Desde el Colegio de Abogados de Tucumán aducen que la paralización de la Justicia afecta la subsistencia de muchos letrados del foro y exigen implementación urgente del expediente digital y medidas sanitarias.
Palacio de Tribunales de Tucumán. Foto: Alejandro Gómez Tolosa
El Colegio de Abogados de Tucumán reclamó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán la reactivación del Poder Judicial provincial tras la paralización del sistema judicial en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio y aun después del mismo, tras el asueto extraordinario decretado por el máximo tribunal. La presentación se realizó a través de una misiva firmada por el presidente del colegio de letrados, Marcelo Billone, y dirigida a la presidenta de la Corte Suprema, Claudia Sbdar.
Desde el Colegio de Abogados advierten que los abogados del foro local "ejercen la Abogacía libremente, y dependen por ende de tal ejercicio profesional para la subsistencia propia y la de sus respectivos grupos familiares" por lo que la paralización de la Justicia entienden "tiene consecuencias directas no solamente para los justiciables, sino también para estos agentes del sistema, que no perciben una remuneración mensual garantizada, y para sus familias y dependientes".
En ese sentido, solicitan "dejar sin efecto aquella disposición según la cual los magistrados y funcionarios deben prestar sus funciones sin concurrir a las dependencias del Poder Judicial, para el personal afectado a cumplir tareas durante el asueto extraordinario" y "disponer que los magistrados y funcionarios afectados, así como el resto del personal que los mismos consideren necesarios e indispensables para el funcionamiento de la oficina jurisdiccional, desempeñen sus tareas en las dependencias del Poder en las que habitualmente lo hacen, sin perjuicio del acabado cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene recomendadas y ampliamente difundidas".
Además requieren "afectar a prestar tareas mientras subsista el asueto extraordinario a la totalidad de magistrados y funcionarios y empleados judiciales, bajo la modalidad de trabajo domiciliario, a través de los medios tecnológicos disponibles, habilitando al efecto las líneas telefónicas que resulten necesarias, y permitiendo que magistrados y funcionarios, en caso de ser necesario, accedan a las constancias de los expedientes que no se encuentren en formato digital y sean imprescindibles".
También demandan la implementación "con carácter perentorio un protocolo sanitario que asegure el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene aconsejadas, garantizando su difusión y la debida capacitación del personal del Poder Judicial, así como la efectiva provisión de los elementos y materiales necesarios para su cumplimiento".
El colegio de letrados plantea en ese sentido que si las medidas que se tomen una vez finalizado el asueto extraordinario "no permitieren retomar en forma inmediata y total el funcionamiento normal del servicio de justicia", entonces, "que a partir del 13.04.20, todos los magistrados y funcionarios, con el plantel de empleados que los responsables de cada unidad jurisdiccional estimen indispensable, retomen la prestación de sus tareas habituales en las dependencias del Poder Judicial, con estricto cumplimiento del protocolo sanitario que se establezca al efecto".
Además proponen "restringir la atención al público y la circulación de justiciables y profesionales de modo de asegurar el cumplimiento del protocolo sanitario, el mantenimiento de las distancias mínimas entre personas, y toda otra medida de prevención que se considere pertinente al efecto" y "disponer todo lo necesario para acelerar la implementación del expediente digital, en especial el registro de la firma digital por parte de magistrados y profesionales intervinientes, proveyendo de los recursos materiales y humanos para que el sistema sea operativo en el menor tiempo posible", entre otros planteos a la Corte Suprema como habilitar el uso de medios tecnológicos que incluyan WhatsApp y videollamadas como modo válido de celebración de las audiencias en todo tipo de procesos con los elementos particulares de las partes, letrados, magistrados y funcionarios intervinientes.