Fiscalizadores municipales del interior se capacitan en Casa de Gobierno, mientras que en la capital Germán Alfaro arengó a funcionarios municipales que oficiarán de inspectores de precios.
Operativo de control de precios en Tafí Viejo. Foto: Prensa Municipalidad de Tafí Viejo
El Decreto de Necesidad y Urgencia 351/2020 del Poder Ejecutivo Nacional firmado por el presidente Alberto Fernández concedió a todos los intendentes del país "la fiscalización y el control" de los precios en el marco de la resolución 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior.
Desde entonces son los jefes municipales los encargados de garantizar que los comercios cumplan con que se respeten los
precios máximos vigentes para Tucumán, que fueron retrotraídos al valor vigente hasta el pasado 6 de marzo.
En Tucumán, los intendentes han instruido a fiscalizadores a capacitarse para poner en marcha el control de precios.
La Dirección de Comercio de Interior (DCI), que depende del Ministerio de Gobierno y Justicia, encabezó hoy la capacitación a los fiscalizadores municipales que se encargarán del control de precios en todos los municipios.
“La función de los fiscalizadores municipales se basará principalmente en controlar que los locales comerciales, desde las grandes cadenas hasta los comercios de barrios, cumplan con tener el listado de precios de los de 1610 artículos que rigen en Tucumán. El precio de esos 1610 productos deben retrotraerse al 6 de marzo”, apuntó Pablo Zeitune, subsecretario de la DCI.
Sobre los controles, el funcionario subrayó que los comerciantes tienen la obligación de contar con el listado de los precios máximos, que “tiene que estar a disposición del inspector si lo solicita, de caso contrario estarían incurriendo en una infracción”.
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“Cada municipio estará controlando la exhibición de góndolas y todo lo que haga a la obligatoriedad que tienen que tener los comerciantes”, remarcó el subsecretario, y aclaró que “nuestra idea no es sancionar o cancelar el comercio, sino concientizar al comerciante y que respete los precios de los productos establecidos al 6 de marzo”.
La DCI capacita a fiscalizaodres municipales. Foto: Comunicación Tucumán
En San Miguel de Tucumán, el intendente Germán Alfaro destacó que “estamos capacitando a los empleados que trabajarán en calidad de inspectores a partir de los próximos días y que estarán debidamente acreditados para controlar que los precios sean los mismos que los que tenían el 6 de marzo”, en el marco de una jornada de capacitación a inspectores municipales en el Teatro Rosita Ávila.
“Hemos seleccionado al personal por su capacidad y honestidad, para cuidar los intereses de los vecinos, que pueden estar sometidos a especulaciones y aumentos de precios, conductas totalmente reprochables que buscan sacar ventaja de la situación”, recalcó Alfaro.
Los empleados que se desempeñarán como inspectores pertenecen a las direcciones de Ingresos Municipales, de Defensa Civil y de Control Ambiental y Bromatología. La capacitación del personal estuvo a cargo la Secretaría de Ingresos Municipales y la Defensoría del Pueblo, con la supervisión de la Dirección de Comercio Interior de la provincia.
Germán Alfaro arengó a inspectores municipales que controlarán precios en la capital. Foto: Prensa Municipalidad San Miguel de Tucumán
El pasado 28 de marzo se detectó un aumento no autorizado de 14 productos en un supermercado de Lomas de Tafí, donde -según se informó desde la Municipalidad de Tafí Viejo- se labró el acta de infracción correspondiente estableciendo un plazo para ajustar los números que exhiben en sus góndolas, de acuerdo también a la obligación de retrotraer los precios al 6 de marzo.
Denuncias
Los canales de la DCI están habilitados para consultas o denuncias contra comercios que no respetan los precios máximos: por mail a dcitucuman@gmail.com o por Whatsapp al 381- 3518063.
El decreto
A partir del decreto presidencial 351/2020, corresponde a los intendentes el labrado de actas por irregularidades en los valores de los productos y la recolección de pruebas. Será la Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la que juzgará las mismas.
Los intendentes pueden requerir la asistencia de la fuerza pública, solicitar órdenes de allanamiento, secuestrar libros y clausurar preventivamente los locales hasta por tres días. La ley establece multas desde $500 a $10 millones o incluso clausuras de 90 días e inhabilitaciones por un plazo de cinco años.