El dedo acusador del Estado, otra vez

“Qué hacía un niño de 12 años fuera de su casa en la madrugada”, ¿es la única pregunta que le cabe hacerse al Estado sobre la muerte de Facundo Ferreira? ¿No se pregunta —por ejemplo— por qué el menor asistió a las picadas de Parque 9 de Julio, evento clandestino aún vigente a pesar del conocimiento generalizado? ¿No se pregunta acaso sobre su responsabilidad en la cadena de formación del joven abatido por la Policía? ¿En la de su círculo familiar? ¿Y en la de sus amistades? ¿Por qué un menor de edad toma la determinación de salir a la calle armado y listo para tomar la vida de otra persona? ¿Qué ocurrió en el transcurso de su niñez que interrumpió abruptamente esa etapa? ¿Qué se hizo y qué no durante 15 años?

Claudio Maley, ministro de Seguridad de la provincia, cargó las tintas contra la familia del niño muerto. “Hay que preguntarse qué hace esta criatura de 11 años fuera de la casa, dónde están los padres. Pero hay cuestiones que el Estado no se puede hacer responsable, cuestiones muy internas que son propias de la familia. El padre o la madre tienen responsabilidad sobre ese chico pequeño de 11 años. ¿Qué hace en la calle? ¿qué hace ligado al uso de armas?”, cuestionó el funcionario provincial.

La reflexión del ministro es muy similar a la realizada en 2012 por la entonces senadora nacional, Beatriz Rojkés de Alperovich, luego de la muerte de Mercedes Figueroa. La pequeña de seis años había salido de su casa al kiosco durante una reunión familiar en la que consumían bebidas alcohólicas. Su cuerpo fue encontrado días después en un baldío, a sólo 50 metros de su domicilio. “Tenemos que hacernos cargo de las responsabilidades que tenemos los padres en lo que hace a seguridad y la obligación que tiene el Estado con respecto al control de la seguridad. Pero sabemos que el Estado sólo, sería imposible, porque no podemos tener al señor Estado a la par de una familia que está borracha, y permite que una criatura de seis años esté sola”, dijo la actual presidente del Partido Justicialista de Tucumán. Seis años después, la visión de la ex primera dama provincial es completamente opuesta. Así lo refleja en sus redes sociales, donde además culpa al gobierno nacional.

Si el Estado critica la forma en que los padres educan a sus hijos, ¿qué le queda para sí? Desde 2003, cuando asumió José Alperovich como gobernador, no hubo cambios significativos en materia de seguridad. Por el contrario, los métodos delictivos mutaron y las muertes por riñas producidas por ingesta de alcohol y estupefacientes siguieron su curso, al igual que las víctimas en ocasión de robo. Unidades más, unidades menos; la sensación siguió siendo mayor a los índices oficiales, ya sea por la naturaleza de las víctimas (edad, condición social, conexiones personales, etcétera), la violencia inusitada de los delincuentes durante el hecho registrado o —como alguna vez indicó el ex secretario de Seguridad, Paul Hofer— el efecto potenciador perceptivo de las redes sociales.

¿Por qué no descreer de la versión de la Policía, si es la misma institución que sumió hace no mucho a la provincia en un caos delictivo que costó casi una decena —oficial— de vidas? Un cuerpo que demostró su fuerza y se posicionó como un poder más en la provincia a base de maniobras extorsivas. Una entidad no profesionalizada que hace, deshace y se controla así misma. ¿Cómo forma el Estado provincial a los policías? ¿Les enseña a disparar por la espalda, a bordo de una moto y en plena avenida? ¿Les instruye apuntar a la cabeza? Las consecuencias pudieron haber sido mayores.

El Gobierno provincial tilda de irresponsable a la familia de un niño muerto en un tiroteo con la Policía. Un niño de 12 años en un tiroteo. ¿Un niño delincuente? Eso lo determinará la Justicia. ¿Pero qué beneficio puede significar para el Estado una confirmación como esta, si al fin y al cabo es responsable de aplicar políticas para evitarlo? ¿Acaso no es igual de irresponsable que a quienes apunta con el dedo desde un cómodo sillón?

La sociedad no se queda atrás. Miles de personas esparcen su odio contra el niño muerto y su familia en las redes, desde realidades completamente distintas. ¿Por qué no pensar que la desigualdad es la principal causa de la inseguridad reinante en Tucumán? Y más aún en menores que son bombardeados permanentemente por el marketing creador de estereotipos y por la publicidad que inventa necesidades nimias como la pilcha o el celular último modelo. ¿Puede la frustración que provoca la desigualdad conducir a adicciones? ¿Y el delirio de grandeza de quienes gozan de una calidad de vida más cómoda? ¿Es ilógico suponer que ciertas actitudes clasistas generan el odio que desemboca en segregación y violencia delictiva? Quizás todo es parte de todo, o no. Y, más allá de pretender hallar la respuesta acertada, realmente cabe preguntarse si la muerte de un niño es motivo de festejo, o su difamación un “respiro político”.

Mientras muchos demandan sangre por sangre, y hasta la reencarnación del Malevo Ferreyra, hay quienes se animan a resucitar al fantasma de la baja de la edad de imputabilidad para encarcelar a menores en conflicto con la ley, niños y adolescentes sumidos en la droga y otros vicios que salen a las calles a robar para equiparar la balanza. Sin embargo, Tucumán no goza de un sistema penitenciario que garantice la reinserción a la sociedad. Entonces, ¿cómo se puede pretender que la cárcel sea una solución? No se puede negar la realidad, la situación es preocupante y la gente está harta de ser asaltada en las calles, y hasta en sus propios hogares. La Justicia insuficiente y su sistema precario impiden trabar la denominada “puerta giratoria” a delincuentes con frondoso prontuario, que circulan impunemente por toda la provincia. ¿Qué ha hecho el señor Estado durante 15 años para modificar esta realidad? ¿Quién es el irresponsable ahora? La muerte de Facundo Ferreira tiene más de un responsable.