Mediante la Ley que Javier Milei envió al Congreso, se propone acotar la ley Micaela y volver a conceptos como "violencia familiar" y "niños por nacer".
La Ley Micaela será una de las leyes modificadas.-
El presidente Javier Milei envió un kilométrico proyecto de ley ("Ley Ómnibus") al Congreso de la Nación, casi inabarcable y que afecta a la vida cotidiana de todos los argentinos. Con una pequeña "trampa" inicial, ya que propone como primer punto "validar" el DNU anunciado el pasado 20 de diciembre, luego enumera las propuestas, entre las que incluye delegar facultades legislativas en el presidente al menos por dos años, por lo que el Congreso no funcionaría hasta 2026 y el poder se concentraría en la figura de Javier Milei.
Además, este paquete de normas enciende otras alarmas en materia de políticas de género. Una de ellas es la modificación de la Ley Micaela y otra, la incorporación de la figura del “niño por nacer” como sujeto de derechos.
Modificación de la Ley Micaela
Si bien todavía no se sabe qué programas y políticas seguirán adelante, todo hace pensar que el enfoque de trabajo no tiene demasiadas chances de tomar distancia de la mirada antiderechos que expresa en general La Libertad Avanza como espacio político. Y hay un ejemplo que es muy ilustrativo en ese sentido: Una de las tantas tareas del Ministerio de las Mujeres, géneros y diversidad era llevar adelante las capacitaciones de la ley Micaela. Hoy, dentro del paquete de leyes de ajuste (con título simil a las Bases de Alberdi: "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos") que Javier Milei envió al Congreso, se incluye una propuesta de modificación de esa norma.
La ley Micaela fue promulgada en el año 2009 y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.
Pero la propuesta para su modificación acotaría su rango de acción, ya que dice que “Se establece la capacitación obligatoria en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia.” Es decir, se destruye la función clave, al fin y al cabo, la gracia, de una ley que tenía como objetivo concientizar sobre violencia machista a funcionarios de los tres poderes alejados del tema.
Nomenclaturas antiderechos
Otra de las propuestas de la ley ómnibus que representa retrocesos en materia de políticas de género tiene que ver con la modificación de la Ley Mil Días, de acompañamiento en el cuidado de la salud de la primera infancia.
“La presente ley tiene por objeto fortalecer el cuidado integral de la salud de las madres en situación de vulnerabilidad y de los niños desde el momento de su concepción hasta los tres años”, dice el texto que incorpora la figura del “hijo por nacer” como sujeto de derechos. Y que cambia la denominación “persona gestante”, que se usa para incorporar a los varones trans, para hablar sólo de “mujer embarazada”.
Y además, todo el texto de la Ley ómnibus -incluida la modificación de la ley Micaela- establece una diferencia conceptual que no es menor: prioriza la expresión “violencia familiar y contra la mujer” por sobre el concepto de “violencia de género”. Es una diferencia política, de abordaje, que no sólo desdibuja la diversidad, sino que también retrocede décadas en la concepción de la violencia machista. Hablar de “violencia de género” implica que ésta puede ocurrir en distintos ámbitos (en el trabajo, en la vía pública, en los medios), no sólo en el universo doméstico. Y es también un modo de encubrir que es posible sobre la base de desigualdades estructurales.
Fuente: página 12.