz, hasta tanto se esclarezca su participación en el caso por la venta de tierras fiscales de la Reserva La Angostura.
“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Nosotros no avalamos a nadie y pedimos que la Justicia vaya a fondo, sea con las personas que han accedido, con funcionarios de gestiones anteriores y actuales. Que se esclarezca y que les caiga todo el peso de la ley”, declaró Jaldo en diálogo con el diario La Gaceta.
El Decreto de Necesidad y Urgencia N°2/10 lleva las firmas de los ministros de Gobierno y Justicia, Regino Amado; de Economía y Producción, Daniel Abad; de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; de Educación, Susana Montaldo; de Interior, Darío Monteros; de Desarrollo Social, Federico Masso; de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur; y por el secretario General de la Gobernación, Federico Nazur. Se informó oficialmente que el DNU será publicado mañana en el Boletín
También informaron que, hasta tanto se resuelva el caso, asumirá interinamente el subdelegado Ramón Pacífico Avila, quien será puesto en funciones mañana a primera hora por el ministro del Interior, Darío Monteros.
La decisión del gobernador se produce después de que el comisionado Cruz se transformó en el séptimo sospechoso de haber integrado el grupo que habría usurpado las tierras de la Reserva La Angostura para luego comercializarlas. La noticia se conoció el pasado 3 de febrero luego de que se allanara la sede comunal y la casa paterna del funcionario donde se secuestró valiosa documentación que complicaría su situación procesal.
En octubre pasado, empleados estatales descubrieron que desconocidos estaban ocupando la zona protegida. La Policía derribó varios cercados y la fiscal de Estado Gilda Pedicone comenzó a actuar judicialmente. Primero logró que una jueza dictara una medida de no innovar para evitar nuevas ventas y que se siguiera construyendo en el lugar. Luego presentó una denuncia penal contra el titular del proyecto inmobiliario Juan Pablo Castro y contra cualquier otra persona que surgiera por los delitos de usurpación y estafas reiteradas. Por último, en un fallo sin precedentes, el representante de la Fiscalía de Estado José María Molina, con el apoyo del Ministerio Público Fiscal, logró que un juez restituyera de manera provisoria las tierras a la Provincia.
El juez que dispuso la reposición de las tierras le pidió al Ministerio Público que avanzara con la investigación contra el delegado Jorge Cruz. “Conforme las evidencias probatorias que fueron expuestas, el señor Delegado Comunal de El Mollar no sería ajeno, por comisión u omisión, a los presentes ilícitos, ya que en su cargo tiene la obligación de controlar todo lo referente a la urbanización de la comuna a su cargo, y especialmente, lo referente a planos de mensura, división y loteo”, aseguró. “Máxime considerando que, conforme las evidencias mencionadas, el delegado comunal habría recibido pago en terrenos por hacer, nada más y nada menos, que lo que es una de sus obligaciones funcionales”, añadió.
En el expediente aparecen numerosos indicios en contra del funcionario. Por ejemplo, él firmó la nota de factibilidad de concretar el suministro de agua potable en agosto de 2023, tres años después de que comenzaran a venderse los lotes y a pesar de que ese trámite debe ser realizado antes de que comience la venta.