Solicitan que la Justicia respete la voluntad de la niña víctima de violación
comunicado
Cladem y Andhes realizaron una presentación ante la jueza de familia Valeria Brand mediante el cual insta al poder judicial local a "contemplar los estándares mínimos de protección de Derechos Humanos para Niñas, Niños y Adolescentes".
La niña se encuentra internada en el Hospital del Este.
Las organizaciones CLADEM (Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) y ANDHES (Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y estudios sociales), presentaron este viernes un Amicus Curiae (“Amigos del Tribunal”) para que se respeten los derechos de la niña tucumana embarazada tras una violación.
La solicitud realizada busca que a la jueza de familia de la Quinta Nominación del Poder Judicial de Tucumán, Valeria Brand, ordene al Estado "que respete la voluntad de interrumpir el embarazo de una niña de 11 años violada y embarazada internada actualmente en el Hospital del Este de la Provincia".
El comunicado completo:
A través de un Amicus Curiae (“Amigos del Tribunal”) presentado el 22 de febrero de 2019, Andhes y Cladem solicitaron a la la jueza de familia de la Quinta Nominación del Poder Judicial de Tucumán Dra. Valeria Brand ordene al Estado que respete la voluntad de interrumpir el embarazo de una niña de 11 años violada y embarazada internada actualmente en el Hospital del Este de la Provincia.
El escrito insta al poder judicial local a contemplar los estándares mínimos de protección de Derechos Humanos para Niñas, Niños y Adolescentes y observar los estándares internacionales de derechos humanos que establecen que obligar a las niñas, jóvenes y mujeres a llevar a término un embarazo producto de una agresión sexual, viola de manera directa la integridad personal, social, sexual y existencial de las víctimas, así como los derechos a la autonomía reproductiva.Además se recomienda, en primer lugar que se cumpla de forma urgente con el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Y se considere el derecho de la niña a ser escuchada y que su opinión sea tenida en cuenta ya que es de público conocimiento que ella ha manifestado en reiteradas oportunidades su voluntad de practicarse una ILE y que existe una negativa injustificada de sus padres, tutores o encargados de acompañar la decisión de la niña. El derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes, es un valor fundamental y constituye uno de los cuatro principios que rigen en materia de niñez.En segundo lugar se recomienda poner en funcionamiento el “Protocolo interinstitucional para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual infantil o violencia” ya que se ha tomado conocimiento de la no intervención del equipo interdisciplinario en este caso.Preocupa enormemente a estas organizaciones la situación a la que fue expuesta la niña y las presiones actuales que está recibiendo respecto a continuar con el embarazo producto de una violación, en contra de sus deseos y manifestaciones, como así también el riesgo que corre la vida de la niña al permitir el avance del embarazo en curso. Entendemos que es fundamental que el Poder Judicial tome en cuenta las consideraciones desarrolladas y garantice la plena vigencia de los derechos de la niña.Por último, las organizaciones exigen al Estado y al Poder Judicial que garanticen los derechos de la niña - a la salud, a la educación, a ser oída y que se tome en cuenta su opinión, a la vida - y que no se la obligue a llevar adelante una maternidad forzada.
Los hechos
A comienzos de febrero la madre de la menor denunció en la Unidad Regional Este que su hija fue abusada por la pareja de su abuela. Los hechos, según la denuncia, ocurrieron en una localidad del interior provincial. La niña actualmente lleva 16 semanas de gestación y está internada en un Hospital del sistema público de salud, bajo la supervisión de profesionales.
Paralelamente, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de María del Carmen Reuter, intervino en el caso y mandó a detener al sospechoso, que es empleado público de la comuna donde reside.
