Baja en la edad de punibilidad: Una medida demagógica que no resuelve ninguna problemática

Opinión

La abogada Florencia Vallino analiza el impacto del proyecto del Gobierno Nacional para dar respuesta a los reclamos por más seguridad.

La ilustración es de Human Right Watch.


A contramano de las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU realizó recientemente al Estado argentino,[1] el gobierno nacional insiste en bajar la edad de punibilidad para adolescentes en conflicto con la ley, una medida demagógica en un año electoral.

En 2018 el Comité recomendó al Estado Argentino que “apruebe una ley general de justicia juvenil compatible con la Convención y las normas internacionales en materia de justicia juvenil, en particular en lo que respecta a garantizar que la privación de libertad sólo se utilice como último recurso y por el período de tiempo más breve posible, y que no incluya disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal”[2]

En el mismo sentido, entre los organismos pertenecientes al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte (Fallo Mendoza 2014) ordenó al Estado a adecuar su régimen penal a los estándares en la materia, mientras que la Comisión Interamericana en su informe Violencia, Niñez y Crimen Organizado en las Américas 2016 exhortó a los Estados de la región a aumentar la edad mínima de responsabilidad penal. El estándar desarrollado conforma el piso mínimo de garantía de derechos a los que el Estado argentino se compromete a respetar como marco para su política pública. Este piso se conjuga, a su vez, con el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos: bajar la edad es incompatible con la Convención.

En los últimos dos años la gestión de Cambiemos, lejos de fortalecer el ya debilitado Sistema de Protección Integral, ha tomado medidas en materia de salud y educación que impactaron e impactan de manera directa en niños, niñas y adolescentes del país, perpetrando y reproduciendo vulneraciones a sus derechos. Esto es, les hace pagar las consecuencias de un modelo económico, social y cultural liberal, con un aumento escalonado de la pobreza y un achicamiento del Estado, perjudicando las condiciones de vida y obstaculizando las posibilidades de desarrollo de los, las y les adolescentes de nuestro país

En este entramado opera también la selectividad propia del sistema penal, de cuya versión juvenil son principales destinatarios los adolescentes varones de los sectores populares, para quienes la constante en sus trayectorias personales ha sido la violencia estatal. Se reproduce la violencia de un Estado ausente en la garantía de derechos, a través de su aparato represivo que criminaliza, persigue, estigmatiza y asesina adolescentes pobres.

En Tucumán, el asesinato de Facundo Ferreira se materializa como caso testigo de esta violencia estatal que, doctrina Chocobar mediante, aparece para castigar con métodos cada vez más brutales. El reciente informe presentado por Unicef[3] Las voces de las y los adolescentes privados de libertad en Argentina (2018), da cuenta de estas trayectorias comunes, marcadas por un Estado que en vez de respetar, proteger y garantizar derechos con políticas públicas para los chicos y las chicas, está ausente o es ineficaz pero casi invariablemente violento.

Sin lugar a dudas el régimen penal vigente demanda una reforma urgente que otorgue garantías procesales a adolescentes, que ponga fin al sistema tutelar actual, signado por la discrecionalidad con la que jueces y juezas deciden las medidas aplicables a adolescentes. Pero la reforma debe inexorablemente adecuarse a los estándares en la materia; la reforma debe ser compatible con la Convención de los Derechos del Niño.

Florencia Vallino es abogada y coordinadora Área Derechos de Niñez y Adolescencia de la ONG ANDHES


[2] El Comité es un órgano de expertos en materia de niñez, creado por la Convención de los Derechos del Niño, que interpreta el contenido de la convención, y da vida a la letra del tratado - cuya competencia además ha sido reconocida por nuestro país con la ratificación del III Protocolo Facultativo a la Convención.

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