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Una vida que incluya a todas las mujeres

Opinión

La abogada feminista Soledad Deza analiza la declaración "a favor de la vida" emitida por el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán en el marco de las transformaciones sociales que posibilitaron llevar las voces a favor del aborto legal al Congreso de la Nación.


Hace décadas que el movimiento feminista y de mujeres activa para poner en la Agenda del Congreso de la Nación la despenalización y legalización del aborto. Fueron otras feministas quienes se animaron cuando era difícil no solamente hablar del derecho a abortar, sino incluso reconocerse feministas en una sociedad patriarcal. Afortunadamente el tiempo pasa y las tradiciones –aún en este note anacrónico- van cediendo ante una realidad que demanda a gritos se resquebrajen ciertas estructuras para que quepamos de una vez por todas, todxs en ellas.

A grito de “aborto legal” mujeres de todas las edades denuncian la deuda que la democracia tiene con las mujeres de nuestro país. Hoy más que nunca flamean los pañuelos verdes, símbolo de esta lucha política. Cada vez son más las voces que reclaman la libertad sexual de los cuerpos encorsetados por el maternaje obligatorio. Y es que el aborto salió del closet social también en la sociedad tucumana.  

Quienes no se atreven aún a salir del closet moral son nuestros dirigentes políticos. Posiblemente porque su lugar de privilegio les permite dejar de lado el doble estándar de (in)justicia social donde el aborto ocurre hace siglos en las vidas de mujeres aventajadas, pero de forma segura y en voz baja. Y mientras referentes políticos, partidarios y sociales de todo el país abandonan públicamente sus resistencias con el tema y reconocen que la ilegalidad del aborto no es la solución, en Tucumán el efecto es contrario.

Lejos de la empatía con el reclamo de las mujeres nuestros representantes políticos locales se devanean cómodamente entre el silencio cómplice de las muertes maternas de la clandestinidad y la bofetada hipócrita que supone autodenominarse “pro vida” en una provincia donde el 19% de los nacidos vivos de 2017 tienen a niñas como madres.

Infelizmente la disputa religiosa en torno al aborto confundió los términos del debate político en los últimos años en América Latina y facilitó que los sectores que históricamente se opusieron a la ampliación de derechos desplacen la discusión de aborto desde el campo de la autonomía al del “inicio de la vida” y se autoproclamen únicos “defensores de la vida”, sólo en alusión a la vida fetal. Sin embargo, es útil recordar que son los mismos sectores que se opusieron al uso del preservativo cuando estalló el  VIH, que pugnan para que la ESI (Educación Sexual Integral) no se implemente en las Escuelas, que se niegan a que Tucumán tenga un marco legal para la entrega gratuita de anticonceptivos, que resistieron que la institución del matrimonio sea igualitaria, que llamaron “antinatural” al reconocimiento de la identidad de género y que al día de hoy se niegan, bajo argumentos “igualdad”, a discutir el cupo laboral trans. Si, son también los mismos sectores que hace un siglo no querían que las mujeres estudiemos y mucho menos votemos. Por eso es que las feministas los llamamos anti derechos.

El aborto es contra cultural. Una mujer que decide poner fin a su embarazo subvierte el orden que asocia mecánicamente la maternidad a lo femenino. Una mujer que decide abortar evidencia que sexualidad y reproducción no es un binomio necesario. Una mujer que decide abortar trasciende la “naturaleza” que le fue dada por otros. Una mujer que aborta se sale de los cánones de “normalidad” que están pre-figurados en los roles de género y por ello, interpela. Una mujer que aborta pone en jaque la heteronorma de la familia cristiana. Una mujer que decide abortar desafía con su sola existencia un mandato cultural, religioso y moral que se sirve de la reproducción y del trabajo doméstico para funcionar. Pero cuidado porque el divorcio, el matrimonio igualitario y la identidad de género, también fueron “contraculturales” antes de ser una opción.  

El problema entonces no es la ordenanza inconstitucional que alineó a todo el arco político del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán en una cruzada ilegítimamente desopilante en contra de los derechos, como tampoco el problema es que nuestros gobernantes se manifiesten “a favor de la vida”. El verdadero problema es que la vida de las mujeres no cabe en esa “vida”.  

*Mini Bio

Abogada feminista. Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Magister en “Género, Sociedad y Políticas Públicas” (FLACSO). Miembro del Comité Académico del Observatorio de Género y Diversidad y Docente de la Cátedra Libre de Género y de Sociología Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Directora del Centro de Estudios de Género y Docente de Medicina Legal en la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo T (USPT). Coordinadora del Área Litigio de Católicas por el Derecho a Decidir.