Revés judicial para los propietarios de planes de ahorro

El Juzgado Federal Número I a cargo del juez Daniel Bejas rechazó el amparo colectivo de los propietarios de planes de ahorros presentado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia y Federación de Organizaciones en Defensa de los Consumidores y Usuarios (FODECUS), en contra de los fuertes incrementos en las cuotas de los vehículos.

la resolución presentada, explica que la representación colectiva es errónea ya que cada caso es considerado diferente, por lo que se decide “rechazar la medida cautelar” presentada el año pasado.

Cristian Cabrera, uno de los 4.800 damnificados, explicó que tras conocer el revés de la Justicia Federal, se continúan buscando nuevas formas para tratar de encontrar una solución al conflicto. “Tras la resolución del juez Bejas, presentamos denuncias individuales, algo que no todos pueden ya que no todos pueden costear un abogado. Si algunos no pueden pagar las cuotas, menos los servicios de una abogado”, se quejó uno de los referente de los afectados, que es su caso particular pasó de pagar $3.500 a $14.000 tras la última devaluación.

“Las concesionarias dicen que el aumento lo ponen las fábricas y nos dicen que las denunciemos. Cuando una va a mediación a la Dirección de Comercio Interior (DCI), dicen que los precios están en dólares cuando el contrato es en pesos y las tasas están atadas a la del Banco Nación”, agregó Cabrera.

La semana pasada los Defensores del Pueblo de la Nación mantuvieron un encuentro en la Dirección General de Justicia (DGJ) para plantear el tema de los planes de ahorro. Los planteos fueron transmitidos a las empresas para que puedan dar respuestas a este reclamo, aunque sin obtener resultados. "Seguimos presentando denuncias a la Defensoría del Pueblo, ya que cuando salga una solución será para los que denunciamos”, señaló Cabrera a eltucumano.com.

Por último, el damnificado contó que junto a Nelson Casanova y  Sergio Argañarás presentarán un proyecto en la Justicia y la Legislatura para que se avance con la creación de un juzgado que se encargue únicamente de las sanciones a las empresas, algo que por el momento se encuentra en un segundo plano para los jueces. “La DCI pone multas a las empresas por nuestras denuncias, pero estas nunca la pagan porque nadie resuelve sobre este tema”, explicó Cabrera.