De Tucumán a México: Cómo se convirtió Lucía en símbolo

Me encuentro en la Ciudad de México (CDMX) por estudios. Aquí, cada vez que conozco gente me dicen “no hablas como argentino”, a lo que le sigue mi aclaración de que no soy porteño, sino, tucumano. La metonimia de asociar el acento capitalino a todo el país lo convierte en un símbolo de la “argentinidad” en el extranjero. Lo mismo pasa con Maradona y el asado.

Cuando cuento a mis conocidos en la CDMX que vengo de un lugar llamado Tucumán, no nos ubican en el mapa. Es ahí cuando nombro a Mercedes Sosa y luego viene un “Ahh ¡Ahora sí!”. La Mecha es un símbolo nacional y de nuestra “tucumanidad”. Pero hay otro nombre tucumano con resonancia internacional en el último tiempo: “Lucía”.

El caso de la niña de 11 años violada y embarazada por su abuelastro llegó a los medios internacionales. No solamente por ese hecho aberrante, sino también por las dilaciones que sufrió Lucía por parte del Estado para que se le practicara la interrupción legal del embarazo (ILE). El Guardian británico tituló “Niña de 11 años da a luz el bebé de un violador, luego de que Argentina dijera no a la legalización del aborto” y agregó en la bajada que las autoridades ignoraron la súplica de la niña de “saquen lo que el viejo me metió”. En México, la noticia no estuvo en los medios mainstream (hegemónicos) sino que se compartió en redes sociales, ese espacio que –todavía- tiene algo de subalterno.

Las redes hablan de la nena violada y obligada a parir “en Argentina”. Así, el caso trajo nuevas asociaciones a la “argentinidad”. El nombre Lucía, aunque significante ficticio, se convirtió en significado de la durísima realidad que enfrentan niñas y mujeres en nuestro país y en Tucumán, provincia declarada “pro-vida” por la legislatura en agosto de 2018.

Edurne Cárdenas, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) indicó a este diario que el Estado vulneró a Lucía desde la exposición de la historia clínica por el sistema de salud, pasando por la fiscal Giannoni en su intervención ilegítima y el amedrentamiento a los profesionales hospitalarios, hasta agentes no estatales - pero con mucho poder - como el Arzobispo que divulgó su nombre real. “El Estado nacional también es responsable, porque debe velar por el cumplimiento de los derechos en todas las provincias” agregó.

No pude evitar preguntarme cuál es la situación en México con respecto al aborto y qué similitudes y diferencias encontramos entre nuestro pequeño Tucumán y la CDMX, una mega urbe de 9 millones de habitantes (22 M si incluimos el área metropolitana).

Actualmente, 3 propuestas para que el aborto sea legal en todo el territorio mexicano esperan en el Senado. La CDMX es el único de los 32 estados en donde se puede interrumpir el embarazo de forma segura, antes de la semana 12 de gestación. En el resto del país, una mujer puede solicitarlo si se acredita que su vida está en riesgo y/o que fue violada. Esto último les resulta muy difícil de probar a las mexicanas, según relata a EL TUCUMANO Isabella Cota, periodista local especializada en derechos humanos de las mujeres.

Olga Sánchez Cordero, ex Ministra de la Corte Suprema de Justicia y la primera mujer Secretaria de la Gobernación en México (en su equivalente argentino sería un “superministro”, que combina las funciones del Ministro del Interior con las del Jefe de Gabinete de Ministros), expresó que “penalizar el aborto es criminalizar a la mujer”.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (conocido por las siglas AMLO) dijo recientemente “soy dueño de mi silencio” y agregó que “si después el caso lo amerita, pues entonces veríamos la forma de atenderlo, y siempre cuando hay discrepancias, lo mejor es la democracia”. Esto último podría interpretarse como su voluntad de someter el tema del aborto a plebiscito, como había indicado durante su campaña.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México murieron 624 mujeres a causa de abortos ilegales entre 2002 y 2016, aunque la categoría estadística deja afuera las muertes derivadas de complicaciones como hemorragias e infecciones ni tiene en cuenta los casos no reportados, en un país con 61 millones de mujeres. Un panorama que sí parece “ameritar el caso”.

En el estado norteño de Sonora, al menos 85 personas de entre 19 y 35 años fueron investigadas por haberse realizado un aborto o haber participado en uno, desde 2008, según la Fiscalía General de Justicia del Estado. Su Código Penal es el más severo en México con penas de 1 a 6 años de cárcel por practicar(se) un aborto, mientras que en otros estados como Michoacán la sanción consiste en una multa y en la CDMX es legal.

De acuerdo con el informe “Maternidad o Castigo”, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), entre 2007 y 2016 al menos 1 persona por día fue denunciada por aborto en México. En el mismo tiempo, 228 personas fueron sentenciadas en todo el país.

El 6 de marzo, el Congreso de Nuevo León (estado que limita con los Estados Unidos por medio del Río Bravo y cuya capital es Monterrey) aprobó una reforma a su Constitución para “reconocer el derecho a la vida desde la concepción”. Esto contraviene lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha confirmado que no es procedente otorgar el estatus de persona al embrión, aseveró la Comisión Estatal de DDHH de Nuevo León.

Evelia Mutul tiene 38 años y pertenece a la etnia Maya. Lleva casi 10 años presa por perder un embarazo producto de una violación. El 19 de julio de 2009 sufrió una hemorragia saliendo de misa en el pequeño pueblo de Tixméhuac (Yucatán), una vez en el hospital, parió un bebé que nació vivo pero que murió a la media hora. Evelia asegura que, hasta ese día, desconocía que llevaba siete meses de gestación, informó El País.

Durante el proceso judicial que la condenó, Evelia, que no hablaba español, no tuvo un traductor. La fiscalía la forzó a firmar un papel escrito en castellano con su confesión. En agosto de este año cumplirá con su condena.

El 17 de febrero de 2015, Dafne McPherson se sintió mal en su trabajo en San Juan del Río, Querétaro, donde tuvo un parto fortuito que le causó un desmayo por hemorragia, en el baño. Hasta ese momento, Dafne no supo que estaba embarazada, por padecer síndrome de ovario poliquístico. La tienda donde trabajaba no permitió el acceso a la Cruz Roja y la bebé prematura murió ahogada en el inodoro.

Dafne (que ya tenía una hija de 8 años en ese momento) fue acusada de homicidio doloso y condenada a 16 años de prisión. Después de pasar 3 años presa, la Corte de Querétaro la absolvió en enero por considerar que “pedir que una mujer sepa cómo reaccionar frente a una situación de un parto fortuito es un estereotipo de género”.

 Se estima que otras 700 mujeres en México se encuentran presas por situaciones similares, según BBC Mundo.

¿Te suenan estas problemáticas?

El 21 de marzo de 2014 “Belén” fue con su madre a la guardia del hospital Nicolás Avellaneda por dolores de cólicos sin saber que estaba embarazada. Ante una hemorragia, la trasladaron a la sala de parto y cuando despertó de la anestesia se encontró con un policía mirando su vagina. “Después un enfermero me dice, ‘éste es tu hijo, mirá lo que hiciste, hija de puta’”, relató.

Belén estuvo presa casi 2 años y medio acusada de “aborto seguido de presunto homicidio”, figura legal inexistente, por el entonces fiscal Washington Navarro, actual Ministro de la Defensa (el jefe de defensores oficiales, que defienden a quienes no tienen recursos para contratar un abogado particular, es decir, a los grupos más vulnerables).

En abril de 2016, los vocales de la Sala III de la Cámara Penal, Dante Ibáñez, Néstor Macoritto y Fabián Fradejas, sentenciaron a Belén a 8 años de prisión por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

En marzo de 2017, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán la absolvió por unanimidad. Dentro del fallo de 88 páginas, el vocal Daniel Posse (actual presidente de la CSJT) encuentra una novedad: a fojas 145 del expediente penal, una nota del Dr.

Diego Silberstein (asesor letrado del hospital Avellaneda) pidiendo disculpas por cometer un “error involuntario” al informar a la fiscalía que allí estaba el feto producto de Belén. Cuando el forense se presentó en el hospital para tomar la muestra de ADN, le dijeron que ese no era el feto en cuestión, sino otro.

Según el juez supremo, la confusión de fetos indica que no era exacto que hubiese solamente uno [la cámara penal justificó la falta del estudio de ADN argumentando que solamente Belén tuvo un parto el mismo día en que apareció 1 sólo feto muerto en un baño del Avellaneda] y advierte que “lo más lamentable del caso no es ‘el error involuntario’ sino que el Fiscal no ahondó en absoluto en requerir una mínima explicación sobre la esencia y causa del equívoco para despejar cualquier duda sobre identidad de los bebés”. Posse señala que si no se practicó el estudio de ADN fue por una “evidente y grosera falencia”.

La conclusión del juez de alzada es que Belén fue víctima de violencia institucional y de género. El prejuicio de considerar culpable a Belén estuvo desde el inicio en el equipo de salud y se la persiguió durante todo el proceso judicial, afirmó Posse.

Cuba, Uruguay, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico son los únicos países en donde es legal abortar en las primeras semanas de gestación, según el informe del Centro para Derechos Reproductivos de las Naciones Unidas. Paraguay, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica y Belice despenalizan el aborto en caso de que la vida o la salud de la embarazada se vean comprometidas.

Grupo en el que se podría incluir a Argentina, en donde sólo se permite la interrupción del embarazo si está en peligro la vida de la madre, si fue producto de una violación y si la mujer es “idiota o demente”, como todavía reza nuestro Código Penal. México se agruparía aquí, con la excepción de su capital.

El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití prohíben, sin excepciones, la interrupción voluntaria del embarazo.

El Programa Nacional De Educación Sexual Integral (ESI) de 2006 establece que todos los estudiantes tienen derecho a recibir esta educación, tanto en escuelas públicas como privadas de todo el país y que es responsabilidad no sólo de las escuelas, sino también de los padres ayudar a formar la sexualidad del niño, niña y adolescente.

En Tucumán no termina de estar claro qué se hace con respecto a la educación sexual. El tema queda a criterio de cada establecimiento educativo y la enseñanza religiosa parece interferir en el asunto. Recientemente, el Ministro de Educación de la provincia presentó resultados en evaluaciones de Lengua (70,2%) y Matemáticas (51,1%) de las Pruebas Aprender 2018. En cuanto a educación sexual, silencio de radio. Las autoridades de dicho ministerio no respondieron ante las reiteradas consultas para conocer los resultados en esa materia, en una provincia con altos índices de embarazo adolescente.

Tucumán cuenta, desde 2010, con la Ley Provincial de Educación n° 8391. En su artículo 9°, inciso 13, dispone “incorporar a la propuesta educativa institucional la educación sexual integral, articulando los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Cada comunidad educativa, en la elaboración de su proyecto institucional, adaptará las propuestas a su realidad sociocultural, respetando el ideario institucional y las convicciones de sus miembros, conforme a lo establecido por la Ley de Educación Sexual Integral”. Es decir que no es necesaria una nueva adhesión a la ESI para dar estos contenidos en las escuelas tucumanas.

“La educación sexual integral impactaría en casos como los de Belén y Lucía, porque se promueve que los chicos y chicas fortalezcan sus derechos y su capacidad de denuncia, y porque está probado que mejora sus condiciones de vida. No es casual que existan estos casos en lugares donde no se implementa la ESI” indicó Cárdenas.

Es importante destacar que cuando no se enseña sobre sexualidad en las escuelas y en los hogares, esos espacios vacíos que dejan los tabúes son llenados por la pornografía en internet, que termina siendo la sexóloga –sin filtros- de niños, niñas y adolescentes.

En esta tucumanidad, es responsabilidad de todos trabajar para que no haya más Lucías y Belenes que sufran, y sí más Mercedes que canten.