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Tucumán adherirá a la Ley Micaela

NI UNA MENOS

La normativa vigente a nivel nacional establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los tres poderes del Estado.

Ley Micaela. Créditos: InfoCielo





La comisión de labor parlamentaria de la Legislatura de Tucumán dio dictamen unánime al proyecto que establece la adhesión provincial a la Ley 27.499, conocida como la Ley Micaela, que establece la obligatoriedad de realizar capacitaciones en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que desempeñan la función pública en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  Será tratada en la sesión del próximo jueves junto con los pliegos de jueces designados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en la Justicia.

“La adhesión a la Ley Micaela representa una herramienta importantísima, damos un paso adelante en materia de capacitación y sensibilización de todos los funcionarios públicos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial”, destacó Stella Maris Córdoba, una de las impulsoras del proyecto de adhesión a la Ley 27.499, cuya aplicación estaría en principio en la órbita de la Secretaría de la Mujer.

La legisladora recalcó en diálogo con eltucumano.com que desde la Comisión de Derechos de la Mujer “también analizamos la posibilidad de jerarquizar la Secretaría de la Mujer”. “Como mujer que defiende la igualdad de derechos, la no discriminación y la lucha contra la violencia contra las mujeres es importante la adhesión a la Ley Micaela, que plantea la incorporación de la perspectiva de género y no violencia contra las mujeres en la capacitación de agentes del estado, dos temáticas fundamentales para la administración pública”, enfatizó.


Córdoba advirtió que esta normativa implica el reconocimiento de todos los tratados internacionales y protocolos vigentes en materia de género, y subrayó que “la capacitación y sensibilización de los funcionarios judiciales es crucial en Tucumán”, a la vez que valoró que “se está trabajando desde la Corte en materia de género, a través del Observatorio de Violencia contra Mujer en el Poder Judicial”.

“Su obligatoriedad para todos los poderes y el monitoreo permanente permitirá avanzar para cometer menos errores y que las mujeres están más protegidas. La Ley nacional brinda mecanismos establecidos que implican la obligación de hacer evaluaciones permanentes. Es importante concientizar y prevenir: cuando la violencia llega a la Justicia es porque ya se manifestó”, analizó. En el caso de los trabajadores judiciales ponderó la importancia de que “no haya acción equivocada que pueda provocar desprotección y violencia a las víctimas”.

“Lo más importante en todas las leyes que refieren a nuestros derechos es lograr modificar esos patrones culturales que generan estereotipos sobre rol de la mujer y el hombre. La raíz empieza por ahí y como formamos en sociedad a nuestros niños y las impresiones que les quedan desde su formación en su casa, en la escuela y en todos los ámbitos, para no llegar a la adolescencia y adultez con criterios equivocados sobre la relación de poder entre hombres y mujeres”, recalcó la parlamentaria.

En ese sentido, insistió en que “todas estas leyes sirven para mejorar la situación de convivencia, evitar todo tipo de violencia y discriminación. Los adultos ya hemos crecido con patrones equivocados y estereotipos en base a esos patrones, las capacitaciones vienen a otorgar la posibilidad de conocer conceptos que como adultos no pudo adquirir en otros ámbitos”.

“Es importante destacar que esta ley cuando fue tratada en el Senado y fue aprobada por unanimidad, mientras que en diputados se aprobó con 171 votos y uno en contra. En Tucumán el dictamen de la Comisión de Derechos de Mujer contó con el aval de todas las fuerzas políticas. La próxima semana tenemos sesión de la Legislatura, la adhesión a la Ley Micaela ya está introducida en la orden del día y será aprobada”, concluyó.

Sobre Micaela García*


"El 7 de abril fue encontrada muerta Micaela García, joven, estudiante, hija, militante, a quien la comunidad de Gualeguay y Concepción del Uruguay en Entre Ríos buscó denodadamente una semana entera. Micaela fue víctima de femicidio.


Una joven mujer con cientos de proyectos, con una vida que abrazaba a su comunidad, con compromiso por los derechos humanos, con compromiso con la realidad que la rodeaba, con compromiso con el valor de la vida".


¿Qué establece la Ley Micaela?


Estipula la capacitación obligatoria a los Tres Poderes del Estado Nacional en la temática de género y violencia contra las mujeres.


Comprende a todas las personas que se desempeñan en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, en todos sus niveles y jerarquías.
Permite cumplir con las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en materia de Derechos Humanos y Derechos de las Mujeres.


Designa al INAM como autoridad de aplicación de la Ley y lo nombra como el organismo encargado de brindar las capacitaciones a las máximas autoridades.


En cada uno de los organismos estatales, las distintas oficinas de capacitación podrán contar con asistencia y colaboración por parte del INAM. Para ello se ha desarrollado una Guía de ORIENTACIONES PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS DE CAPACITACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY MICAELA disponible para todo tipo de organizaciones.

Fomenta a que las oficinas de capacitación de cada organismo llevarán adelante la construcción de materiales y programas nuevos, o podrán adaptar los existentes, de acuerdo a la normativa establecida por "las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país”.


El INAM controlará la calidad de esos materiales y las capacitaciones deberán estar en funcionamiento dentro del año de puesta en vigencia de la ley (10 de enero de 2019) en sintonía con el cumplimiento la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Propone la participación de las áreas, programas u oficinas de género, y las organizaciones sindicales como responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones.


Invita a que los estados provinciales y la CABA adhieran a la misma.


Cada jurisdicción deberá establecer en su reglamentación y designar al órgano de aplicación.

*argentina.gob.ar