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Apriete de Giannoni a médicos dilató la interrupción legal del embarazo a "Lucía"

VIOLENCIA INSTITUCIONAL

Dos semanas antes de la cesárea, la fiscal advirtió a los médicos del Hospital del Este que trataría como un homicidio la muerte de la víctima de violación o de su feto como consecuencia de una eventual intervención quirúrgica. Denuncia penal de una diputada nacional por abuso de autoridad.

Adriana Giannoni, fiscal de Homicidios.





Este jueves se dio a conocer un oficio judicial labrado por la fical de Homicidios Adriana Giannoni a los fines de advertir a los médicos que debían realizar la intervención a "Lucía", la nena de 11 años internada por un embarazo producto de una violación, ante la "comisión de un posible delito". El documento fue presentado por mesa de entrada del centro de atención el 11 de febrero, dos semanas antes de realizar la intervención por pedido formal de la familia de la víctima, patrocinada por organismos de derechos humanos.

A raíz de las demoras en el caso, surgieron interrogantes sobre quiénes fueron las partes que responsables que impidieron garantizar el derecho de acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) -establecida en el Código Penal argentino- a la menor, que finalmente fue sometida a una cesárea en las últimas horas del 26 de febrero para extraer a la neonata, ante la imposibilidad de interrumpir el embarazo por vía genital debido a las características físicas de la paciente y al estado de gestación avanzado.

Giannoni quedó en la mira luego de que la ministra de Salud de la Provincia, Rossana Chahla, expusiera que la funcionara judicial ordenó al personal del Hospital del Este, en donde estaba internada la víctima de 11 años, que se debían preservar los "intereses de los menores involucrados". Su actuación deberá ser investigada por el Ministerio público Fiscal, que preside Edmundo Pirincho jiménez, con quien la fiscal guarda una añeja y estrecha cercanía.


Cómo intervino la Justicia

Por un lado, según indicó el Ministerio Público Fiscal (MPF) a través de un comunicado, por el caso del abuso sexual hay un detenido y  del caso se encarga la Fiscalía de Instrucción Especializada en Delitos Integridad Sexual, a cargo de María del Carmen Reuter

"Desde el momento que se tuvo conocimiento del abuso se tomaron todos los recaudos tendientes a la rápida investigación del hecho. Habiéndose realizado ya todas las medidas investigativas, restando solo los cotejos de ADN para concluir la investigación. Una vez que se completen las pericias biológicas, se realizará el requerimiento correspondiente", indicaron desde el MPF.

También tuvo injerencia en el caso la fiscal que investiga homicidios, Adriana Giannoni, que abrió una causa de oficio y que emitió al menos dos oficios (10 y 11) al Hospital del Este. A dichos instrumentos judiciales se refirió en una entrevista con el programa La Gaceta Play la ministra Chahla. "En el Hospital del Este tenemos dos ginecólogos que no eran objetores de conciencia. Estaban allí y lo primero que dijimos es que debían actuar (hacer la práctica pedida por la niña víctima de un abuso sexual). En este caso concreto, por una situación judicial que daba la orden de no interrumpir (el embarazo), los médicos no objetores de conciencia desistieron de hacer la operación", indicó la funcionaria. "La fiscala Giannoni dio la orden al hospital de que continúe con el control del embarazo. Está todo documentado", precisó.

Efectivamente, en uno de los oficios de Giannoni que se conoció este sábado, la Fiscal se dirigió a directora del Hospital del Este, Elizabeth Ávila para ordenar que le informara a sus subordinados sobre las "obligaciones inherentes a su desempeño a tenor de lo previsto en la Ley provincial 6.518". En ese sentido, mandó a ordenar de inmediato al Ministro Pupilar "y a las autoridades estatales encargadas de la protección al menor a los fines de que tomen medidas pertinentes para proteger la salud y bienes de esos menores”. Además, y en negritas, señala: "El ámbito de aplicación subjetiva de la presente Ley será toda persona desde la concepción hasta los dieciocho (18) años de edad”.

El Oficio 10/2019 lleva el membrete del “Ministerio Público Fiscal. Fiscalía Penal de Instrucción Especializada en Homicidios N°2” en el encabezado y está dirigido a la directora del Eva Perón. Sobre el final, el documento incluye la advertencia: "Bajo apercibimiento de incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público a tenor de lo prebisto en las normas citadas"

Posteriormente, el 25 de febrero, la madre de Lucía y la menor presentaron por escrito el pedido para la interrupción del embarazo de la víctima. El Hospital del Este elevó esa petición a la jueza Valeria Brand y esta, giró la solicitud al titular del Sistema Provincial de Salud (Siprosa).  Sobre el final del 26 de febrero, se realizó la intervención, a cargo de los médicos Cecilio Ousset y José Gijena.

A raíz de las declaraciones de la ministra Chahla, el MPF aclaró: "Es dable destacar, que ninguna fiscalía de este Ministerio Público emitió orden judicial de no interrupción del embarazo de la menor". "A través del oficio Nº 11 del expediente 25/8, la doctora Adriana Giannoni procedió a comunicarles al Director del SI.PROS.SA que están vigentes las leyes provinciales 8293 y 6518 que protegen la vida, integridad y salud de todo Niño, Niña y adolescente y que estos derechos están consagrados en los artículos 40 inciso 1 y 4, y 146 de la Constitución de la provincia", indicó el MPF sin referirse al oficio 10.




Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán aclaró que "Brand tomó intervención diez días atrás". En el comunicado señalaron que la intervención de la magistrada "estuvo y estará centrada en hacer cumplir el Sistema de Protección Integral de NNA (Ley 26.061), con la finalidad de brindar contención y posibilitar soluciones a futuro para la niña, víctima de abuso sexual intrafamiliar". 

"El Juzgado dispuso en las actuaciones que todo lo referido a la realización de esta I.L.E no es materia que deba ser judicializada, por cuanto resulta de competencia, resorte y decisión mèdica, conforme a doctrina del Fallo F.Al de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2013".


Abuso de poder

La diputada nacional Teresita Villavicencio (Evolución Radical) pidió que se investigue formalmente a la fiscal Adriana Gianonni tras los dichos de la ministra de salud, Rossana Chahla.

En la acción judicial, la parlamentaria pidió que se inicie la investigación penal preparatoria por los delitos denunciados y que se cite a Chahla, en calidad de testigo.  En la denuncia presentada por Villavicencio en la fiscalía de turno, expone la "posible comisión del delito de coacción y abuso de autoridad en concurso ideal entre sí". Entre los fundamentos, la parlamentaria indicó que "la orden emitida (por Giannoni) es un acto de violencia institucional". "Resulta patente, público y flagrante en caso de ratificarse los dichos de la ministra de Salud, Dra. Rossana Chahla, que se han utilizado las potestades que la Constitución y la Ley Provincial le reconocen a la denunciada como Fiscal Instructora, para violar la ley y el Bloque de Constitucionalidad en pleno, afectande de manera efectiva y actual los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento penal, por lo que solicito de curso a la respectiva denuncia, iniciando el proceso de la investigación penal preparatoria", indicó la diputada, representada por el abogado Marcelo Santamarina.

Al ser consultada sobre el porqué de la denuncia penal en vez de un juicio político, Villavicencio respondió en Twitter: "Entiendo que se debe probar la comisión del delito. La composición de la Legislatura, con amplia mayoría del peronismo, rechazará automáticamente un pedido de Juicio Político".

Denuncia de la diputada nacional Teresita Villavicencio.-