El ex gobernador
José Alperovich tendrá desde este miércoles
tres días hábiles para decidir si se sentará de forma voluntaria en el banquillo de los testigos del caso Lebbos, que investiga el encubrimiento del crimen de la joven
Paulina.
La Sala III de la Cámara Penal resolvió este martes hacer lugar a la solicitud del abogado
Gustavo Morales, defensor del ex secretario de Seguridad de
Alperovich,
Eduardo Di Lella, que
interpuso a comienzos de noviembre un pedido de anticonvencionalidad al considerar que el Código Procesal Penal de
Tucumán (
CPPT) viola dos tratados internacionales.
En su artículo 230 el CPPT exime de prestar testimonio en presencia del tribunal a autoridades y funcionarios de gobierno de alto rango, pertenecientes al Poder Judicial, Nación, Provincia o a las Fuerzas Armadas. Según la importancia que se atribuya al testimonio, estas personas podrán declarar en su residencia o por informe escrito bajo juramento. En caso de atestiguar en sus domicilios, no podrán ser interrogados directamente por las partes ni por sus defensores. Tanto la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) en su artículo 8.2.F, como el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.3.E, defienden el derecho a hacer interrogar a los testigos en presencia de un tribunal.
En su rol de asesor del Poder Ejecutivo provincial, el actual senador nacional es beneficiario de la norma. Ahora
el tribunal le da la posibilidad de renunciar voluntariamente al beneficio, decisión que no deberá extenderse más allá del martes 5 de diciembre a las 10 de la mañana. De mantener silencio o contestar de forma negativa,
ya se tendría resuelto declarar la anticonvencionalidad, lo que dejaría al ex gobernador sin más opción que comparecer ante el juzgado.
Morales reveló a
eltucumano.com que se aceptó como prueba el
testimonio realizado por José Alperovich en abril de 2006 a diario La Gaceta, en el que aseguraba conocer la identidad del asesino de Paulina. Además adelantó que se solicitó la citación al banquillo de los testigos del actual ministro fiscal,
Edmundo Jiménez, otro funcionario habilitado para declarar desde su domicilio o por escrito.
El inicio del juicio oral está programado para el martes 6 de febrero de 2018, con finalización en diciembre del mismo año.
Carlos Caramuti,
Rafael Macoritto y
Dante Ibáñez conformarán el tribunal que juzgará como presuntos coautores de los delitos de encubrimiento en perjuicio de la administración de Justicia a
cinco ex funcionarios alperovichistas.