Se trata de la única provincia que todavía no adhirió a la normativa nacional que garantiza “capacitar y sensibilizar” en género y violencia contra las mujeres a todos los que integran los diferentes poderes del Estado. Organizaciones sociales y feministas firmaron un documento e impulsan una manifestación virtual.
La Ley Nacional N° 27499 lleva el nombre de Micaela García, una joven de 21 años que un 1ro de abril de 2017, salió de un boliche en Gualeguay, fue reportada como desaparecida, hasta que, una semana después, apareciera violada y asesinada en un campo de la zona el 8 de abril del mismo año. Su femicidio conmovió al país entero y por eso la ley lleva su nombre.
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¿Qué establece la Ley Micaela?
Estipula la capacitación obligatoria a los Tres Poderes del Estado Nacional en la temática de género y violencia contra las mujeres.
Comprende a todas las personas que se desempeñan en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, en todos sus niveles y jerarquías.
Permite cumplir con las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en materia de Derechos Humanos y Derechos de las Mujeres.
Designa al INAM como autoridad de aplicación de la Ley y lo nombra como el organismo encargado de brindar las capacitaciones a las máximas autoridades.
En cada uno de los organismos estatales, las distintas oficinas de capacitación podrán contar con asistencia y colaboración por parte del INAM. Para ello se ha desarrollado una Guía de ORIENTACIONES PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS DE CAPACITACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY MICAELA disponible para todo tipo de organizaciones.
Fomenta a que las oficinas de capacitación de cada organismo llevarán adelante la construcción de materiales y programas nuevos, o podrán adaptar los existentes, de acuerdo a la normativa establecida por "las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país”.
El INAM controlará la calidad de esos materiales y las capacitaciones deberán estar en funcionamiento dentro del año de puesta en vigencia de la ley (10 de enero de 2019) en sintonía con el cumplimiento la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Propone la participación de las áreas, programas u oficinas de género, y las organizaciones sindicales como responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones.
Invita a que los estados provinciales y la CABA adhieran a la misma.
Cada jurisdicción deberá establecer en su reglamentación y designar al órgano de aplicación.
*argentina.gob.ar