Críticas al “enroque” entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema

JUDICIALES

Marcelo Billone, presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, cuestionó al gobernador Juan Manzur por postular a su fiscal de Estado para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia. Pide trabajar para que "la sociedad vuelva a confiar en la Justicia" y propone un “decreto de autolimitación” como hicieran Ramón Ortega, José Manuel de la Sota y Néstor Kirchner.

La Corte Suprema de Justicia tras la jura de Daniel Leiva. La foto es de magistradostucuman.com.ar




Este jueves se conoció que el gobernador Juan Manzur designará a la doctora Eleonora Rodríguez Campos, fiscal de Estado de la Provincia, para ocupar la vacante que deja el vocal decano René Goane en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). El presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, Marcelo Billone, cuestionó ese posible “enroque” y el traspaso de funcionarios del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, como ya ocurrió al postular al antecesor de Rodríguez Campos, Daniel Leiva, en el máximo tribunal judicial de la provincia.

“Mis objeciones no se dirigen a la persona propuesta, sino a la tradición de facilitar estos enroques que lastiman la independencia del Poder Judicial y afectan por tanto, uno de los pilares del sistema republicano de gobierno, aun si se tratase de una persona de sobrados méritos profesionales y académicos”, remarcó Billone en diálogo con eltucumano. En ese sentido subrayó que posee “las mejores referencias personales de Eleonora, era uno de los mejores promedios de su promoción y tiene título universitario de Especialista en Derecho Administrativo”.

Billone advirtió que “esta es la segunda oportunidad que desperdicia el gobernador Juan Manzur de hacer un guiño a la sociedad para que recupere la necesaria e imprescindible confianza en Poder Judicial”. “Cuando falleció el Dr. Gandur, el gobernador en lugar de optar por un sistema diferente al que se venía observando por sus predecesores, decidió no privilegiar a una persona independiente, que sea representante de los abogados, con destacada trayectoria, un magistrado de carrera judicial y abandonar así esa mala práctica de optar por el enroque, colocando a una persona de su gabinete en el Poder Judicial”, recordó.

En ese sentido, recalcó que “cuando el gobernador propuso a su fiscal de Estado, Daniel Leiva, eso mereció nuestra crítica que apunta no a la persona sino a la modalidad, el enroque, ya que origina necesarias sospechas”. “La sociedad dice ´esta persona es el abogado del Estado y responde a intereses de gobernador de turno, no puede saltar a Poder Judicial donde hace a la decencia de la magistratura y la  imparcialidad´”, enfatizó.

Ante esta situación, el titular del Colegio de Abogados de Tucumán plantea que “la solución viene de la mano de un decreto de autolimitación” y recordó que “hay antecedentes de medidas similares en el Poder Ejecutivo nacional, cuando Néstor Kirchner dictó en 2003 un decreto estableciendo pautas a las que se prometía sujetar para proponer la cobertura de vacantes”.

“Eso permitió que la Corte Suprema de Justicia recupere su prestigio tan lesionado en el menemismo cuando se hablaba de la ´mayoría automática´. En aquel entonces creyó necesario incluir pautas de objetividad que asegurasen la llegada de magistrados intachables que realzaran la alicaída de la Justicia. Ese es un buen ejemplo que funcionó muy bien”, apuntó. 

Billone arremetió contra Manzur al señalar que “poner en manifiesto un decreto de autolimitación no es algo imposible de concretar, lo hizo Néstor Kirchner a nivel nacional, pero también a nivel local lo hizo el gobernador Ramón Ortega en el año 93’, siendo su Ministro de Gobierno el doctor Falú y siendo secretario de Gobierno el doctor Edmundo Jiménez, actual ministro fiscal”.

“Ortega creó un Consejo Asesor de la Magistratura, no este actual CAM, que se dictó con motivo de la reforma constitucional. Mediante un decreto, Ortega constituyo aquel CAM integrado por representante del Colegio de Abogados, de la Corte y de la Facultad de Derecho de UNT: este organismo tuvo la responsabilidad de cubrir más de 150 lugares en la Justicia tucumana”, evocó. Además, destacó que en aquel entonces “teníamos presente que la provincia había sido intervenido y había que cubrir cargos en propiedad. Un dato relevante es que de esa cantidad de nombres propuestos, el gobernador respetó casi la totalidad cuando el aconsejamiento no era vinculante, y sólo tres de los propuestas por Ortega no integraban la lista elaborada por el CAM”.

De igual manera, Billone indicó que el exgobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, “dictó también un decreto autolimitándose en su ejercicio de facultades y disponiendo que en aquellos aconsejamientos del CAM cordobés para la cobertura de vacantes se obligara a respetar el orden de mérito”.

“La sociedad esperan que en algún momento se termine esta costumbre de escoger los postulantes a vacantes de la Corte Suprema de aquellos que integran el gabinete de Poder Ejecutivo. El plazo dentro del cual alguien que se desempeña en el gabinete del Poder Ejecutivo, como secretario de Estado o ministro, no podría sin más pasar a la Corte no debiera ser menor a un año, y menos a una instancia como la Corte Suprema de Justicia es cuanto menos inconveniente. Un gobernador puede autolimitarse en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales cuando un fin superior así lo requiere: ese fin es que la sociedad vuelva a confiar en una institución”, acentuó.

Críticas al Poder Legislativo

“Hoy la sociedad no confía en la Justicia y el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen responsabilidad en ello”, arremetió Billone, y puntualizó que “hay leyes de la Legislatura que han tenido como objetivo central acrecentar los poderes del ministros Fiscal y del ministro Pupilar y de Defensa, permitiendo la designación de auxiliares de fiscal y defensores a sabiendas de que el artículo 3 de la Constitución provincial impide la delegación de facultades y a sabiendas que para esas funciones se requiere sortear exitosamente el procedimiento previsto por el CAM que supone superar las instancias del examen de oposición, análisis de antecedentes y entrevista".

“Se está violentando el proceso de designación y personas que no pasan por ese tamiz acceden a función semejante como la que cumplen un fiscal y defensor, elegidos de modo anticonstitucional”, indicó.

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