Inquilinos de un edificio aseguran que en uno de los departamentos funciona un prostíbulo. Susana Trimarco confrontó al supuesto proxeneta, solicitó allanamiento y la respuesta de la Justicia Federal frustró toda posibilidad de hallar respuestas. Los detalles.
Susana Trimarco, presidente de la Fundación María de los Ángeles.
Son las 12:30. En un edificio de 25 de Mayo al 300, Susana Trimarco habla por teléfono con un empleado de la Justicia Federal de Tucumán. Está agitada, indignada y varios micrófonos la rodean para intentar captar la respuesta de quien está del otro lado. Lo que escucha no la conforma. Insiste, demanda que se cumplan con los procedimientos que la feria judicial paralizó, pero que debían haber sido activados mucho tiempo antes. En el lugar inquilinos denuncian que funciona un prostíbulo y citaron a la presidenta de la Fundación María de los Ángeles para solicitar su ayuda ante la inacción judicial.
Existen dos causas abiertas contra los inquilinos del departamento apuntado. La primera, por una denuncia realizada en conjunto por los vecinos y administrador del edificio, en mayo; y la segunda hecha por la Fundación María de los Ángeles al mes siguiente. Una investigación preliminar realizada por Gendarmería Nacional acreditaría que lo que funciona allí sería efectivamente un prostíbulo. El 6 de julio pasado, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) presidida por Daniel Weisenberg, ordenó un allanamiento basado en estas pruebas y, por razones que no han podido determinar, la medida jamás se cumplió.
“Es un caos esto, doctor”, dice Trimarco al teléfono mientras intenta explicar que dentro del departamento al que minutos antes llamaron a la puerta hay dos mujeres, una de ellas encerrada, que estarían siendo explotadas sexualmente por una pareja. “De acá no nos vamos a mover hasta que la Justicia Federal no tome cartas en el asunto; porque no sabe todas las cosas que pasan aquí”, advierte.
Tal y como describe Trimarco, es un caos el pasillo del departamento investigado. Hay reporteros de varios medios tucumanos y también se apersonó Graciela, quien asegura ser la verdadera dueña de la unidad de vivienda, que cuenta les alquiló a los denunciados temporalmente por tres meses, contrato que venció el 1° de junio. Desde entonces, les ha sido imposible acceder y mucho menos recuperar el departamento. El acusado dice ser prestamista.
Las quejas de vecinos del edificio comenzaron hace un mes y medio, quince días después de que ocuparan el departamento. Le enviaban mensajes a la dueña, que se encontraba en Buenos Aires, denunciando que había mucho movimiento y se escuchaba el ruido constante a la altura de los dormitorios, presumiblemente de camas golpeando las paredes o arrastrándose.
“Estoy con un bolsito en la calle porque eran tres meses lo que me habían alquilado por un trabajo. Me fui a Buenos Aires a ver a mi hija con un bolsito y a la semana empezaron a meter gente. Vine a hablar con ellos en paz, les dije que les devolvía los tres meses y no quisieron irse”, describe la supuesta dueña, que afirma haber ido a la Policía y que la respondieron que debía esperar que finalice el contrato. Ante la insistencia, los demandados contestaron con una denuncia que terminó en una restricción de acercamiento contra Graciela.
A través de un hilo de Twitter, Mariano Romero, una de las periodistas presentes en el lugar, relató el minuto a minuto de la confrontación de Susana Trimarco con el supuesto proxeneta y atestiguó el intento por que la Justicia Federal accione de oficio ante un delito que, presumen, estaba ocurriendo en ese instante. “Terminó todo. Ya no quedan prueba de nada. Todo empezó a las 11, son las 14.30 y no vino nadie. Ya fue”, escribió, frustrada, más de tres horas después que todo empezó.
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En diálogo con eltucumano, la abogada de la Fundación María de los Ángeles, Betina Laguna, señaló que la confrontación de Susana Trimarco con el presunto proxeneta no fue el objetivo por el que fueron al edificio. Según relata, fueron citadas por un grupo de vecinos para asesorarse de los pasos a seguir de modo de acelerar los trámites judiciales que permitan el desmantelamiento del supuesto prostíbulo.
“Nos fuimos a entrevistar con una de las vecinas y en el momento que estábamos ahí percibimos que entraban y salían hombres en lapsos de media hora, presuntos clientes. Cuando nos dimos cuenta de esta situación entonces ahí Susana, imparable, fue y les tocó la puerta y justamente allí había un aparente cliente y estaban las dos personas denunciadas, las que residen en ese depto. También había una presunta víctima”, describe Laguna.
Sobre el llamado a la Justicia Federal, la letrada cuenta que la respuesta que recibió fue que presente un escrito. Considera que se trataba de un delito que se cometía en flagrancia y que, por ello, se debía haber activado un operativo inmediato. “Lo estoy haciendo al escrito, me dijeron que lo presente en el transcurso del día. Más allá de que telefónicamente se le infirmó a la autoridad judicial, ofrecimos a la custodio de Gendarmería que acompaña a Susana. Dada la urgencia, la idea era que se dicte algún tipo acción, se estaba desarrollando la actividad en ese instante”, explica la abogada de la fundación.
Desde eltucumano nos comunicamos también con el abogado Carlos Garmendia, especializado en casos de trata de personas, quien explicó cómo funciona hoy el negocio ilegal de la explotación sexual. Estrategias que se repiten con algo de cambios, pero que no dejan de ser las ya tradicionales.
La explotación que se ejerce con mayor frecuencia en la actualidad es conocida como “trata blanda”, ya que se somete a la víctima sin necesidad de ejercer violencia. Por el contrario, la táctica se basa en extorsionar a la sometida.
“El sometimiento actual no es como el de antes que se obligaba por la fuerza. Hoy se conoce como ‘trata blanda’, no hay violencia física sino psicológica. Las amenazas son que les van a contar a las familias, que las van a escrachar”, describe el letrado.
La captación se realiza a través de ofertas de trabajo publicadas en redes sociales. Se cita a las víctimas, se les toma fotos y se genera material que después es usado en su contra. Garmendia recuerda un caso en que jóvenes que respondieron a una oferta de empleo sobre modelaje fueron convocadas, primero, al Parque 9 de Julio para una sesión fotográfica. Luego fueron a un departamento en donde el fotógrafo les pidió que se quiten la ropa. Esas últimas imágenes terminaron siendo el contrato forzado para las chicas, que debieron acceder a ser explotadas sexualmente ante la amenaza de ser expuestas públicamente.
“No descartamos que haya violencia, pero es poco lo que se ve actualmente y también se da el consumo de drogas”, insiste Garmendia.