Tras el Decretazo que anunció por Cadena Nacional, el presidente envió al Congreso el proyecto de Ley Ómnibus, un atropello constitucional. Anoche aseguró que "hay legisladores que buscan coimas", anticipándose a su negativa para poder emular el autogolpe del dictador peruano.
Tanques del ejército peruano frente al Congreso en el Fujimorazo. (Foto tomada de elperfil.pe)
Tras la masiva marcha contra el Decretazo que lanzó la semana pasada, el presidente Javier Milei envió al Congreso su Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocido como Ley Ómnibus, un verdadero atropello constitucional a cuyo rechazo se anticipó anunciando que si es objetado impulsará un plebiscito y denunciar que "hay legisladores que buscan coimas". El líder de La Libertad Avanza está criminalizando al Congreso de la Nación para dar un Fujimorazo y emular el autogolpe de Estado del dictador peruano Alberto Fujimori en 1992.
Anoche, en una entrevista con Luis Majul en LN+, Milei aseguró que hay diputados y senadores que "buscan coimas" cuando "les gusta tanto la discusión", es decir el debate parlamentario: "No tienen consciencia de la gravedad de la situación, o la subestiman. Hice un posteo con una frase de Frondizi. Los que me cuestionan la forma imagino que estarán despotricando contra él. Sabiendo que cuando entra la maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo. Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos. Ojo que hay mucho vivillo dando vuelta", arremetió.
"Está contemplado en la Constitución, el problema es que no les gusta, no lo pueden decir, quieren agarrar algún beneficio para aprobar la ley. Va en contra de los tongos de la casta. El problema es que con este mecanismo no pueden morder", fustigó el presidente, que tiene la obligación de denunciar algún delito si toma conocimiento del mismo, que hasta el pasado 9 de diciembre se desempeñó como diputado nacional, y luego de que los constitucionalistas más prestigiosos y reconocidos del país -incluso aquellos a priori más afines a su ideología política- se pronunciaron enfáticamente en contra del Decretazo que busca modificar de un plumazo más de 100 leyes y sin tratamiento del Poder Legislativo.
A esa ofensiva, cuyo diseño estuvo a cargo del agente paraestatal Federico Sturzenegger que no tiene ningún cargo en el Poder Ejecutivo pero se regodéa de ser el autor del plan de "desregulación" que incluso se sospecha fue redactado por los propios bufetes de abogados de las grandes empresas extranjeras de máxima injerencia en el territorio nacional para "que cumpla todas las fantasías de las grandes empresas y ponga de rodillas a las organizaciones colectivas que no responden al poder económico", a decir del periodista Diego Genoud.
No conforme con ello, ahora Milei mandó al Congreso su Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que incluye privatizaciones de empresas estatales, una reforma del sistema electoral, las jubilaciones, habilita un blanqueo, reduce el Impuesto a los Bienes Personales, sube las retenciones pero principalmente atribuye superfacultades al Poder Ejecutivo por encima del Poder Legislativo principalmente y criminaliza la protesta social, bajo amenaza de duras penas de tres a seis años.
De sopetón, entre las disposiciones finales, propone la ratificación del DNU 70/23, el Decretazo que anticipa los diputados y senadores que "buscan coimas" van a rechazar.
Milei pretende la ratificación de su Decretazo en las disposiciones finales de su Ley Ómnibus.
La criminalización del Congreso de Milie no es más que una emulación del Autogolpe de Estado de Perú del 5 de abril de 1992, el Fujimorazo: con colaboración de los sectores militares, el presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso y Poder Judicial y asumió en pleno ambos poderes tras aplicar su Plan Verde. Mediante un autogolpe de Estado, se mantuvo en el poder hasta el año 2000 y finalmente fue condenado recién en 2009.
Fujimori justificó su pedido de "superpoderes" por la guerrilla de Sendero Luminoso: tras la negativa del Congreso, que comenzó a investigar presuntas violaciones a los derechos humanos, el dictador resolvió la disolución del Congreso con apoyo de las fuerzas armadas. "Tal es el caso de la promulgación de la Ley N° 25397, denominada Ley de Control Parlamentario sobre los actos normativos del Presidente de la República que pretende maniatar a éste, recortándole atribuciones elementales para gobernar", sentenció en el discurso en el que justificó su medida.
Luego, procedió a intervenir el Consejo Nacional de la Magistratura, la Contraloría General y el Tribunal de Garantías Constitucionales y presionar a los medios de comunicación peruanos para liderar el autodenominado "Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional".
Mediante el Decreto Ley Nº 25418, Fujimori disolvió el Congreso y otorgó al Poder Ejecutivo todas las facultades legislativas, suspendió gran parte de la Constitución y facultó al presidente a promulgar diversas reformas, como la "aplicación de penas drásticas" a los terroristas.
El presidente de la cámara de diputados del Poder Legislativo, Roberto Ramírez, fue detenido en su hogar; lo propio ocurrió al parlamentario César Barrera Bazán y el periodista Gustavo Gorriti.
Fujimori convocó elecciones para conformar un nuevo congreso, más tarde denominado Congreso Constituyente Democrático; allí, obtuvo la mayoría que redactó la Constitución de 1993. A su vez, recortó la independencia del poder judicial y los derechos constitucionales con una declaración del estado de emergencia y toques de queda, además de promulgar polémicas "leyes de emergencia severa" para hacer frente al "terrorismo".
El Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos de Milei