Ayer lunes el presidente
Alberto Fernández sacudió el sector agroexportador del país, al anunciar la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia para la intervención del grupo cerealero Vicentin y anticipó que remitirá al Congreso un proyecto de ley de expropiación para afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su quiebra.
La medida del Gobierno Nacional provocó que la
Sociedad Rural de Tucumán publicara un comunicado rechazando este intervención e hizo foco en la propiedad privada como uno de los pilares de los países con Estado de Derecho.
“La columna vertebral de las democracias constitucionales es la propiedad privada”, señalaron.
“
En un país donde existe el Estado de Derecho, la utilidad pública es de interpretación restrictiva y sólo puede avanzar sobre la propiedad cuando lo reclama el bien común. La Sociedad Rural de Tucumán manifiesta su firme rechazo al DNU anunciado por el Gobierno Nacional sobre la intervención del Grupo Vicentín”, agregaron en una corta misiva que salió en las redes sociales de la entidad.
“No queremos ser espectadores de semejante aberración jurídica”, advirtieron al final del comunicado.
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Durante una sorpresiva conferencia de prensa, Alberto Fernández precisó que todos los activos del Grupo Vicentin pasarán a ser parte de un grupo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro y que al frente de la intervención estará
Gabriel Delgado, un economista que actualmente se desempeña en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y es especialista en finanzas y en economía agropecuaria.