Los recursos de los legisladores tucumanos, en la mira
ROSCA LEGISLATIVA
El bussismo presentó un proyecto que apunta a la “austeridad y reducción de gasto político”. Jaldo dijo que la Legislatura está “achicando gastos”, y recordó que se incrementaron las erogaciones salariales por el pago de la cláusula gatillo. El viernes juran tres nuevos legisladores y se espera una sesión caliente.
El viernes 22 de noviembre sesionará por primera vez la nueva conformación de la Honorable Legislatura de Tucumán, y una de sus prioridades hasta fin de año será la aprobación del Presupuesto 2020 de la provincia de Tucumán. El vicegobernador Osvaldo Jaldo detalló que el mismo asciende a 156 mil millones de pesos, y que no se tratará en esta sesión, pero sí “los últimos días de noviembre o primeros días de diciembre”.
La comisión de Labor Parlamentaria confirmó el llamado a sesión para este viernes, donde, según adelantó Jaldo, se tratarán entre otros temas la prórroga de la Ley de Emergencia, el decreto del Poder Ejecutivo para la compra de armamento para la Policía de Tucumán a Israel y que el tratamiento del Presupuesto 2020 quedará para las próximas sesiones.
Además, se tomará juramento en la Cámara a Eduardo Bourlé, Carlos Assán y Juan Luis Fernández; se elegirán los representantes de la Legislatura en el Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán; un Decreto de Necesidad y Urgencia para la provisión de fondos al Instituto de la Vivienda a fin de finalizar las obras inconclusas en la provincia; la comisión de Hacienda y Presupuesto resolvió que llegue al recinto el convenio que firmó la Provincia de Tucumán con el Banco Macro S.A., que autoriza al Gobierno a tomar un préstamo por tramos y siempre de acuerdo a las necesidades presupuestarias del Estado.
A través de las redes sociales, el legislador Ricardo Bussi anunció la presentación de un proyecto de “Ley de Transparencia, Austeridad y Reducción de Gasto Político” que apunta a “ajustar el gasto legislativo” y que advirtió es el primero “de una serie que vendrán”. Semanas atrás, un informe de la Fundación Libertad señaló que cada uno de los legisladores tucumanos le cuesta al estado más de 85 millones de pesos anuales.
Consultado sobre la “voluntad” de “achicar el gasto político”, Jaldo remarcó que “lo estamos haciendo”, y explicó que por el pago de la cláusula gatillo “en dos años las planillas del gobierno de la provincia de Tucumán, del Poder Legislativo, del Poder Judicial a valores constantes de personal se han duplicado” por lo que “se aplicó una actualización de incrementos salariales por arriba del 100%”.
El vicegobernador advirtió que en 2018 el pago de la cláusula gatilla significó un incremento salarial un 49% superior y que este año estará en el orden del 50% “porque lamentablemente el gobierno nacional que finaliza el 10 de diciembre no ha podido controlar las variables macroeconómicas, una de ellas la inflación”. “No hay dudas que los gastos han crecido”, admitió, pero denunció que “los recursos, los ingresos coparticipables, están viniendo por debajo de la inflación”.
El vicegobernador recalcó que ante esta situación “hay que hacer un esfuerzo presupuestario y financiero y más que nunca hay que recurrir a la austeridad y eliminación de todos aquellos gastos que sean superfluos e innecesarios o aquellos que se puedan posponer para una fecha futura”, y que “en esto estamos trabajando en el Poder Ejecutivo y la Legislatura”.
Proyecto bussista
La iniciativa presentada por el Bloque de Fuerza Republicana plantea que “el porcentaje de gastos asignados al personal de bloques políticos no podrá ser mayor al 40% del Presupuesto asignado al personal de la cámara -transitorio y permanente-“y solicita que “el listado del número de personal y presupuesto de cada legislador será publicado en el sitio web de la Honorable Legislatura de Tucumán”.
Además, demanda “equidad” en el “presupuesto para personal de bloque”, es decir igual cantidad de contrataciones para los 49 legisladores, más allá de los cargos que desempeñen en la cámara, es decir que sean “autoridades de la cámara, de comisiones o de bloque”. También apunta al “congelamiento” del presupuesto asignado a cada legislador y que las circunctancias extraordinarias como inflación o paritarias “deberá ser aprobado por dos tercios de la cámara” y “solo podrán aplicarse de manera equitativa entre los 49 legisladores”.
El bussismo apunta además contra los “gastos superfluos” y propone la eliminación de los “gastos de telefonía celular, viáticos, viajes, vehículos oficiales, choferes, etc. no siendo taxativa la presente enumeración”. Esto apunta directamente contra los privilegios que otorgan los cargos de mayor preponderancia en el poder Legislativo.
Para finalizar, sugiere que “toda asignación, subsidio o ayuda económica que sea requerido por instituciones u organizaciones intermedias será solicitada por las mismas directamente ante la HLT y no a través de los señores Legisladores” y que todas las resoluciones internas de la Legislatura se publiquen en su página web.
Encumbrados dirigentes que conocen los pasillos de la Legislatura atinaron a recordar la polémica por la presunta nómina de 77 contratos en la Municipalidad que gestionó durante sus cuatro años como concejal capitalino. Sobre el gasto legislativo, recordaron que se produjo una erogación importante en la implementación del boleto gratuito para hasta 70 mil estudiantes tucumanos y que cuesta hasta 500 millones de pesos al año.
No obstante, se espera que el proyecto no sea mal recibido por el bloque oficialista, y hasta hay entusiasmo de profundizar el ajuste legislativo que anuncio el vicegobernador, en sintonía con la austeridad que profesa el presidente electo Alberto Fernández.
