El reconocido abogado obtuvo un dictamen favorable en la audiencia realizada este jueves ante el Tribunal de Impugnación. Denuncia de torturas y apremios policiales.
Morales y su abogada defensora se retiran de tribunales. (Foto: José Romero Silva)
Este jueves por la mañana quedó firme la libertad del abogado Gustavo Morales, quien había sido detenido a fines de febrero en su domicilio particular por su presunta participación en la frustrada sedición policial detectada a tiempo por el Gobierno provincial. La jueza Laura Casas, del Tribunal de Impugnación, no encontró motivos para hacer lugar al planteo de la fiscal Mariana Rivadeneira, quien apeló el dictamen del juez Alejandro Valeros por el cual se liberó al letrado al no hallar motivos de fuga o entorpecimiento de la causa. Rivadeneira solicitaba al juzgado la anulación de esa decisión judicial y una medida de prisión preventiva de 90 días.
“Hoy rechazan la apelación y confirman mi libertad”, celebró Morales ante la consulta de eltucumano.com. “En mi caso particular no hay peligro de fuga ni entorpecimiento de la actuación, porque soy un reconocido abogado que prácticamente –entre comillas- tiene su domicilio laboral en los pasillos de laborales, porque todo el día está en audiencias y porque me han secuestrado mis celulares y por consiguiente no hay motivo para pedir una medida de mayor intensidad como una prisión preventiva”, explica, haciendo referencia a la anterior resolución del magistrado Valeros, ratificada por su par Casas.
Resolución judicialRESUELVE:
I.- DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la Dra. Marta Mariana Rivadeneira, titular de la Unidad Fiscal especializada en Delitos Complejos, en contra de la sentencia de fecha 01/03/2024 dictada por el Sr. Juez del Colegio de Jueces y Juezas del Centro Judicial Capital, Alejandro José Benjamín Valeros, conforme lo considerado y lo dispuesto en los Arts. 301, 308 Inc. 5, 240 y Ccs. del CPPT.
II.- NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, CONFIRMAR íntegramente la sentencia impugnada, conforme fuera considerado (Arts. 4°, 5°, 235, 236 Incs. 3, Ap. 1, Sub-Ap. 2 contrario sensu; y Ap. 2, Sub-Ap. 2 contrario sensu C.P.P.T.).
Durante el debate, Gustavo Morales, todavía imputado en la causa por sedición policial, hizo referencia a los maltratos y apremios policiales denunciados horas después de su detención. Ante el tribunal, volvió a apuntar contra el jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girveau, a quien acusó de golpearlo al interior de su vivienda mientras aguardaban la llegada del prosecretario del Ministerio Público Fiscal (MPF), de testigos de actuación y de un veedor del Colegio de Abogados de Tucumán. Prueba de ello, señaló ante la jueza y los presentes, es la camisa que utilizó ese día, visiblemente rota y con lo que asegura son manchas de sangre.
“Fue para que vean la jueza y todo el público que la Policía obró de forma delictiva”, explicó el abogado y concluyó: “No lo hacen constar en el acta, pero tengo filmaciones y tengo testigos; y así queda mi camisa”.
La orden de detención contra Gustavo Morales tuvo lugar el pasado 29 de febrero. La misma se basa en presunciones de participación en el intento de sedición policial a partir la actividad del letrado en redes sociales y servicios de mensajería instantánea como Tik Tok y WhatsApp, respectivamente.
Para la fiscal Mariana Rivadeneria, algunos comentarios y la presencia del abogado en un grupo con nombre relacionado al reclamo salarial policial fueron suficientes para suponer que Morales formó parte de los instigadores del frustrado levantamiento de las fuerzas provinciales de seguridad. Este argumento fue aceptado sin más por la jueza Valeria Mibelli, quien posteriormente ordenó el allanamiento y la posterior detención.
Una semana después del cumplimiento de la orden judicial, un informe elaborado por la Comisión de Juicio Político del Colegio de Abogados de Tucumán dejó entrever una situación más que preocupante a partir del accionar de Mibelli y Rivadeneira. Una actuación que sienta un precedente oscuro ante la posibilidad cierta de disponer judicialmente de la libertad de las personas por el solo hecho de ejercer su derecho a la libre expresión.
“…siendo rigurosos debemos señalar que, la Jueza, debió de detener la acusación por cuanto de la descripción de los hechos relativos a la actividad presuntamente cumplida por Gustavo Morales no surge cosa distinta al libre ejercicio de su derecho a expresarse, el cual es un derecho constitucional que la Sra. Jueza esta llamada a proteger… consideramos que ha incurrido en incumplimiento grave de sus deberes de Jueza de garantía”, reza parte del análisis firmado por integrantes del cuerpo letrado, quienes además sugirieron al presidente del organismo la elevación a la Legislatura de Tucumán de un pedido de juicio político en contra de la jueza y la fiscal actuantes.