El Gobernador confirmó que envió una denuncia penal contra la persona que "ha lucrado" con esto. Investigarán a funcionarios por la comercialización de tierras en la reserva de La Angostura.
Foto: Comunicación Tucumán
“Después de mucho tiempo, recién se están tomando medidas realmente en serio, medidas que responden a una política no aislada solamente en El Mollar, sino en toda la provincia de Tucumán. En nuestro gobierno, vamos a hacer respetar la propiedad privada, tanto pública como fiscal, como privada del gobierno. No vamos a permitir usurpaciones”. Con esa contundencia, el gobernador Osvaldo Jaldo se refirió al conflicto de tierras en El Mollar, destacando las medidas que se están tomando para garantizar el respeto a la propiedad privada en Tucumán.
“Todo lo que es en El Mollar está ya en el Poder Judicial. Todas aquellas usurpaciones, en la medida que podamos y lleguemos a tiempo, lo vamos a hacer con la Policía. Y si no, también pediremos el acompañamiento del Poder Judicial, como lo estamos haciendo en este momento”, agregó el mandatario al ser consultado sobre el tema.
Asimismo, el Gobernador anunció que se realizará una denuncia penal contra los responsables de la venta irregular de las tierras. “He dado instrucciones a la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, para que también haga la denuncia a quien vendió las tierras en El Mollar. Porque hasta acá, el que vendió las tierras, el que hizo el negocio, el que cobró, no está apareciendo, no está dando la cara", sostuvo y garantizó que "hoy o mañana a más tardar, le entra una denuncia penal a quien ha lucrado con las ventas de las tierras fiscales”.
Finalmente, Jaldo reiteró que no se permitirá la construcción ni la radicación de personas en zonas de peligro o que carezcan de las factibilidades necesarias. “En esas tierras no se pueden vivir, es el perilago que no se puede construir y es zona peligrosa, donde pueden también correr riesgo las personas que se instalen. Y todo eso es responsabilidad de la provincia: cuidar las tierras fiscales, cuidar la seguridad y la integridad de las personas, de los tucumanos”.
Venta de tierras en la reserva La Angostura
El Gobierno descubrió que desde 2020 se vendieron lotes que eran tierras fiscales. Comenzaron a averiguar y descubrieron que un hombre Juan Pablo Castro estaba comercializando los terrenos de la Reserva que supuestamente se le habían otorgado para el pastoreo de animales. Por un planteo judicial, la Provincia logró que una jueza, a través de una medida cautelar, suspendiera la venta de parcelas y las construcciones en las viviendas que se estaban edificando en ese lugar.
Los compradores de los terrenos presentaron la documentación correspondiente para demostrar que habían adquirido las parcelas de buena fe. Con esto, los abogados de la Fiscalía de Estado lograron determinar que se trataba de un proyecto inmobiliario que había pasado por cuatro reparticiones del Estado, pero ninguna de ellas lo había autorizado.
Pero ahora surgió una quinta repartición: la Secretaría de Municipios y Comunas sólo aprobó un anteproyecto y nada más. “Ese documento sólo es un paso administrativo más, no la finalización del trámite que actualmente no existe”, aseguró Pedicone.
El plano del organismo fue utilizado por el delegado comunal Jorge Cruz para llevar tranquilidad a los compradores. Días después que se descubriera el caso, el funcionario citó a las personas que habían adquirido las tierras a una reunión. Uno de los asistentes decidió filmar la reunión para que quedara un registro de lo que ocurriría allí sin que el delegado se diera cuenta.
Según La Gaceta, en esa cita, el comisionado fue filmado y quedó comprometido al explicar que Catastro y la Fiscalía de Estado decidieron hacer un relevamiento de la zona del perilago porque el legislador opositor Ricardo Bussi había subido un video a TikTok denunciando la usurpación de tierras fiscales en la Reserva de La Angostura.
“Tenemos el plano de la Secretaría de Municipios y Comunas que aprobó el proyecto. Ellos son los que articulan con Catastro. Para nosotros todo esto era normal”, les dijo. Ahora se descubrió que esa información no era la correcta.
Ese no es el único indicio que existe en contra de Cruz. Los compradores consultados no sólo dijeron que en la comuna le habían confirmado que el loteo era legal, sino que informaron que hasta el mismo comisionado habría adquirido dos propiedades que podría haberlas vendido con el paso del tiempo.
Ahora, una fiscalía del Centro Judicial Monteros deberá comenzar con la investigación del caso. El único señalado es Castro, ya que él aparece como titular del proyecto inmobiliario. Se trata de un hombre de unos 85 años que no usa celular y que probablemente, no tenga los estudios primarios completos.
De esa investigación podrían surgir otros nombres, entre ellos de funcionarios y empleados estatales que habrían tenido alguna participación en el caso. “Hemos recibido instrucciones del gobernador Jaldo de ir hasta el fondo. Sin importar de quién se trate”, sentenció Pedicone.
También resta saber qué sucederá con las personas que compraron los terrenos de la Reserva. “Los documentos que nos presentaron sirvieron para armar el mapa de lo que ocurrió en este caso. Sin embargo, ninguno de ellos sirven para probar que adquirieron un terreno que estaba escriturado. En otras palabras, no pueden demostrar su titularidad”, cerró Pedicone.