El abuelo de una niña de 13 años denunció que su nieta sufrió abuso sexual infantil y desde una fundación realizaron la acusación formal de que en el establecimiento "se estaría explotando sexualmente a las adolescentes".
Este lunes se conoció una grave denuncia que radicó días atrás el abuelo de una niña de 13 años que se encontraba institucionalizada en el Dispositivo de Cuidado Institucional (DCI), Santa María Goretti de Tucumán. El hombre acusó a preceptores de la institución de abuso sexual infantil contra la niña. Además, el apoderado de la Fundación Crecer en Familia, Federico Quevedo, presentó ante la Corte Suprema de Justicia otra denuncia en la que indica que en el establecimiento se estaría explotando sexualmente a las adolescentes.
El Instituto Goretti, donde se denunciaron los abusos, depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y aloja por orden judicial a niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años sin cuidados parentales.
La niña en cuestión, se encontraba alojada en dicho Instituto desde 2020, luego de que la justicia así lo dictaminara. En ese momento, sus tres hermanos también fueron alojados en otros dispositivos similares. Sin embargo, en 2021 fueron restituidos a su hogar, tras las gestiones del abuelo, a excepción de la niña de 13 años, que tenía problemas de consumo problemático de sustancias y se resistió a retornar a la casa familiar.
Días atrás, en una charla con el abuelo, la adolescente le manifestó que sufría abusos dentro de la institución. Fue en ese momento cuando el hombre inició acciones judiciales y la investigación recayó en la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Integridad Sexual III. Cabe destacar que, en una primera revisación médica practicada tras radicar la denuncia de abuso, se determinó que a la niña le habían colocado un chip anticonceptivo.
El abuelo señaló que en el Goretti podría operar una red de explotación de la prostitución, ya que, de acuerdo con el relato de su nieta mayor, quien también estuvo alojada en ese establecimiento hasta 2021, durante la madrugada ingresaban al lugar tres hombres. "Ellos son los que van a buscar a las niñas para prostituirlas", dijo el hombre, que es tutor de las dos chicas y solicitó en su denuncia que se les permita a sus nietas brindar sus testimonios en Cámara Gesell.
La chica ya fue trasladada a otra institución y la justicia dictó una orden de restricción de acercamiento para protegerla de sus presuntos agresores, informó el abogado de la familia, Gustavo Morales.
Por su parte, Federico Quevedo, apoderado de la Fundación Crecer en Familia, reforzando la hipótesis del tutor de la niña denunciante, manifestó que no sólo existen abusos en el Goretti por parte de dos preceptores, sino que también "estaría funcionando una red de prostitución que capta a adolescentes del instituto".
El legislador José Ricardo Ascarate (UCR), se hizo eco del caso en la Legislatura e interpretó que la colocación de dispositivos anticonceptivos en niñas y adolescentes alojadas en ese instituto es "irregular", y tiene "el fin de encubrir los abusos sexuales que estarían sufriendo por parte de celadores".
Sin embargo, un comunicado del gobierno provincial advirtió que "la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf) indica que los implantes anticonceptivos se realizaron conforme a la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, siguiendo en Plan ENIA que se aplica en la provincia desde el 2018 a través del Sistema Provincial de Salud (Siprosa)". Además, aseveró que el Instituto cuestionado "siempre actuó bajo los instrumentos legales que lo regulan".
En este sentido, con respecto a los implantes de anticoncepción, la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Myriam Martini informó que todos los procedimientos se hacen a través del programa sobre Reproducción y Procreación del Ministerio de Salud de la Nación. Además, indicó que se trabaja en base a lo dispuesto por el Plan de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA). “Se convoca al programa ENIA, se hacen consejerías y luego se decide. Se organiza el operativo, se dispone de acuerdo a las instrucciones que recibamos del Sistema Provincial de Salud y se establece si se hace en la institución o algún dispositivo de salud, como ser la Maternidad, y se efectiviza”, precisó.
También, indicó que todo se hace con consentimiento del niño, niña o adolescente o adulto responsable de acuerdo a las edades. “Según establece el Código Civil, en personas de entre 13 y 16 años, se tienen en cuenta los principios regidos por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, por el Sistema de Protección Nacional, la Ley 26.061 y la 8.293, “que nos obliga, como sistema de aplicación, a respetar el derecho a la autonomía progresiva, al derecho del adolescente a ser escuchado y que nos exige que establezcamos todos los medios para que el adolescente pueda acceder a la información y pueda tomar la decisión.