Ensalada de leyes, papelón institucional

Es muy difícil analizar y comprender la actualidad en materia de derecho procesal penal en la provincia. Mucho más difícil ejercerlo correctamente. Desde finales del 2010 el Código Procesal Penal tucumano (CPPT), tuvo 5 modificaciones, 5 parches, que van desde la actuación en casos de flagrancia hasta la procedencia de la prisión preventiva (PP) por “motoarrebatos”, pasando por los criterios de oportunidad. Esto sin mencionar que además media un nuevo CPPT, (NCPPT), con una ley de implementación que a su vez también fue modificada y vuelta a modificar, con entrada en vigor, en teoría, de algunos pero no todos sus artículos.

A su vez, tenemos tribunales que dictan justicia (¿?), bajo leyes que no están operativas, con recursos y acciones que son resueltos con fundamentos que se alejan de los principios elementales del derecho procesal penal como el efecto no suspensivo excepcional que revisten ciertos institutos, (recursos a la prisión preventiva, CPPT 285).

Es decir, que, si tuviéramos que enumerar las reformas del CPPT y NCCPT quedaría algo así
como: 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9…, (seguimos contando?). Ah, cierto, y además tenemos las lagunas jurídicas que eventualmente pudieren producirse por haberse dictado la última prórroga de entrada en vigencia del NCPPT días después de que ya hubiere entrado en vigencia..., (uf, qué lío, perdone Ud. señor lector).

Imagino que, si esta situación es ya una ensalada rusa para los operadores del derecho, sea
que seamos litigantes, fiscales, empleados o funcionarios de juzgados, etc., para el ciudadano común, (categoría en la cual me incluyo), al que el estado le debe justicia, es ya inexplicable, de un tenor surrealista y tragicómico. Llamemos a Peter Capusotto, tiene guión gratis.

Los fallos recientes de público conocimiento, relativos al dictado de una PP, tanto de la Excma. Cámara como de la honorable CSJT más las afirmaciones de algunas personalidades e instituciones que se deben al pueblo, pero que manifiestan inconsistencias, no dejan más que en evidencia, el gran circo en el que tristemente se convirtió la clínica jurídica. Este festival de improlijidades vergonzosas no hace más que alejar al ciudadano común de la
práctica jurídica, haciendo del derecho una cuestión elitista, a la que sólo acceden muy pocos, legos (¿?). Por otro lado, ¿qué enseñamos a nuestros estudiantes?, ¿a bogar por la ley?, disculpen, ¿cuál ley?.

No nos alcanzan los semestres, o los asados con amigos, para describir la infinidad de leyes
que hay, ni mucho menos llegamos a explicar por qué se enseña que hay que cumplir con el bloque constitucional federal, sobre todo en medidas de coerción personal, cuándo en la
práctica la prisión preventiva, por dar sólo un ejemplo, pero de los más graves, se aplica como regla, y cuando hay un tribunal que cuestiona su aplicación, lo hace por imperio de una ley que no está vigente, cuando en la cajita de herramientas actuales nos sobran elementos para derribarla, (entre ellas la acordada de la CSJT que insta a limitar su aplicación).

Los que intentamos bajar el derecho a la ciudadanía que, no tiene por qué ser triplemente
magister para entender las reglas por las cual, siguiendo el ejemplo, se le va a privar de la
libertad, lamentamos profundamente este papelón institucional e instamos a nuestras
autoridades a comenzar a dignificar los cargos que revisten, como servidores públicos.Que el último por favor, apague la luz.