Los mandatarios reconocen que no podrán cumplir las metas de control de gastos en caso que la Corte Suprema falle a favor de Buenos Aires.
Los ministros de economía de las provincias gobernadas por el peronismo se reunieron el jueves para definir una estrategia en caso que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falle a favor de la provincia de Buenos Aires en el reclamo por el Fondo del Conurbano.
La primera conclusión que se desprendió del mitín es que será difícil cumplir con las ambiciosas metas de control de gastos exigidas por la Nación a las Provincias en el marco del Pacto de Responsabilidad Fiscal sellado con la administración de Mauricio Macri.
Cabe destacar que si el máximo tribunal habilita la eliminación del techo de $650 millones que reciben los bonaerenses desde 1996, la medida derivará en un millonario recorte en la coparticipación al resto de los distritos, calculado en más de $50 mil millones anuales.
Hace ayer una semana la Casa Rosada acordó con las provincias la letra chica del proyecto de "Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno", que determina un paquete de metas clave, “entre ellas la de mantener constante el gasto corriente primario en términos reales, que los cargos públicos sólo crezcan en relación al incremento de la población, y evitar el alza de gasto en los meses finales de mandato”, informó Ámbito Financiero.
Pero el desfinanciamiento brutal que les generaría un fallo a favor de María Eugenia Vidal pondría en serio riesgo ese compromiso, ante la quita de recursos que agravaría el cuadro deficitario que muestra buena parte de las provincias.
Reuniones con mensaje
La reunión de ayer en la Ciudad de Buenos Aires fue parte de la estrategia que despliegan los gobernadores peronistas para defender sus recursos y que tendrá su continuación este viernes, con el encuentro de los Fiscales de Estado en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el centro porteño.
Allí buscarán consensuar la estrategia que llevarán adelante en las presentaciones que, de manera individual, deberán elevar a la Corte para defender sus recursos, en el marco de la causa iniciada por Vidal. El plazo vence entre fines de septiembre y principios de octubre, según el distrito.
El doble combo -ministros de Economía ayer, y Fiscales de Estado hoy- precalentará el escenario para el nuevo encuentro de gobernadores peronistas que se desarrollará la semana que viene en Buenos Aires, y que fue anticipado ayer por Ámbito Financiero. Será el segundo cónclave en menos de un mes y toda una señal de unidad ante Macri, luego de unas PASO que debilitaron, derrotas mediante, a parte de la liga de gobernadores del PJ.
A la reunión de ministros de Economía peronistas de ayer en la Casa de San Juan asistieron -según trascendió- los titulares de las carteras económicas de los gobiernos de Juan Manzur (Tucumán). Sergio Uñac (San Juan), Juan Manuel Urtubey (Salta), Domingo Peppo (Chaco), Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manzur(Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Lucía Corpacci (Catamarca), RosanaBertone (Tierra del Fuego), GildoInsfrán (Formosa) y Carlos Verna (La Pampa).
No estuvieron representados esta vez, en cambio, el misionero Hugo Passalacquay la santiagueña Claudia Ledesma (presentes en cambio en la reunión de gobernadores del 3 de agosto en la Casa de Entre Ríos). Tampoco fueron de la partida enviados de Alicia Kirchner (Santa Cruz) ni de Mario Das Neves (Chubut).
La estrategia peronista
El PJ, por estas horas, analiza una doble estrategia que buscan desplegar las provincias peronistas. Por un lado, la de una salida política, que supone una reforma fiscal en el Congreso que permita una mayor coparticipación al interior vía Impuesto al Cheque, el Fondo Sojero y el Fondo Vial. Por otro lado, la salida judicial, que se vehiculiza -obligadamente- en la Corte, y cuya estrategia buscarán consensuar hoy los Fiscales de Estado.
Hay varias líneas de trabajo en juego en un lote que incluye reclamar que se deje de financiar a la ANSES con el 20% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias para coparticiparlo; denunciar que la Corte no es competente para resolver esta encrucijada y sí el Congreso, e incluso el pedir una suerte de "tregua" en la embestida judicial bonaerense, en pos de discutir una "salida política".