El gobernador se sumó a la addenda luego de negociar la refinanciación y pesificación de una deuda que la Provincia mantiene con Aguas del Aconquija desde 1996. La CGT Tucumán realizó un fuerte reclamo a los diputados y senadores tucumanos para que rechacen el Presupuesto 2019.
Manzur acordó con Frigerio y ayer firmó el nuevo pacto fiscal. Foto Clarín.-
Comunicado completo de la CGT Tucumán:
La inflación promedio proyectada por las consultoras para 2019 es de casi el 35% mientras que el Gobierno prevé un 23%. Gran parte de los ítems sociales (salud, educación, trabajo, vivienda, agua potable) tendrán aumentos nominales menores a la inflación real. Es el caso de “Educación y Cultura”, que representa el 8,2% del gasto primario total del ejercicio 2018, pero para 2019 esta participación cae a 6,7 %.
Lo mismo ocurrirá con las partidas para las asignaciones familiares, incluida la AUH; las pensiones no contributivas; la asignación universal para la protección social y otros programas (Progresar, Argentina Trabaja, etcétera), que tienen asignados recursos hasta 10 puntos por debajo de la inflación real.
A los beneficiarios de estas prestaciones sociales también les quitan los subsidios al transporte y a la energía, y las transferencias corrientes a las provincias, que incluyen fondos para educación, salud y desarrollo social. Ni las cooperativas se salvan porque ahora deberán pagar Ganancias.
En este escenario de altísimas recesión e inflación, no hay política social que sea efectiva. Pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo, empresas en quiebra, tarifas impagables, medicamentos inaccesibles, alimentos por las nubes: este modelo económico es una fábrica de pobres que ya suman 12 millones.
En Tucumán, Alpargatas despidió a 500 trabajadores de su fábrica; en el sector de la construcción se perdieron 3.000 puestos de trabajo y los empresarios amenazaron con paralizar 2.000 proyectos de viviendas sociales en reclamo de $ 450 millones adeudados por certificados de obra impagos; tras casi medio siglo de producción, BGH cerró sus puertas dejando a 50 familias a la deriva; la empresa arrendataria del ingenio San Juan se marchó y le quedó debiendo a la gente $32 millones; el sector comercial PYME se declaró en alerta por el incremento de los impuestos y servicios, las caídas en las ventas, además del aumento en el precio de los combustibles que impacta en el valor de los fletes de los cuales depende el sector comercial.
El proyecto de Presupuesto 2019 obliga a las provincias y a los municipios a ajustar $ 100 mil millones. Sin embargo, el pago de intereses de la deuda aumentará el 49 %. Más de la mitad del “ajustazo” se dedicará a cumplir con el FMI.
SEÑORES DIPUTADOS Y SENADORES TUCUMANOS: HONREN EL MANDATO QUE LES DIO EL PUEBLO Y DEFIÉNDANLO DE ESTE VERGONZOSO SAQUEO.
Marcelo Sosa, Secretario General de CGT Regional TucumánTeresa Hernández y Juan Carlos Aguirre, Secretarios Adjuntos de CGT Regional