El empresario tucumano deberá sentarse en el banquillo del juzgado federal de la vecina provincia, donde, este martes 2 de mayo, responderá por el vuelco de vinaza por parte del Ingenio La Florida, que afectó a una localidad santiagueña.
Imagen de Archivo. Jorge Rocchia Ferro.-
Este martes 2 de mayo, a partir de las 9, el empresario tucumano, Jorge Rocchia Ferro, deberá responder en el Juicio Oral y Público que se llevará adelante en el Juzgado Federal de la provincia de Santiago del Estero.
El dilatado juicio se da luego de que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal hiciera lugar, en noviembre de 2020, al recurso interpuesto por la titular de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, Indiana Garzón, y revocara la resolución de ese órgano que hizo lugar a la suspensión del proceso a prueba en favor de Rocchia Ferro -propietario del ingenio y destilería La Florida, ubicado en la provincia de Tucumán- y José Ramón Coronel -responsable administrativo del establecimiento-, quienes están acusados de envenenar y/o adulterar aguas potables.
En la justicia federal de Santiago del Estero y Tucumán tramitan distintas causas por contaminación ambiental vinculadas a la cuenca Salí-Dulce. En Santiago del Estero, los hechos por los que fueron imputados y procesados Rocchia Ferro y Coronel motivaron el requerimiento de elevación a juicio por el delito de contaminación ambiental por dos hechos en concurso real, y en concurso formal con el de desobediencia judicial.
En agosto de 2019, el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero hizo lugar a la suspensión del proceso a prueba solicitada por la defensa de los imputados -a pesar de que ya se había fijado fecha de debate oral-, lo que motivó que la titular de la Fiscalía General interpusiera recurso de casación, en el que solicitó anular la resolución, dictar una nueva y ordenar la celebración del juicio oral y público, que se realizará este martes.
En su presentación la fiscal recordó “el carácter vinculante que presenta esa oposición fiscal" y destacó que ello "no fue tenido en cuenta en la resolución ni valorado por los jueces que desestimaron los planteos con aseveraciones falsas”. Agregó que “resulta improcedente una conducta de ejecución condicional para los imputados dada la acumulación de causas, el grado de contaminación del medio ambiente, la gravedad del hecho y del daño causado, la pluralidad de delitos y la conducta desidiosa de los imputados”.
La investigación se inició con una denuncia realizada por el fiscal de Estado y el defensor del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero, en la que daban cuenta de que, en el canal de drenaje conocido como "Canal del Este", se había producido el derrame de más de 80 millones de litros de vinaza en estado puro, un derivado del etanol que si no tiene un tratamiento adecuado -como sucedió en este caso-, resulta altamente contaminante, y que provenía de las instalaciones de “La Florida” y cuyos efectos se propagaron desde la provincia de Tucumán hacia la población de El Palomar, en Santiago del Estero.