El pasado jueves, la Legislatura aprobó una modificación a la Ley 9.763, para que fiscales y defensores queden exceptuados de acogerse obligadamente a la jubilación, al igual que los jueces, aunque cumplan con los requisitos previsionales exigidos.
Imagen de archivo.-
En la última sesión realizada en la Legislatura de Tucumán, se sancionó -por mayoría- una modificación a la Ley 9.763, para que fiscales y defensores queden exceptuados de acogerse obligadamente a la jubilación, al igual que los magistrados, aunque cumplan con los requisitos previsionales exigidos.
El proyecto de ley fue presentado por los legisladores Sergio Mansilla (presidente subrogante de la Cámara), Alberto Olea y Alfredo Toscano (vicepresidente segundo). En el texto se proponen cambios en el artículo sexto, para ampliar el espectro de funcionarios judiciales exceptuados de jubilarse por cumplir con los requisitos etarios y de aportes establecidos por la legislación previsional. Se insta a que las disposiciones de la norma no sean aplicables para fiscales y defensores, además de los ya incluidos en la norma vigente: jueces de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y de tribunales inferiores; el ministro Público Fiscal y el Pupilar y de la Defensa, así como los vocales del Tribunal de Cuentas.
La iniciativa habría sido solicitada por autoridades judiciales y generó controversias en la comisión de Legislación General, al punto que surgieron dos dictámenes. Uno de mayoría, en respaldo de las modificaciones, con las firmas del presidente del comité, Gerónimo Vargas Aignasse, y del legislador oficialista Mario Leito. Sin embargo, hubo un dictamen de minoría para que directamente se derogue el artículo sexto de la Ley 9.763, con las firmas de Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) y José Macome (La Libertad Avanza). En caso de igualdad de firmas, el reglamento interno fija que se considera dictamen de la mayoría el que suscribe la máxima autoridad de la comisión.
La sanción de la norma sacó nuevamente a la luz los privilegios con los que cuentas los funcionarios de la Justicia tucumana y generó críticas de legisladores, que según La Gaceta, hasta hablaron de "casta judicial".
Vargas Aignasse, miembro informante, aclaró que fue una omisión no haber incorporado a fiscales y defensores inicialmente, dado que también gozan de inamovilidad en la Constitución. De todos modos, reconoció que no es cómodo trabajar en una ley que genera un privilegio. “No es la Legislatura ni los autores los que generamos este privilegio”, dijo el legislador oficialista. Y continuó: “a nadie le gusta votar una ley que genera un privilegio sectorial en desmedro de otro; no estamos a gusto sancionando esta ley”.
Berarducci subrayó que los integrantes del Poder Judicial no dejan de ser ciudadanos comunes, igual que los legisladores. “Estamos legislando sobre un privilegio y hoy la ciudadanía está pidiendo todo lo contrario”, lanzó el parlamentario, que en los fundamentos de su dictamen en minoría, remarcó que con los cambios propuestos se estará otorgando más privilegios a un sector que ya los tienen. Además, cuestionó -sin nombrarlo- al titular del Ministerio Público Fiscal, Edmundo Jiménez, quien declaró que no tenía pensado jubilarse porque no le haría bien quedarse sin su actividad. “La inamovilidad no se debe transformar en perpetuidad”, dijo. Afirmó con una encuesta que hay descreimiento de la sociedad a la Justicia porque forman parte de una casta. “Todos sabemos que es así”, acotó posteriormente Vargas Aignasse, pero remarcó que hay jurisprudencia a favor de los magistrados (recordó el fallo “Fayt”).
Por su parte, Silvia Elías de Pérez se expresó en contra de que los jueces sean vitalicios “hasta que la muerte los separe”. Aseguró que trabajará en un proyecto de ley para que se regule el artículo 112 de la Constitución, que establece que “los jueces de Corte y demás Tribunales inferiores, los representantes del Ministerio Fiscal y Pupilar, permanecerán en sus cargos mientras dure su buena conducta”.
El radical José Cano expuso que las excepciones pone en “discriminación absoluta” al resto de los trabajadores del Estado y rechazó que los funcionarios judiciales estén en el cargo “hasta que se les antoje”. El libertario José Macome, en tanto, aseguró que como legislador no quiere darle privilegios a la Justicia y sumó su rechazo a la iniciativa. Claudio Viña, por su parte, recordó que la ley nació como ejemplificadora, apuntando al equilibrio fiscal, pero que luego comenzó a cambiar según la cara del cliente. Mencionó que es una cuestión caprichosa y desaprobó que se incluya a prácticamente todos los funcionarios judiciales entre las excepciones.
Por último, Roque Tobías Álvarez, planteó en el cierre del debate que para él la inamovilidad no significa vitalicio y que el país se rige bajo un sistema republicano, federal y representativo. Mencionó a su vez que el Poder Judicial se ha venido manejando como una corporación. De todos modos, recordó que ya votaron a favor de las primeras excepciones por lo que el bloque votaría en idéntico sentido, como lo hicieron.