El economista expuso en el plenario de comisiones del Senado que trata la creación del "Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI". Allí, cargó contra las primeras 100 empresas que compraron dólares y reclamó “que la deuda la paguen los que la fugaron y no que la pague el pueblo argentino”.
Horacio Rovelli en el Senado. (Captura de video)
“Vamos a zanjar esta discusión de qué es fuga y que no es fuga. La fuga es muy fácil: cuando hay evasión fiscal. En algún momento fue legal comprar dólares, el problema es con qué recursos comprás esos dólares”, sentenció el economista tucumano Horacio Rovelli en el marco del plenario de comisiones del Senado Nacional que trata el proyecto de creación del "Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI". Allí, cargó contra las primeras 100 empresas que compraron dólares a pesar de no contar con los recursos para hacerlo, explicitó el caso del Grupo Arcor SA, dejó en evidencia cómo se realizó la evasión durante el Gobierno de Mauricio Macri y reclamó “que la deuda la paguen los que la fugaron y no que la pague el pueblo argentino”.
“Es un hallazgo lo de la ley, levantar el secreto financiero, el secreto fiscal y el secreto bursátil. Todos estos secretos fueron impuestos por dictaduras militares, y los gobiernos democráticos no lo habían levantado hasta ahora, y dada esta razón de la deuda, la monstruosidad de la deuda, el sólo hecho de que hayan ingresado con el Fondo Monetario Internacional en Derechos Especiales de Giros (DEG) el equivalente a 45.400 millones de dólares, y en el mismo momento se iban, en el mismo lapso, 45.123 millones de dólares, hace que el Presidente de la República cuando da su primer discurso de inauguración de sesiones ordinarias, el 1 de marzo de 2020, le pida al Banco Central que informe quiénes fueron los que habían comprado los dólares”, planteó Rovelli.
El tucumano recordó que “el informe del Banco Central no tardó mucho, lo hizo el 20 de mayo del 2020, y en ese informe dice que casi 8 millones de personas físicas y jurídicas compraron 86.200 millones de dólares. Pero también dice que los 100 primeros compradores, que son empresas, compraron 24.769 millones de dólares”, y expuso: “¿Cuál es el problema? Ninguna de esas 100 empresas puede mostrar en sus estados contables que presentan ante la Comisión Nacional de Valores porque cotizan en bolsa y presentan ante la AFIP los dólares que compraron por el MULC (los bancos y los clientes, el Mercado Único Libre de Cambio). Ninguna de esas 100 empresas”.
Rovelli explicó el accionar de estas 100 empresas a partir del caso del Grupo Arcor: “Yo tomé y publiqué el caso del Grupo Arcor, que aparece con dos empresas en ese grupo de 100 empresas que más compraron. Arcor SA compró 255 millones de dólares; Bagley, que es controlado por el Grupo Arcor, 160 millones de dólares”, reveló, y enfatizó: “Cuando uno ve los balances, los estados contables presentados ante la AFIP y ante la Comisión Nacional de Valores, observa que en el año 2016 y 2017 tuvo ganancia, pero esa ganancia no le dio liquidez porque estuvieron comprando acciones de Mastellone en La Serenísima, con lo cual tiene participación en La Serenísima el Grupo Arcor. En los años 2018 y 2019 tuvo resultado negativo: hay un cuadro en estado contable que relaciona esto, que es un cuadro de flujo de fondos consolidados con el cuadro de activos y pasivos en monedas extranjeras. De los cuatro años, el Grupo Arcor ha presentado ante la Comisión Nacional de Valores y ante la AFIP lo máximo que pudo haber comprado, y no llega a 65 millones de dólares”.
“Entonces, esta Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de Gestión de los Contratos y Pagos de la Deuda, con esta ley va a tener la posibilidad de llamarlo al CEO de Arcor y decirle: 'Señores, ¿cómo hicieron para comprar esto si no está en las declaraciones que hacen ustedes ante la AFIP y por supuesto, menos que menos, pagaron el Impuesto a las Ganancias por ese monto?'. Lo mismo para las otras 98 empresas, porque Arcor tiene dos”, subrayó, recalcando la importancia del proyecto en cuestión.
“Esta es la evasión y la fuga y este es un proyecto importantísimo para desentrañar ese camino y permitir que la deuda la paguen los que la fugaron y no que la pague el pueblo argentino como es si no se hace la investigación”, remató.
El proyecto del oficialismo
El proyecto que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI establece que sea constituido en moneda extranjera, dólares estadounidenses y sus recursos.
La vigencia del Fondo será hasta la cancelación total de la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo, y sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para los incentivos a los colaboradores que contribuyan a identificar evasores.
La iniciativa impulsada por los senadores y senadoras del Frente de Todos propone que el Fondo seá administrado y gestionado por el Ministerio de Economía, y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.
La iniciativa apunta a que el aporte del blanqueo "no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos, ya que solo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero".
Los alcanzados por esta iniciativa deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.
El proyecto indica que "en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%", y agrega que quienes no se allanen al pago de este aporte "corren el riesgo de tener una pena en prisión", tal como lo estipula la ley vigente.
Los senadores oficialistas proponen también usar la figura del "colaborador", que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados. Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.
Podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor, tal como lo establece el segundo expediente. Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.
La iniciativa modifica las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, lo que le permitiría a los fiscales a cargo de la investigación de la causa no tener que esperar la autorización de un juez para acceder a esa información.
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